El presidente, contra la Constitución

La animadversión del Presidente Zapatero por la Constitución de 1978 no es algo nuevo sino una de sus más características señas de identidad política. Por supuesto, será difícil que salga de su boca una sola frase crítica o descalificatoria contra aquel texto, porque otra de sus especialidades es el divorcio total entre palabras y hechos, que para él se mueven en dos planos distintos y sin relación entre ellos. Máximo engañador y avezado mentiroso, expele las patrañas con depurada naturalidad sin alejarse un milímetro de lo que se considera políticamente correcto. Pero sus acciones sólo responden a su inmediato interés y no le sonroja que contradigan abiertamente lo que dice hoy, dijo ayer o dirá mañana. Le cuadra de maravilla aquello de “ni una mala palabra ni una buena acción”. Su inquina contra la Constitución (que la haya “prometido” ya en un montón de ocasiones no le incomoda, por supuesto, lo más mínimo) fue patente desde el primer momento de su peripecia presidencial.

Siempre ha sido perceptible su visión revisionista de la Transición y su nostalgia (?) de una II República de la que –ayuno de un mínimo estudio serio- da toda la impresión de que no tiene más información que la facilitada por algún panfleto propagandístico de izquierda o la procedente de algunas emociones familiares, tan respetables como equívocas. Ese engendro montado en torno a la llamada memoria histórica, cuya vocación gerracivilista y divisiva de la sociedad española es imposible de disimular, es el compendio de esa visión política que, dirigida a la exclusión o eliminación del odiado contrario, no puede esconder su neta querencia totalitaria.

Este sexenio presidencial está cargado de sucesos bochornosos que demuestran la nula calidad democrática de este hombre pero, difícilmente, ninguno tan grave y, a la vez, tan revelador como ese desplante chulesco ante la polémica sentencia del TC. Zapatero no se corta ni un pelo en enmendarle la plana al TC: Le han quitado, inequívocamente, todo valor jurídico al término “nación”, pero él lo consagra de nuevo y avala la pretendida legitimidad de ese concepto de la que sus socios catalanes tampoco se apean. Nunca se había predicado en el desierto, jurídicamente hablando, de una manera tan ostensible en este supuesto Estado de Derecho. También está dispuesto a introducir por la puerta de atrás la institución de un Consejo de Justicia catalán que el TC ha declarado sin tapujos que no cabe en la Constitución. Pero, ¿qué le importa a Zapatero la Constitución? Sus socios catalanes –los de PSC y los otros- están “molestos” y hay que devolverles la “dignidad”. El amplio uso por el TC del método interpretativo demuestra, precisamente, un exquisito cuidado en no herir esa dignidad. Pero cuando lo que impera es ese victimismo enfermizo que hemos podido contemplar en directo con motivo de la famosa manifestación de Montilla y sus cuates es inútil hablar de dignidad. Una palabra ésta, por cierto, que fue siempre, en aquellos años de entreguerras en Europa, una de las que más utilizaron los movimientos fascistas que tanto proliferaron entonces. Había que devolver la dignidad a sus humilladas patrias, ¡Faltaría más! Y el fascismo era la vía más corta.

Cataluña tiene el mayor grado de autogobierno de su historia. Hablo, por supuesto, de la historia real, la que existió de veras, no de la que se han inventado para atiborrar de odio a las mentes de las jóvenes generaciones. Pero a algunos les parece poco. Y ese andaluz convertido en nacionalista catalán que ahora está al frente de aquella región española no tiene inconveniente en decir que si el Estatuto no cabe en la Constitución, tiene que cambiar ésta y no aquél. Pero, ¿no le explicado nadie a este pobre ignorante la primera lección de Derecho que es la de la jerarquía de las normas? ¿Tiene este hombre alguna idea, por remota que sea, de lo que significa el Estado de Derecho? Y ¿qué decir de esos otros genios que afirman que con la sentencia del TC “se ha roto el pacto constitucional”? ¿De qué pacto hablan? La Constitución de 1978 se basó en el amplio consenso de las fuerzas políticas, pero no fue un pacto entre territorios. Ni Cataluña ni ninguna de las otras regiones de España pactaron nada en cuanto tales, sencillamente porque no se trataba de hacer unos Estados Unidos de España sobre la base de soberanías preexistentes. Históricamente –y no sólo porque lo diga la Constitución de 1978- aquí no hay más soberanía que la del pueblo español en su conjunto, ni nadie tiene un presunto “derecho a decidir” separado del que corresponde a la única Nación reconocida -también no sólo por la Constitución, sino por la historia y por la comunidad internacional- que es la Nación española.

Querer pasar por encima de estos hechos incuestionables, siempre, pero especialmente en un momento de profunda crisis institucional y económica como el presente, sólo conduce a esfuerzos baldíos. Nada se va a adelantar sembrando odios entre españoles. Incluidos los que, contra todas las evidencias, se empeñan en negarse a sí mismos esa condición. Como esos, por ejemplo, que rabiaban por el triunfo de la selección nacional y se sentían, de pronto, holandeses. ¡Qué manera de hacer el ridículo! Algunos hablan del anticatalanismo que, seguramente, se ha fomentado entre algunos sectores minoritarios del resto de España. Algo que hay que evitar. Pero nada parecido al feroz y enfermizo antiespañolismo que rezuman en ciertos ámbitos catalanes, como hemos tenido oportunidad de contemplar estos días en las pantallas de televisión. Todo esto está agravado porque tenemos un Gobierno deleznable y un Presidente que es primer saboteador del sistema político. Pero España ha sido siempre un gran país y aunque ahora, por todo eso, lo sea un poco menos, no cabe duda de que lo volverá a ser. “España no se rompe”, dicen desde el Gobierno. Esperemos que sea cierto, aunque no será por lo que ellos hacen para evitarlo. Pero se fragmenta en su urdimbre íntima y, en todo caso, se deshilacha por culpa de este Gobierno irresponsable.