El Gobierno se queda solo y no saca adelante la resolución sobre el Estatut

El pleno del Congreso ha aprobado hoy 42 resoluciones consecuencia del debate sobre el estado de la nación, entre ellas cinco en contra de la congelación de las pensiones apoyadas por todos los grupos salvo el PSOE y otra casi unánime para prorrogar seis meses la prestación de 426 euros a parados.

Ha sido el grupo socialista el que ha conseguido sacar adelante el mayor número de mociones, trece de las quince que había presentado, en tanto que el grupo Mixto ha visto aprobadas diez, CiU ocho y el PP, seis, mientras que los grupos del PNV y ERC-IU-ICV sólo han logrado que la Cámara les convalide dos cada uno.

Finalmente, el Congreso no ha aprobado ninguna de las seis resoluciones presentadas por los grupos sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut por falta de acuerdo, y ni siquiera el PSOE ha conseguido apoyos suficientes para la suya.

Sólo el PSOE apoya su propuesta de resolución sobre el Estatut
El Estatut no ha logrado unir a los grupos parlamentarios, que han presentado distintas resoluciones para pedir respeto al sentir de identidad nacional de Cataluña -nacionalistas-, para buscar vías que adecúen a la Constitución los artículos corregidos por el TC -PSOE- y para apelar al proyecto común de España -PP-.

Cada grupo parlamentario ha defendido hoy sus respectivas resoluciones sobre el Estatut, después de que PSOE, CiU y ERC-IU-ICV no consiguieran acordar una propuesta conjunta como hicieron sus compañeros de filas en el Parlamento catalán -donde se alcanzó un acuerdo de mínimos-, lo que dificulta la aprobación de todas ellas.

Los socialistas, según ha explicado el diputado Eduardo Madina, ha presentado un texto que reconoce la legitimidad plena del Tribunal Constitucional para emitir sentencia sobre los recursos presentados al Estatut y subraya la obligación de acatar dicho fallo, aunque admite el derecho a opinar sobre el mismo.

Una resolución que expresa la disposición del PSOE a "explorar los caminos constitucionales" que permitan modificar aquellas partes del texto estatutario que el TC ha corregido.

Por el contrario, ha proseguido Madina, el PP se ha dedicado a la "impugnación masiva" del Estatut y a repetir "tres variaciones de un mismo tema: 'el principio del fin del Estado', cuyo autor es Mariano Rajoy; 'España se rompe', con la autoría de la derecha en el sentido más amplio; y 'es un Estatuto al servicio de ETA', cuyo autor es el siempre insuperable Jaime Mayor Oreja".

Soraya Sáenz de Santamaría, en nombre del PP, ha acusado al Gobierno de no tener "una idea clara de España", y ha recalcado que el debate sobre el Estatut "nació para que José Luis Rodríguez Zapatero intentara ganar unas elecciones autonómicas y se quiere revivir precisamente para no perderlas".

"Y para ello está dispuesto a volver a discutir lo que el TC ha dicho que es indiscutible", ha añadido, antes de apelar a la responsabilidad de los diputados socialistas que añoren los consensos constitucionales de 1978 y a los que "siguen pensando que las reglas del juego están para cumplirlas y las sentencias para ser respetadas".

La portavoz popular ha remarcado que la labor de su grupo es "unir a los españoles en un proyecto común" ya que "España necesita ahora más que nunca estabilidad institucional, confianza en el estado de derecho, moderación en el debate público y prudencia en las decisiones que conciernen al fundamento de nuestra convivencia".

Josep Sánchez Llibre, en nombre de CiU, ha reiterado que su grupo no comparte la sentencia del TC, con la que se ha escrito "una de las páginas más tristes de Cataluña y España".

Por ello, ha instado al Congreso a defender el contenido del Estatut y su pleno desarrollo, así como a reconocer que "no hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos y voluntad. Somos una nación y no debemos renunciar a la satisfacción plena de nuestras aspiraciones de autogobierno".

Un paso más allá ha ido el portavoz de ERC, Joan Tardà, quien ha afirmado que el fallo del TC denota que "la Cataluña que quiere ser no cabe en esta Constitución, y para no cambiar la Constitución pretenden cambiar Cataluña".

"Pues no vamos a cambiar, su incomprensión nos reafirma en nuestro anhelo; si no cabemos en la Constitución española debemos hacer una Constitución catalana en la que caber", ha reivindicado, tal y como pide su resolución, porque el pueblo catalán "tiene derecho a decidir si opta por independizarse".

Finalmente, Joan Herrera (ICV) ha defendido su propuesta de resolución alegando que hace falta un compromiso con un calendario concreto para desarrollar el Estatut y el autogobierno catalán, porque "no hay ninguna sociedad tan plurinacional y plurilingüística como ésta, aunque algunos interpreten la Constitución de forma tan estrecha que ya casi no cabemos en ella".

Desde el grupo mixto, Rosa Díez (UPyD) ha anunciado su voto contrario a todas las propuestas que "propugnan el incumplimiento de la sentencia del TC, tanto a las más alambicadas, como las del PSOE, como a las más claras, de los nacionalistas".

El Congreso exige "descongelar" las pensiones y no retrasar la jubilación, con el PSOE aislado
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó esta tarde con el único voto en contra del PSOE dos resoluciones al Debate sobre el estado de la Nación que instan al Gobierno a retirar la suspensión de la revalorización automática de las pensiones en 2011, incluida en el decreto de medidas de ajuste aprobado en mayo, así como a renunciar a su idea de ampliar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

Todos los grupos de la oposición pactaron un texto común que aglutina todas las propuestas que han presentado pidiendo al Ejecutivo que de marcha atrás en su decisión de 'congelar las pensiones', y adopte las "medidas alternativas de ahorro económico" que permitan atender los objetivos de reducción del déficit público de 1.500 millones de esta medida.

No obstante, la votación se repitió cada vez que llegó el turno de votar cada una de las resoluciones enmendadas por el texto conjunto de forma que el PSOE llegó a acumular hasta seis derrotas contra una medida que la portavoz 'popular' Soraya Sáenz de Santamaría consideró un "engaño más" del Gobierno "que se ha quedado sin apoyos ni ideas". "Nadie cree ya en el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que ha engañado a todo el mundo", recalcó.

Asimismo, el PP logró sacar adelante otra iniciativa con el voto en contra del PSOE que exige al Gobierno que se "blinde" el Estado del Bienestar, de manera que no vuelva a aprobar medidas que afecten a la protección social de ningún tipo sin contar con el consenso político y social.

La dirigente 'popular' exigió al Gobierno que dé marcha atrás en la congelación de las pensiones si quiere "recomponer" el Pacto de Toledo que "protege" a pensionistas y trabajadores. "Rectifiquen, porque han liquidado Toledo y ahora les vetan hasta en Rodiezmo", incidió.

El secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, replico al PP que sólo han presentado en sus propuestas de resolución el programa electoral con el que perdieron las elecciones. "Hagan propuestas para salir de la crisis y no para adelantar las elecciones", espetó el diputado socialista al PP, ante el que aseguró que el PSOE está dispuesto a "dejarse la piel" por la sociedad española.

Asimismo, CiU, ERC, IU e ICV lograron el apoyo del resto de grupos a una propuesta conjunta que reclama mantener los principios y mecanismos de consenso establecidos en el Pacto de Toledo, para lo que resulta necesario mantener la edad legal de jubilación en 65 años.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, pidió al Gobierno que el esfuerzo que se aplica a los pensionistas y trabajadores se "traslade" a los "ricos" a través de subidas de impuestos y, en particular, recuperación, del Impuesto de Patrimonio.

Por su parte, el diputado de ICV, Joan Herrera, aseguró que la votación es una la "tarjeta roja definitiva" contra la 'congelación de las pensiones' y celebró el pacto para mantener la edad de jubilación en 65 años

El Congreso aprueba prorrogar seis meses más la ayuda de 426 euros
El pleno del Congreso aprobó hoy prorrogar el subsidio de 426 euros que cobran los desempleados que han agotado su cobertura por desempleo durante seis meses más, a partir de agosto.

La propuesta de resolución, iniciativa del grupo parlamentario ERC-IU-ICV y enmendada por el PSOE fue apoyada por la mayoría de la Cámara y contó con 343 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

El programa temporal de protección por desempleo e inserción se orientará a los colectivos de parados mayores de 45 años, menores de 30 y parados de larga duración y supone la prolongación de una ayuda aprobada por el Ejecutivo y cuyo plazo vencía el 15 de agosto.

Durante su intervención en el debate de propuestas de resolución consecuencia del debate sobre el estado de la nación, el portavoz de ERC, Joan Tardá, justificó esta iniciativa en que "se mantienen las circunstancias" que provocaron su aprobación, ya que la crisis económica sigue repercutiendo negativamente en el paro.

Desde ICV su portavoz en el Congreso, Joan Herrera, se felicitó de que esta medida "prospere" pese a que "el Gobierno no lo tenía tan claro".

Por su parte, el diputado del PSE Eduardo Madina defendió esta propuesta como una defensa del mantenimiento del sistema de bienestar y para mantener la protección social, "seña de identidad" del grupo socialista.

Asimismo, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, dijo antes del debate que se trata de un "buen acuerdo" y destacó que la enmienda pactada con ERC-IU-ICV se refiere a la "orientación" que debía tener dicha ayuda.

La cuantía de la prestación equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2009 fue de 420 euros y en 2010 asciende a 426 euros.

Este subsidio ya fue prorrogado por el Gobierno el 12 de febrero por medio año más y entonces la vicepresidenta primera del Gobierno dijo que la ayuda no afectaría a los actuales beneficiarios, ya que el plazo máximo durante el que pueden percibir el subsidio es de seis meses "no prorrogables".

Hasta la fecha el número de beneficiarios de esta ayuda asciende a unas 243.100 personas y el coste estimado de la medida supone 517,8 millones de euros.