"El Gobierno sólo tiene razones electorales para descentralizar el Poder Judicial"

Un mes y medio después de que el Tribunal Constitucional dictase sentencia sobre el Estatut, el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra para mejorar el autogobierno en Cataluña. El 20 de agosto, el Consejo de Ministros recibió de manos de Manuel Chaves, vicepresidente tercero, un informe sobre las reformas que se hacían necesarias para rescatar aquellos puntos que el TC anuló e interpretó del Estatut. Como primera medida, el Ejecutivo acordó poner en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para adaptar su contenido y sortear la sentencia sobre el Estatut.

La del Poder Judicial es una de las materias más interpretadas por el Alto Tribunal, ya que el Estatut planteaba crear un Poder Judicial propio en Cataluña, así como un órgano de gobierno de los jueces independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para suprimir así la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Unas condiciones que el TC eliminó de la norma autonómica con el objetivo de “dejar muy claro” el modo en que debe ser entendido el modelo de Poder Judicial, “único y del Estado”, dice el portavoz de la Asociación Profesional de Magistratura (APM), Antonio García.

El portavoz de la asociación mayoritaria de magistrados añade que “los modelos autonómicos son diferentes de los federales y en ellos el Poder Judicial no es susceptible de fragmentación”. Así, “las pretensiones de los nacionalistas quedan, según el Constitucional, carentes de sentido, pues no pueden tener un Poder Judicial propio”, dice García, quien critica la decisión del Ejecutivo porque “en lugar de acatar la sentencia y zanjar la polémica, ha encargado al Ministerio de Justicia que rescate lo que el Constitucional ha declarado inconstitucional”.


“No buscan eficacia con la descentralización, las razones reales son políticas”
Desde la APM tienen claro que el Gobierno no busca un modelo “más eficaz y eficiente” con cambios en la LOPJ. Antonio García afirma que las razones para emprender esta reforma son “políticas y de claro interés electoral” ante la cercanía de los comicios catalanes. “Creemos que de una u otra manera se está intentando regatear lo que el Constitucional ha puesto de manifiesto”, afirma.

El portavoz de los jueces critica con dureza al ministro de Justicia: “Caamaño tuvo un protagonismo directo en el dibujo final del Estatut y le escuchamos repetir hasta la saciedad que era constitucional, mientras que el TC ha dicho lo contrario”. García afirma que lo que tendría que hacer el titular de Justicia es cumplir con lo prometido en materia de modernización de la Justicia: “Dos años después de anuncios de mejoras de la Administración judicial, ésta sigue igual y aún no se ha puesto en marcha el tan nombrado plan de modernización”.

Como la APM, el Partido Popular, en palabras de su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado al Gobierno de doble rasero y ha afirmado que defenderá la unidad del Poder Judicial porque “es la garantía y la base de la independencia de los jueces, que se pone en peligro con esta reforma”.

El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, se muestra a favor de la iniciativa del Ejecutivo, aunque con ciertas cautelas a la espera de su desarrollo. “No valoramos negativamente la reforma porque creemos que no vulnera la sentencia”, afirma Ramírez, quien matiza que “se puede profundizar en el autogobierno por esta vía, ya que está dentro del margen de actuación que establece el Constitucional”. Asimismo, y en contra de lo que opina la APM, Ramírez valora positivamente la descentralización de la Administración “porque se consigue acercarla al ciudadano”.