El asesinato de 72 inmigrantes en un rancho del estado mexicano de Tamapulipas a manos de Los Zetas, vuelve a poner sobre la mesa el drama de miles de personas, que con el propósito de cambiar sus perspectivas de futuro, recurren a las mafias del tráfico de indocumentados para cruzar la frontera estadounidense a fin de cumplir el “Sueño americano”. Un sueño que muchas veces termina en una amarga pesadilla de la que es imposible despertar.
“Coyotes” o “polleros” es el término que se ha acuñado para designar a aquellas personas u organizaciones que se dedican al ilícito contrabando de indocumentados hacia la tierra prometida del “Tío Sam”. Un negocio que además de poner en peligro la vida de miles de personas, resulta una actividad muy lucrativa para el crimen organizado porque cada año reporta al rededor de los
6.600 millones de dólares, según el informe “La globalización del delito: evaluación de la amenaza del crimen organizado trasnacional” elaborado por las Naciones Unidas.
Las fuertes sumas que han de pagar los inmigrantes así como la extorsión y la explotación laboral a la que suelen ser sometidos con el objeto de saldar el alto precio por cruzar la frontera, supone un flujo constante de dinero en los bolsillos de estas bandas que incluso recurren al secuestro de indocumentados si no se completa el pago por un servicio que puede oscilar desde los
3.500 a 10.000 dólares por “cabeza”, para llevar a cabo una travesía en donde, los túneles, los trenes y los camiones son el medio de transporte utilizado por estos delincuentes para que sus "clientes", que en realidad terminan convirtiéndose en sus "rehenes", lleguen a
Estados Unidos.De acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el número de secuestros de inmigrantes en México fue de alrededor de 18.000 en 2009, siendo las mujeres y los niños las principales víctimas.
Los indocumentados,-quienes además de mexicanos también figuran un importante grupo de ciudadanos de
países centroamericanos como Guatemala, El Salvador u Honduras, y más recientemente de Ecuador, Perú o Brasil-, no sólo han de correr el riesgo de ser cazados por la Guardia Nacional estadounidenses o peor aún, la Patrulla Fronteriza, sino también de los cárteles de la droga. Por lo que ser deportados resulta el menor de los problemas para el que entra en el saco de las mafias de “coyotes”.
Desde que en 2006 el presidente
Felipe Calderón le declarase la guerra a los narcos, el de por sí peligrosos corredor fronterizo entre México y EEUU, se convirtió en el principal frente de batalla de los cárteles de la droga.
En los últimos cuatro años, la desmesurada violencia que se vive al norte del país azteca, a parte de incrementar los elevados costes por “obra y servicio” de estas redes, ha hecho que el negocio se diversifique y se vuelva un sector productivo para los cárteles del narcotráfico, por lo que los inmigrantes no están excentos de las balas y la rivalidad descarnada que existen entre los “clanes” de la droga.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) de México, desde hace cinco años el ala armada del
Cártel del Golfo, Los Zetas, controlan el tráfico de indocumentados desde el sureste hasta el norte del país. Por lo que los ajustes de cuentas como el trágico asesinato el pasado martes de 72 inmigrantes en un rancho de Tamaulipas, es el resultado de las disputas territoriales de las bandas del crimen organizado, que ya no buscan sólo controlar la frontera para garantizar el dominio del mercado de la cocaína, sino el del los 400.000 indocumentados que se calcula que todos los años transitan por la geografía mexicana con la esperanza de poder cumplir el anhelado “Sueño americano”.
