Kafka en Triana

La mayoría de los lectores sólo leen los titulares de los periódicos. Es lógico porque no todo lo que sucede interesa, ni interesa de la misma manera. Los titulares economizan tiempo orientando la atención. Cada cual tiene sus intereses. Aunque el deber de la prensa es dar una imagen completa de la actualidad, la cobertura informativa varia en virtud del relieve público de los temas. Esto no significa que la importancia real de una noticia equivalga a su resonancia mediática. ¿Cuántos lectores de la sección andaluza de El País habrán hojeado el 31 de Agosto el artículo “Educación prevé otra convocatoria del actual plan de calidad a pesar del TSJA”? Sin embargo, noticias como ésta a veces reflejan mejor el verdadero estado de las cosas que los discursos de los ministros.

Repetiré la noticia: la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía proseguirá este curso con la aplicación del “Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares” pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha suspendido la orden que lo regulaba. El detalle significativo radica en ese “pese a que”. Al parecer, y según dice El País, las autoridades educativas andaluzas estiman que la sentencia del alto tribunal no es firme y, por tanto, no se sienten obligadas a obedecer de momento su dictamen.

A mí esto de que alguien no considere firme la sentencia de los tribunales cuando no le conviene me da que no tiene mucho que ver con el estado de derecho, pero se trata sólo del parecer de un lego en cuestiones jurídicas. Me encantaría que alguien me aclarara por qué las instituciones, desde luego no los ciudadanos, pueden permitirse tales chulerías (los gobiernos olvidan a veces que el respaldo popular confiere autoridad para ejercer el poder, no derecho a usarlo sin restricción), pero como no me voy a pasar todo el artículo hablando de lo que no sé y me gustaría saber, he hecho una breve investigación sobre el asunto.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía decidió en 2008 hacer algo para mejorar los malos rendimientos escolares de sus estudiantes. Fruto de esta loable decisión fue el programa citado. Dicho programa incentiva a los profesores que se comprometan a alcanzar ciertos objetivos. Como esos objetivos no pueden fijarse globalmente (la ley de educación es muy escrupulosa con la diversidad), son los claustros quienes deben hacerlo. El plan prevé, en consecuencia, que su aplicación dependa de que lo acepten al menos dos tercios del claustro de cada centro. El problema es que la mayoría de los profesores, sobre todo de instituto, han rechazado el plan. ¿Acaso los docentes no desean mejorar el rendimiento de sus alumnos? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la razón entonces de que no se adscriban a él?, ¿será porque para cobrar esos incentivos deberán trabajar mucho más de lo que ya trabajaban? No, en absoluto. ¿Entonces? La cosa resulta ciertamente rara. ¿Se ha visto en España un gremio que se niegue a ganar más?, ¿ocultará esta insólita reacción alguna turbia maniobra sindical dirigida a socavar al gobierno socialista andaluz? Tampoco. El programa de calidad cuenta con el respaldo de los “sindicatos mayoritarios”, sus aliados naturales. ¿Qué pasa, pues, en la educación andaluza?

La Junta explica la situación diciendo que los claustros de profesores han interpretado mal sus intenciones al suponer que de lo que se trata con este plan es de cambiar euros por aprobados. Los docentes, en cambio, creen que el programa vulnera el principio de objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública consagrado por la Constitución. No se trata sólo de “compra” de resultados, sino de algo peor, pues la aceptación del plan significa, por un lado, admitir que el fracaso escolar se debe a los profesores (no a la ley, o a un equivocado planteamiento pedagógico, o a una mala gestión de los recursos por parte de las autoridades educativas) y, por otro, que su compromiso con su tarea, lo que podríamos llamar “su dignidad profesional”, depende de un mero incremento salarial. Es posible que la Junta tenga razón y que los profesores, quizá para desmentir a cuantos identifican Andalucía con el chanchullo y la subvención, se hayan pasado de quisquillosos al no querer que se vinculen sus emolumentos a los resultados de sus alumnos (¿cuántos médicos honestos querrían vincular el suyo a la salud de sus pacientes?), pero también puede ocurrir que los docentes andaluces no vean con muy buenos ojos el afán de las autoridades por organizar la administración pública a la americana -el estilo productivo de las multinacionales, inventoras del mileurismo, el contrato basura, la jornada voluntaria de catorce horas, etc.- y que se aferren a una tradición de servicio impropia de este mundo competitivo, tan caro a un gobierno que presume de modernizaciones.

Admitamos la posibilidad de que el frecuente trato con la pedagogía haya menguado el juicio de los profesores andaluces y que la Junta, en efecto, tenga unas intenciones excelentes. ¿No es extraño que en vez de tratar de ganarse el apoyo del personal que debe llevar a cabo la mejora del sistema, se empecine en mantener un programa que pocos quieren? Piensen en la situación: la Junta sabe que el sistema necesita un cambio y que para llevarlo a cabo es preciso el compromiso de los profesores, pero cuando estos, por los motivos que sean, rechazan su plan, plan en cuya elaboración no han participado, no hace nada por modificarlo. “Nos apoyan los sindicatos mayoritarios” –dicen como si desconociesen que “sindicato mayoritario” es una expresión vacía de contenido. ¿Qué pasa entonces con el sistema?, ¿se le deja caer en picado? Claro que no. Los dirigentes de la Junta saben qué hacer cuando alguien no comprende sus buenas intenciones. ¿Y qué hacen? Apretar las tuercas: incrementar las labores de inspección y crear un reglamento de organización de centros en el que el profesor queda convertido en una hierba. ¿Se les ocurre una manera más inteligente de mejorar un sistema educativo que por alguna misteriosa razón no funciona?

El esperpento no termina sin embargo aquí. De acuerdo con la información de El País, el Tribunal Superior de Andalucía anula el programa por dos motivos que no tienen nada que ver con lo dicho: uno, porque le parece que, además de los claustros de profesores, deberían adherirse a él los consejos escolares, órgano en el que se encuentran representados padres y alumnos (recuerden que estamos hablando de incentivos y que padres y alumnos pintan aquí tanto como los conductores en el convenio de los guardias de tráfico); y segundo, porque la evaluación del plan debe ser anual, no trienal, como hasta ahora, ya que dichos incentivos se cobran anualmente (prueba de que también los jueces creen que de lo que se trata a la postre es de dinero). En fin, que el Tribunal, según El País, y en esta sentencia (hay otras demandas que no han sido vistas), ordena la suspensión del programa porque contradice algunos puntos de la ley de educación andaluza, hecho asombroso dado que los redactores de ambos textos son, políticamente hablando, las mismas personas. Pero tranquilos, la Junta ha encontrado una forma de evitar este nuevo contratiempo: negar la firmeza de la sentencia. ¿Acaso imaginaban que después de treinta años de mayoría absoluta alguien tiene derecho a poner en duda sus buenas intenciones?