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La extraña huelga

jueves 30 de septiembre de 2010, 16:16h
No puede darse una conjunción de sinrazones que supere la que se produce en este día de la huelga general. No pongo en duda la posición de los sindicatos, que desde luego tienen todo el derecho a la convocatoria, pues esta huelga puede presentarse como política a la vez que socioeconómica, de manera que puede alegarse que los trabajadores van a la misma, como dice nuestra Constitución, “en defensa de sus intereses”. Claro que el ejercicio de un derecho, en términos de oportunidad o justicia, en términos de racionalidad, no lo justifica su mera existencia. Yo tengo derecho a decir tonterías o banalidades, pero haría bien en utilizar mi libertad de expresión para otro propósito. Además los derechos no pueden ejercerse como si fueran absolutos, han de respetar a los demás derechos y atender a las exigencias planteadas por otros bienes o intereses que demandan asimismo protección. Los derechos, en suma, son limitados. Así, el derecho de huelga no puede poner en cuestión el derecho al trabajo de quien, en uso de su libertad, no quiere ir a la huelga. Resulta entonces difícil encontrar justificación, a la actuación de quien impide que el ejercicio del derecho a la huelga sea decisión efectiva del que no quiere trabajar, sin forzar su voluntad.

Aquí nos topamos con los piquetes. En la sociedad de nuestros días todo el mundo está informado de la convocatoria de la huelga y de los motivos que se aducen para ir a la misma.¿De qué tienen que informar los piquetes?. Y, sobre todo,¿Pueden los integrantes de los piquetes, hacer algo más que tratar de convencer con palabras a sus compañeros?. Esta situación, en resumen, lo que hace es poner de relieve la naturaleza de este derecho, el de huelga, que necesita como ningún otro de protección pública, que prevenga su desnaturalización, o que nadie abuse del mismo, y sobre todo que requiere de regulación. Y ¿saben lo que ocurre? Que a pesar de la previsión, en realidad más mandato que habilitación, de la Constitución al respecto , no tenemos ley de huelga y la norma aplicable es un Decreto-ley, esto es una norma del Gobierno dictada por razones de urgencia y por tanto con carácter provisional, el año 1977. Sí, hace la tira. Como ven no se trata de una simple omisión del legislador, sino, me atrevería a decir, de una infracción constitucional.

Pero es con todo una huelga bien rara: está dirigida contra el Gobierno, pero en realidad el Gobierno no desea enterarse, o no se quiere dar por aludido. He tenido que restregarme los ojos porque no daba crédito a lo que veía, cuando el ministro de trabajo felicitaba a los convocantes por su comportamiento, “democrático”, al hacer la huelga. Esta actitud de comprensión, tolerancia, o como se quiera llamar, es bien objetable. El Gobierno es interpelado y el Gobierno debe responder. Queremos un Gobierno que dialogue, que comprenda la función capital de los sindicatos en nuestro Estado social, pero no podemos entender que, como ocurre demasiadas veces, el Ejecutivo no decida, o no asuma su responsabilidad, o no dé la cara: gobernar no es simplemente ocupar el poder, es liderar y dirigir la política del Estado. Es defender los intereses generales, que exceden a los sectoriales, que pueden representar, mal de todos modo creo, en este episodio, los sindicatos.

Gobernar no es mandar, imponer sin argumentación, bordeando la arbitrariedad, sin cabida en una democracia. Pero gobernar es decidir, explicando las cosas, con resolución, en este caso la improcedencia de la huelga. El problema es la sensación de precariedad que aqueja al Ejecutivo y que este no es capaz de superar: le falta convicción, y firmeza. Es débil. Debió cuando, razonablemente, cambió su política económica haber planteado la cuestión de confianza y restaurar su crédito: se había producido un modificación de su orientación política, que es justamente la oportunidad del Gobierno que nuestra Constitución establece para comprobar a propia iniciativa la confianza parlamentaria.

Tenemos Gobierno: Pero, como lo muestra esta ocasión, se trata de un Ejecutivo que tiene dificultades para cumplir con sus funciones con determinación, según lo demanda la Comunidad nacional.
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