La atomización de España

El Diccionario de la Real Academia Española define atomizar como “dividir en partes sumamente pequeñas, pulverizar”. He optado por ese término en vez de los más habituales sinónimos de descomposición, desintegración, fragmentación o disgregación, porque éstos, más reiterados en el lenguaje político al uso, se han impregnado probablemente por ello de una emotividad o incluso un alarmismo que me gustaría soslayar. Aquellos que hayan tenido la paciencia de seguirme en las reflexiones de esta columna tendrán por fuerza que saber que es siempre mi intención -a riesgo de decepcionar a los indignados e impacientes- ponderar las críticas y atemperar las condenas, porque tengo la convicción de que eso es precisamente lo que falta en el debate público español. No es sólo eso: como pretendo argumentar en estas líneas, considero que la repetición del grito de alarma desemboca en el desdén hacia la advertencia y conlleva en última instancia la banalización de la pretendida denuncia. Pero además, por llegar ya al corazón del asunto, creo que lo que está pasando en España tiene poco que ver con un fulminante ataque al corazón y mucho en cambio con una progresiva fragilidad por consunción.

Partiré de una anécdota reciente porque considero que puede resultar representativa del actual estado de cosas y porque se refiere a un ámbito que conozco bien por razones profesionales, el de la enseñanza. Recibo hace dos semanas la llamada de un amigo, director de una de las más importantes revistas culturales españolas, solicitándome información sobre la enseñanza de la historia en el bachillerato en la España de hoy en día. Por deformación cotidiana, tiendo a contarle lo que sé acerca de mi entorno inmediato y luego paso a hablarle de cómo está la situación en la Comunidad de Madrid. “No, no, me insiste, lo que yo necesito es información lo más completa posible del conjunto de España”. Por unos segundos me quedo perplejo. Yo mismo, por la fuerza de los hechos, por la inmersión en las labores cotidianas, he dejado de ser consciente de hasta qué punto hemos perdido la perspectiva en las propias actividades que nos conciernen. “¿En España, en el conjunto de España?”, me oigo yo mismo diciendo para ganar tiempo. ¡No tengo ni idea! Cada comunidad autónoma, le contesto, tiene transferida las competencias en educación y... “¡Pero habrá unas directrices ministeriales, una normativa común, un programa oficial!”, me responde. Es cierto, claro, existir... yo mismo sé que existe, pero desconfío tanto de la operatividad real de ese sustrato o denominador común que no me he atrevido ni a mencionarlo. En fin, no estoy seguro... Le pido que me dé unos días para hacer averiguaciones porque casualmente tengo prevista una comida con una antigua amiga, inspectora educativa, que seguramente dispondrá de todos los datos que yo desconozco.

Transcribir ahora los detalles de la conversación con mi amiga sería chusco, porque es una repetición calcada de la anterior, sólo que con los roles cambiados. Yo hago ahora el papel de solicitante de información y ella es la desconcertada. Me remite entonces a una tercera persona, alto cargo de la administración educativa (como funcionaria, no como política). Se trata de una especialista que ha hecho incluso análisis comparativos sobre la enseñanza de la historia en el conjunto de España. Por unos segundos creo que he encontrado a la persona idónea. Pero enseguida me advierte: la situación ha cambiado radicalmente desde que hizo aquellos estudios. Ahora cada autonomía legisla y administra con sus propios criterios. Era exactamente lo que sospechaba pero, aun así, me atrevo a hacer mía formalmente la protesta de mi amigo, el que había desencadenado el proceso: “Pero... ¿y las enseñanzas comunes fijadas por el Ministerio?”. Del Ministerio olvídate, me responde, porque ahora ya sólo se ocupa de Ceuta, Melilla y... ¡el extranjero! El Ministerio es una entelequia, está de facto vaciado de competencias y no puede controlar (en el supuesto de que quisiera o le dejaran hacerlo) la política educativa concreta de cada gobierno autonómico. La “coordinación” -¡obsérvese el concepto!: pacto inter pares- es un mero apaño. A todos les conviene mantener el paripé, concluye, porque el gobierno central se justifica con el establecimiento de un marco general y los gobiernos autonómicos hacen después de su capa un sayo, enmendando, interpretando y adaptando las directrices generales como mejor les viene en gana.

El resultado es que no sólo no hay ya una historia común, sino que los profesionales que la impartimos ni siquiera sabemos bien qué se está transmitiendo y cómo en la comunidad vecina. Casi nos resultaría más fácil hacer una estimación global de cómo se enseña la historia en Francia que en el conjunto de las comunidades autónomas españolas. “¿De qué te extrañas? -apostilla mi interlocutora- tú sabes, sin ir más lejos, que los profesores -funcionarios autonómicos ya todos- no cobráis lo mismo en cada zona”. Cierto, pero no es eso todo. La compartimentación tiene efectos perversos en los campos más insospechados. Más de una editorial, por ejemplo, modifica los contenidos de un libro de texto teóricamente común para “ajustarlo” a la “sensibilidad” autonómica que determina la consejería de educación correspondiente. Y ello sin contar con la “adaptación curricular” que realizan determinados centros de enseñanza que, en uso de sus prerrogativas autónomas, jibarizan algunas disciplinas, entre ellas precisamente la historia, ciñéndola sin rubor alguno a sus estrictos límites comarcales.

Como se ve, lo de la “atomización” del título no resulta ser una figura retórica ni una licencia exagerada. Porque no se trata tan sólo de la fragmentación autonómica, con todo lo que ello conlleva -que es mucho y muy grave-, sino de la deformación conceptual e ideológica que nos ha llevado a valorar por encima de todo la autonomía en cualquier ámbito como panacea o recurso universal. Frente a la satanización del centralismo -igual a imposición, uniformidad, autoritarismo, etc.- la autonomía se ha convertido poco menos que en un remedio taumatúrgico que se pretende aplicar indiscriminadamente, encubriendo lo esencial, lo que cualquiera sabe por puro sentido común: que la autonomía no es buena ni mala por sí misma, sino tan sólo un instrumento que puede resultar eficaz si se emplea adecuadamente, pero por ello mismo susceptible también de malos usos. Cuando se calla algo tan evidente es simplemente porque la reivindicación del autogobierno -insisto que en todos los ámbitos: no hay más que ver cómo se ha entendido aquí la autonomía universitaria- no es más que una coartada para que determinados grupos detenten el poder en su propio beneficio.

Cualquier observador atento de la realidad nacional sabe perfectamente que lo que he mencionado sobre la enseñanza está pasando ahora también en los requisitos empresariales, las disposiciones sanitarias, la reglamentación laboral, la regulación del tráfico, las actividades culturales, el establecimiento de industrias y, en fin, todos los ámbitos de la vida pública y hasta parte de la privada, en una desenfrenada carrera dispositiva en la que cada autonomía compite por aprobar leyes cada vez más intervencionistas y siempre singularizadoras. Cada estatuto aspira a ser una constitución, cada gobierno autonómico tiene a gala desafiar -de tú a tú- al “gobierno central”, cada minúsculo “parlamento” aspira a controlar el más leve movimiento de su demarcación territorial, cada politiquillo comarcal se cree un excelso dirigente que debe dejar huella... Así hasta el sainete y luego el esperpento: si Cataluña prohíbe las corridas de toros, Madrid anuncia que quiere declararlas bien nacional y Extremadura veta los correbous. Mientras, el país -todo el país- se debate en la más profunda crisis económica de la historia reciente. Me pregunto, desde la franca estupefacción, si hemos perdido el juicio. Ya no es cuestión de ideologías, ni de doctrinas, ni de partidos, ni de izquierdas o derechas, sino de simple sentido común en aras de la supervivencia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta dónde?