Javier Hernández: "El Ministerio lleva tres semanas sin hacer ningún movimiento"

¿Cuándo se comienza a exponer al Ministerio de Justicia la equiparación salarial entre los funcionarios no transferidos a las Comunidades Autónomas y los que sí lo están?
Aunque el problema viene de antes, lo podemos situar en abril de 2007, para ubicarlo con el último equipo que ha estado al frente del Ministerio, en los últimos cuatro años. Entonces, le trasladamos nuestras reivindicaciones de equiparación retributiva y laboral de los funcionarios no transferidos con el resto de los compañeros.

¿En qué consisten exactamente estas reivindicaciones retributivas y laborales?
En un momento dado comprobamos que los funcionarios de la Administración de Justicia no transferidos comienzan a tener una pérdida importante de sus condiciones laborales y retributivas respecto a los compañeros de las comunidades autónomas transferidas. Éstos comienzan a conseguir mejores condiciones, cosa que hemos potenciado y alegrado de que ocurra así, pero evidentemente las diferencias que se han ido observando y que se han ido cometido desde el Ministerio con los funcionarios no transferidos son cada vez más amplias. Ya que se creado una diferencia tremenda en las condiciones laborales, sobre todo en los últimos años y especialmente en el último. Porque se ha mejorado las situaciones en las comunidades autónomas transferidas mientras el Ministerio ha sido incapaz de hacer esos cambios.

Concretamente, ¿qué reformas laborales solicitan?
Desde el principio hemos reivindicado reformas profundas que tienen que ver con las plantillas, ya que es un tema muy importante. En estos momentos, y estamos convencidos de que tenemos razón, en el ámbito no transferido las plantillas que existen son insuficientes para acometer las necesidades de servicio público que necesita la Justicia. Aunque esto se manifiesta en muchos órganos, es especialmente grave en los registros civiles que dependen del Ministerio directamente. Estos casos, y sobre todo en el Registro Civil Central, son paradigmáticos. Las plantillas que hay actualmente, independientemente a la huelga, son insuficientes para atender las necesidades del servicio público que se demandan por parte de los ciudadanos. Eso no se acomete y no se resuelve. En el caso del Registro Civil Central no es normal que en períodos de normalidad laboral hay ciudadanos que tengan que estar desde las cuatro de la mañana en la calle para conseguir un documento. Esto no es responsabilidad de los funcionarios, que hacen su trabajo con la mayor eficacia sino es problema de plantillas insuficientes y de locales.

Desde el Ministerio, ¿cómo se ha intentado solucionar este problema?
Resolverse no se ha resuelto porque para paliar el problema se acude a que una parte de la plantilla se componga con lo que llamamos refuerzos, no son plantillas estables ya que no cuenta ni con dotación presupuestaria. Los llamados refuerzos se van prorrogando cada seis meses. No entendemos por qué no se ofrece como plantilla presupuestada y se ofrece en la oferta de empleo público a los funcionarios de nuevo ingreso como un nuevo destino y además se incrementan esas plantillas.

¿Desde cuándo se da este fenómeno?
Esto pasa desde hace mucho tiempo, es algo histórico bastante deprimente porque nosotros hemos reclamado los aumentos de plantilla tanto con este Ministro como con los anteriores y también con los gobiernos anteriores. Nadie ha sido capaz de acometer una reforma suficiente que permitiera la estabilidad de plantillas necesarias eso es lo que está pasando en la Administración de Justicia, y esto no tiene nada que ver con la huelga. La huelga lo único que consigue es hacer más visible todavía el problema que existe. El paro también demuestra en la práctica, la importancia que tienen los funcionarios porque sin funcionarios esto no funcionaría ni habría Justicia.

¿Alguien ha puesto en duda el papel de los funcionarios de la Administración de Justicia?
El actual ministro en funciones de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en un mitin en Molina del Segura (Murcia), declaró que "los funcionarios tenían que aprender su trabajo que no tenían conocimiento de las herramientas informáticas y de las tareas de modernización de la Administración de Justicia y tampoco cumplían con sus horarios de trabajo". Esto sólo demuestra que está diciendo una falsedad brutal puesto que si fuese así resolver las consecuencias de la huelga no sería tan grave. Los jueces, procuradores y abogados han estimado que se tardará más de un año en desatascar la Justicia. Estas declaraciones son un insulto a la profesionalidad de los funcionarios. Además, es una falsedad absoluta decir que los funcionarios no se han adaptado a las herramientas de trabajo ¿no será que el Ministerio no ha puesto estas herramientas ni la formación suficiente para que los funcionarios las conozcan?

Exactamente, ¿a qué herramientas informáticas se refería el ahora ministro en funciones de Justicia, Mariano Fernández Bermejo?
A un sistema informático que todavía no está implantado ni tan siquiera de manera inicial, del que sólo se ha hablado. Cuando se ponga en marcha los funcionarios de Justicia se adaptarán a él al igual que se han adaptado al resto de nuevas tecnologías. En concreto, la herramienta informática es Lexnnet, que resumiendo mucho permite informatizar la Administración de Justicia y utilizar menos el papel.

¿Este sistema está relacionado con la implantación de la Oficina Judicial?
En parte si. Puesto que ambos servirán para modernizar la Administración de Justicia. Sin embargo, la nueva Oficina Judicial es algo que tanto este ministro como sus antecesores han sido incapaces de poner en marcha y que establecía la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada a finales de 2003. La Oficina Judicial debería estar ya implantada pero han pasado tres años y vamos camino del cuarto y todavía no está implantado porque este Gobierno ha sido incapaz de ponerla en marcha, especialmente este Ministro. Esto demuestra que el problema no está en los trabajadores sino en la propia Administración que no puede llevar a cabo sus obligaciones y responsabilidades. Esto es así porque desde el 2004 no han sacado adelante las leyes procesales que dan cobertura a la reforma de la Oficina Judicial. Han sido incapaces porque no han obtenido los pactos necesarios para realizar este trabajo. Así, nos encontramos con que no han puesto en marcha un proyecto que han anunciado a bombo y platillo.

Hace una semana llevaron a cabo un encierro para provocar que el Ministerio volviera a convocar la mesa de negociación y les ofreciera una nueva oferta que se acercase más a la suya. Casi ha pasado una semana desde que los desalojaron, ¿han tenido noticias del Ministerio en este tiempo?
Por ahora no. No sabemos si el Ministerio está haciendo contactos entre ellos o no. Estamos pendientes de esa llamada y entendemos que es grave para la Administración de Justicia que el Ministerio siga retrasando la convocatoria de la mesa sectorial. El desencuentro está en las cantidades y en los plazos. El Ministerio ofrece 180 euros como mucho en dos años y nosotros planteamos 200 en uno. No estamos de acuerdo con los plazos, el plazo de 2008-2009, a parte de que recortan a 180 euros nos parece claramente insatisfactorio y largo. No lo aceptamos porque nuestra equiparación se produce en el 2008 o en el 2009 se va mucho más altas. Ya que dentro de un año las diferencias con el resto de comunidades autónomas como por ejemplo Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Andalucía habrán crecido mucho más que 200 euros, nuestra reivindicación en 2008. El Ministerio debe entender que tiene que hacer una oferta sustancialmente distinta a la que ha hecho hasta ahora. El problema está tan enquistado porque el Ministerio lleva tres semanas sin hacer ningún movimiento y tiene que entender que la equiparación no la puede dividir en dos plazos.

¿Cómo cree que se va a poner fin a este conflicto y sus consecuencias?
Con unas condiciones dignas para los trabajadores y con voluntad. La responsabilidad de esta situación está en la Administración. Si la Administración tiene voluntad los trabajadores no plantearán ningún problema. Pero la Administración tiene que poner los medios para resolver el conflicto primero y luego los medios para resolver el atasco. Una vez se consiga esto, los trabajadores podrán hacerse con el atasco que se ha producido con este conflicto aunque tiene que poner planes de actuación y poner encima de la mesa garantías de que va a actuar con claridad y transparencia de cara a los trabajadores. No se debe olvidar que la responsabilidad de este conflicto es exclusiva del Ministerio. Desde el mes de abril hasta noviembre no hizo ningún gesto. El primer gesto lo hizo los últimos días de enero, poco antes de que empezara la huelga.

Si la llamada del Ministerio no se produce, ¿qué medidas van a tomar?
Se reforzarán las acciones y se incrementarán, pero por ahora sólo hemos concretado una manifestación a nivel estatal, a la que también vendrán compañeros de las comunidades autónomas con las competencias en Justicia transferidas para apoyarnos, el día 29 de marzo.