Pero ¿qué es modernizar la justicia?

Una pregunta al Presidente del Gobierno en el Senado, vuelve sobre el tema recurrente de la modernización de la justicia. Pero nadie sabe bien de qué estamos hablando. ¿Qué es exactamente y en qué consiste esa renovación, ese rejuvenecimiento?

Nuestro actual Ministro de Justicia, replica a este desafío mediante Leyes. Es de los que cree que se puede cambiar la sociedad por decreto. Ello, unido a un fortísimo componente de corrección política e ideología, como ya tenía cuando era Letrado del Tribunal Constitucional, hace previsible su respuesta. Esto es, leyes y más leyes, un amontonamiento de normas en un cúmulo abigarrado, gárrulo, barroco de disposiciones, como si con ellas, llenando Aranzadis, se hubiera dado un solo paso en la dirección correcta.

Pero las normas, aunque sean leyes, exigen en la mayor parte de su articulado que se tengan medios, instrumentos, herramientas que permitan ponerlas en pie. Y eso, por de pronto, no se ve por ninguna parte. Los presupuestos del Ministerio de Justicia, están a años luz de lo que deberían ser si los relacionamos con los de otros Ministerios, cuyas competencias, traspasadas en gran medida a las Comunidades Autónomas, se asemejan a fantasmas más debilitados que el pobre de Canterville.
Por otra parte, la demencial organización de la imposible Oficina Judicial da idea del desastre en que está concluyendo el Estado Autonómico. Así, los Jueces, si responden, lo hacen ante el Consejo General del Poder Judicial; los Secretarios ante el Ministerio de Justicia y el personal auxiliar ante la propia Autonomía. Este desgobierno es el resultado único y último a que ha conducido el desbarajuste autonómico. Y pretender que un Juez, aislado en su pedestal, rodeado por órganos y titulares a los que no puede dar una instrucción sin riesgo de sufrir un desplante, es en quien debemos confiar, equivale a cometer un error de organización tan elemental que cualquier consultor se lo indicaría en la primera página de cualquier propuesta.

Por otro lado, es imprescindible llevar la transparencia al ámbito judicial, única manera de acabar haciendo verdad que las exigencias de responsabilidad sobre los jueces puedan hacerse efectivas. Así, el manejo de la informática, con conexión directa entre el Abogado y el Juzgado, es imprescindible, si efectivamente se quiere que los plazos funcionen. Claro está, que ello supondría que el Juez tendría que contestar, y ya empieza un control efectivo con rastros claros que desde luego no interesa para nada a la Judicatura. Igualmente, en el caso de lograr esa conexión informática, los letrados de la Administración no podrían argüir que no se les ha dado traslado de la demanda, situación ésta que les permite estar años y años, - no hay exageración alguna – sin contestar y, encima, decir que cuando lo hacen, están contestando ¡dentro de plazo! Asimismo, lograr que la cámara de video enfoque también al Juez, permitirá conocer lo que está pasando en los Juzgados, no como ahora en que la cámara enfoca solo a los Letrados y si el Juez dice algo que no quiere que se escuche, basta con cerrar el micrófono. Evidentemente cuando hay desprecio o menosprecio, mal trato inclusive, a los Letrados, con una cámara que recoja en cinta lo que está sucediendo dentro del Juzgado, sí se está logrando dicho control, lo que es bueno para todos.

Y en esta línea, obligar a que las medidas cautelares funcionen y conseguir también que las Sentencias se ejecuten, es algo absolutamente obligado. Sorprende a cualquier justiciable que sean los propios Jueces, especialmente los de lo contencioso, quienes supliquen a los poderes autonómicos… ¡que no ejecuten sus propias Sentencias! Hasta este punto se ha llegado en el embarrar el Estado de Derecho. Sobre este punto, tendremos que escribir algún otro artículo. Pero la situación en España es que los Jueces no ejecutan sus Sentencias frente a las Administraciones Públicas. Y no se les cae la cara de vergüenza con ello. En el ámbito urbanístico, medioambiental o en contratación pública, la Administración, sea la Autonómica o la Local, sabe que puede burlarse impunemente de la Ley, porque los Jueces contenciosos no van a dictar Sentencia en contra de ellos, dado el préjugé favorable que tienen siempre hacia la Administración. Así como señaló el Informe Auken, los jueces españoles admiten que no están preparados para combatir la corrupción urbanística. Hay que añadir que en realidad la corrupción se da porque los Jueces no se atreven a ejecutar sus Sentencias, y eso, que, como hemos dicho, tienen casi siempre un prejuicio favorable a la Administración frente al particular. La situación es ridícula: no dan medidas cautelares, luego cuando se manifiesta absolutamente la ilegalidad, dictan una sentencia que ellos mismos no se atreven a ejecutar, dado que la situación se les ha ido de las manos… por no otorgar la medida cautelar. Un maldito ritornello que hace un enorme daño al ciudadano que ve como indefenso lo maltratan en el ámbito de la justicia continuamente.

Aquí modernizar la justicia es, exactamente, establecer un Estado de Derecho perfecto en el que al Juez no se le permitiera un amplio poder de decisión – otorgar o no la medida cautelar – sino imponérsela desde la Ley. Y los jueces, si tuvieran que acatar la ley completamente, no como ahora que la acatan pero no la cumplen, en casos como éste, tendrían que llegar hasta el final, pero dando todos los pasos intermedios. Pasos éstos que podrían también publicarse y estar disponibles para los administrados, con lo cual la transparencia sería enorme. Y enormemente útil, también. Pero claro, ello, además de obligar a los Jueces a estar muy atentos y no relajarse, supondría una lucha efectiva contra la corrupción. Lo cual, está en las antípodas de nuestra clase política, que ha hecho de la corrupción el nicho donde refugiarse para enriquecerse. España y todas sus Autonomías, son corruptas, y lo que se está viendo no es otra cosa que la punta del iceberg. Y todos los Letrados urbanistas lo saben. Marbella fue un caso que se destapó porque los dos grandes partidos eran perdedores y no lograban su propio beneficio de un Ayuntamiento en manos de terceros. Pero eso es todo. No hay Municipio, salvo alguna excepción a demostrar, que no tenga corrupciones ligadas al urbanismo, medio ambiente, contratación y personal. Y esta visión negativa no es fruto de exageración ni hipérbole, sino, lamentablemente, de la suma de experiencia propia y comparada, continua, en la que cada vez que se quiere hacer las cosas bien, siempre aparece el omnipresente partido político decidiendo “pro domo sua” y no precisamente a favor del interés general.

Los juicios con principio de oralidad, que ya están en la ley e incluso en la propia Constitución, tendrían que ser la regla, ya que la cercanía e inmediatividad son elementos cruciales en cualquier proceso de toma de decisiones por un tercero, si se pretende lograr el conocimiento exacto de las cuestiones.

Modernizar la justicia, desde luego. Pero poniendo en un decálogo lo que se quiere hacer, cuánto cuesta y cómo conseguirlo. Otra cosa es volver a marear la perdiz.