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La ambigüedad de la política alemana en Bielorrusia

viernes 19 de noviembre de 2010, 16:42h
Alemania, además de sus vecinas Polonia y Lituania, es uno de los países de la UE más involucrados en las relaciones con Bielorrusia. Llama la atención, sin embargo, la política de una “doble vía” de Berlín hacia Minsk. Oficialmente, Alemania critica las autoridades bielorrusas por no respetar los derechos humanos y los principios democráticos, pero, al mismo tiempo, incrementa su presencia en el mercado bielorruso.

Hace unos años, Alemania llegó a la conclusión de que la política de la UE de un aislamiento de Bielorrusia por no respetar los derechos democráticos no estaba teniendo resultados a la hora de mejorar su sistema político y de imponer unas reformas económicas. De hecho cuando en 2008 la UE levantó las sanciones contra Bielorrusia, Alemania llevaba ya tiempo asegurándose su posición en el mercado bielorruso a través de una cooperación económica cada vez más activa y de unos contactos políticos muy intensos; y Berlín tampoco oculta su interés en la privatización de las grandes empresas estatales de Bielorrusia, así como en la venta de sus propias tecnologías y sus productos, y en sus inversiones en el sector agrícola.

Mientras tanto, el Presidente bielorruso Aleksander Lukashenko ha mejorado sus relaciones con Rusia y ha ganado cierta confianza por parte de la UE, que es adonde se orienta el 44% de las exportaciones bielorrusas. La consolidación de las relaciones económicas entre Alemania y Bielorrusia debería tener lugar sin confrontación con Moscú y en cooperación con otros países interesados en establecer los vínculos entre la UE y Minsk a través del programa Asociación Oriental.

En este contexto conviene tomar nota de las recientes visitas del Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Guido Westerwelle, a Moscú y Vilna, así como su próxima visita, junto con el Ministro de Asuntos exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, a Minsk. Todos estos países pueden actuar como un lobby para que la UE otorgue a Bielorrusia el estatuto de relación económica preferencial, de la cual se podrían beneficiar todos países miembros.

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