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Felipe González, Mrs. Thatcher y la hipocresía española frente a la violencia

miércoles 24 de noviembre de 2010, 16:06h
Felipe González ha sido un político excepcional en la reciente historia contemporánea de España: antes de la Transición, convirtiendo un Partido Socialista marxista, gremialista y provinciano, dirigido por exiliados republicanos desconectados de la realidad española, en un partido moderno, interclasista y en sintonía con la nueva España de amplias clases medias; durante la Transición, comprendiendo que una democracia estable se construye desde el acuerdo, que no desde la victoria -máxime en un país con un definido perfil bipartidista desde tiempo inmemorial y tras una guerra civil seguida de una dictadura vengativa-; después de la Transición, concertando la política autonómica –y económica- con el gobierno del centro-derecha y ganando luego unas elecciones de manera aplastante pero gobernando, sin acritud ni resentimiento, de manera tranquila, seria y responsable, sin romper los consensos básicos de la Transición, continuando la apertura de la economía, apostando por –y logrando- la plena incorporación a Europa y alejando a España de delirios tercermundistas para mantenerla en la OTAN.

Felipe González ha sido un gran comunicador político en este mundo nuestro de la realidad virtual, la imagen y la puesta en escena. “Daba muy bien” e indudablemente era telegénico pero pocos le recordarán como un político-actor. Fue un hombre de estado. Era un político culto con una formación histórica y una idea de España y de Europa cumplida, aun cuando discutible y sesgada desde ciertos puntos de vista. Había viajado extensamente fuera de España antes de ser presidente y hablaba francés con soltura. Gustara o no, que esa es cuestión de naturaleza diversa, tenía un programa coherente, que formulaba de manera barroca pero articulada, en lugar de una colección de sondeos desplegables en busca de titular e imagen. En suma, la distancia que le separa, a él y a sus gabinetes, de quienes les han sucedido al frente del Partido Socialista es simplemente sideral. Y la comparación de resultados a la vista está.

Felipe González gobernó mucho tiempo. Quizá demasiado. Y, claro, cometió errores: un crecimiento desmesurado del gasto público, despilfarro y deficiente control del presupuesto, como consecuencia de esa especial dificultad que parecen tener los socialistas para asumir que el dinero público es de los contribuyentes -de cada uno de ellos, se entiende. Quizá por eso, en su tiempo, hubo demasiados casos de corrupción que recibieron menos atención de la exigida por los cánones de virtud republicana propios de una democracia. Y lo más grave –aunque sea dudoso que este juicio de valor fuera compartido por la mayoría de la sociedad española de entonces y de hoy- fueron los crímenes de estado organizados, o cuando menos tolerados, en los aledaños del poder. Un hecho trágico y lamentable que ha resurgido al rebufo de unas declaraciones recientes, donde el Presidente González comparte honestamente con el lector sus dudas en relación a las tremendas opciones que hubo de afrontar en la lucha contra el terrorismo Etarra: en concreto, la posibilidad que tuvo –pero desechó- de “volar” la cúpula de ETA, una de cuyas reuniones había sido detectada con antelación y precisión por los servicios de inteligencia. Una declaración que ha sido interpretada como confesión propia de ser el jefe de los comandos para-policiales del GAL: la X del siniestro entramado, como se dijo entonces y se repite ahora.

¿Es razonable dicha conclusión y subsiguiente polvareda mediática que se ha levantado por algunos portavoces del PP y medios afines? En mi opinión, en modo alguno. Más bien se trata de otra manifestación del pensamiento desordenado que nubla nuestro juicio a izquierda y…derecha, en este caso. La explicación tiene su interés porque ilustra lo mal que ha entendido y manejado una parte, quizá mayoritaria, de la opinión española estos fenómenos de violencia terrorista: los de entonces, relacionados sobre todo con la violencia nacionalista, no menos que los de hoy, crecientemente ocasionados por el totalitarismo islamista y la piratería somalí. La consecuencia de estos errores de comprensión se ha saldado, en el caso Etarra, en una prolongación del terrorismo eusko-nazi; esto es, una cuota mayor de muertes, sufrimientos y torturas que una buena comprensión del fenómeno y una política adecuada y enérgica en sazón nos hubiera ahorrado.

Pero vayamos a la abusiva interpretación que algunos, con una fuerte concentración de activos personales en las empresas de poder de la derecha, han querido derivar de las polémicas declaraciones de don Felipe González. Una cosa es abrigar una duda general y razonable sobre lo inverosímil que una trama (los GAL) de esa gravedad y envergadura se hubiera montado –y funcionado- sin el conocimiento y aprobación de las máximas autoridades del momento, y otra cosa muy distinta es convertir sospechas, por fundadas que sean, en certezas. Ese salto lógico –no sólo jurídico- requiere de la pértiga de la prueba para evitar caer en el precipicio de las conclusiones carentes de fundamento. En este sentido y en concreto, las declaraciones de nuestro Presidente no pueden aducirse como la confesión de parte que nos releva de la prueba. Lo dicho en cuestión no prueba nada más que lo que su autor reconoce paladinamente: que fue informado con precisión de una reunión concreta de la cúpula terrorista. A partir de ese escenario, Felipe González nos transmite la angustia del poder ante un dilema dramático, su decisión rechazando la posibilidad de un letal descabezamiento de la cúpula Etarra y sus agónicas dudas posteriores sobre tal determinación, en vista de los numerosos asesinatos planeados y ordenados por la macabra dirección de la banda terrorista que el Presidente tuvo en su punto de mira. Se puede comprender y hasta simpatizar con el dilema moral que angustia al señor González pero, en realidad, se trataba de una falsa opción. A mi juicio, dada la situación, el Presidente González no tenía alternativa porque –y esto es lo interesante y revelador de la política española en relación al terrorismo- carecía de cobertura legal para cualquier acción ofensiva.

En realidad, el fenómeno terrorista, a pesar de su incuestionable gravedad política y saldo sangriento, venía siendo tratado en España como si de una banda criminal de simples delincuentes se tratara. La razón es compleja y no sólo imputable a los gobiernos de la época. La opinión pública –y publicada- es altamente responsable de una actitud lenitiva frente al terrorismo que sucesivos gobiernos no se atrevieron a contrariar. Recuerdos tremendos que venían de la Guerra y la mala conciencia heredada de una Dictadura retributiva y represiva se mezclaban con las tentaciones –y ganancias- de una falsa negociación y con la ignorancia e incomprensión de fenómenos de violencia terrorista: un revuelto que ayuda a entender la repugnancia por afrontar el lado hosco de la realidad, la política del avestruz y la falta de medidas enérgicas frente al terrorismo, en un precipitado de hipocresía general que hizo que los atentados, en buena medida, estuvieran financiados con fondos provenientes de nuestros propios impuestos (Mikel Buesa), a través de las subvenciones logradas por la sección política de ETA en virtud de su presencia en las instituciones. En esta situación, poco menos que delirante, en que los Etarras eran homenajeados públicamente y las víctimas silenciadas, mal podía el Presidente González –obviando incluso otros constreñimientos de orden internacional- tomar la decisión de “volar” a aquellos a quienes Hacienda estaba financiando con el dinero de nuestros impuestos.

Como la realidad es diosa vengativa de cuantos pretenden ignorarla, resurgiendo siempre –versificaba Horacio- con “una mueca aún más espantosa”, la salida de tanta hipocresía tomó el atajo de la guerra sucia. En España. Por el contario, en Inglaterra, Mrs Thatcher, en trance parecido, optó por la política contraria. Le hizo frente a la cara fea de la realidad y abordó el problema terrorista con decisión y energía, obteniendo del Parlamento el endorso legal necesario para afrontar el reto de forma contundente: ordenó “to shoot on sight”, disparar contra los terroristas nada más verlos. Y lo dijo abiertamente en la Cámara, buscando la cobertura política y legal. Por eso, ella sí pudo elegir entre los dos términos de una alternativa dramática. Y, cuando decidió abatir a unos terroristas del IRA en Gibraltar, no dudó en regresar al Parlamento sin esconder sus responsabilidades. Muchos recordarán su retadora pregunta ante los Comunes: “who is responsible? I’m responsible”.

La reflexión pertinente en relación a las declaraciones del Presidente, lo relevante del caso, es precisamente que nuestro Presidente nunca tuvo la opción de tomar la letal decisión de Margaret Thatcher porque, a diferencia de la Primera Ministra, carecía de cobertura legal y parlamentaria. Esta afirmación no implica el endorso de una postura determinada en el dramático dilema. Significa, eso si, el contar con la posibilidad de esa y otras opciones. Pero en la España de entonces no hubo caso porque ni Felipe González ni sus antecesores se atrevieron o pudieron confrontar a la opinión española con la realidad cruel y desagradable, en este y en otros muchos aspectos menos sangrientos pero más sonrojantes.

Y que nadie se engañe. De poco sirve culpar ahora a Felipe González de tan penosa situación, cuando una parte muy importante de la opinión pública española ha pasado largos años dando la espalda al lado macabro de la realidad. Muchos, muchísimos hemos tardado demasiado en reconocer que el terrorismo eusko-nazi nunca estuvo interesado en la autodeterminación, ni siquiera en la independencia. Fueron señuelos, no más, sólo etapas hacia un objetivo político innegociable: el poder; el poder absoluto, se entiende, para la construcción de un proyecto totalitario. Y la falta de esa inteligencia –que no la opción que atormenta al señor González y que nunca existió- es lo que verdaderamente ha prolongado la tortura que hemos padecido. Porque lo cierto es que la decisión de afrontar el problema terrorista en todas sus dimensiones y con firmeza no llegó hasta el gobierno del Presidente Aznar y la Ley de Partidos –con apoyo socialista, conviene recordarlo- quizá tras el revulsivo popular que supuso el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, auque es muy posible que el señor Aznar estuviera decidido desde un principio a trocar los “atajos” por una política legalista pero firme.

Así pues, en lugar de insistir en el rito cainita con gran lanzada al moro retirado, lo mejor que podríamos hacer es aprender de nuestros errores. Para empezar –y tras las sucesivas intentonas del terrorismo islamista posteriores a nuestra retirada de Irak- deberíamos reconocer que colocamos mal la preposición en el razonamiento más popular que siguió a la tragedia de Atocha: no nos pusieron las bombas porque estábamos en Irak, sino para que saliéramos de allí. El ejemplo no es baladí. Quizá, la comprobación empírica del caso –y su reconocimiento público y publicado- nos ayudaría a entender la verdadera naturaleza de estos fenómenos de terrorismo con vocación totalitaria: que son pro-activos, no reactivos, y, que si bien buscan coartadas, no precisan de justificaciones, y, por tanto, nos atacarán dónde y cuándo puedan; que, en lugar de concertar acuerdos, cubren etapas hacia su objetivo de poder absoluto; y que, por ello, toda negociación política, todo pago de rescates o canje de secuestradores, ya sea en Somalia, el Sáhel o en Vizcaya, en lugar de ayudar a resolver el problema, remunera la violencia, alimentando a la fiera en el convencimiento de que el macabro sistema resulta rentable. Equivocarse está en la condición humana. Porfiar en el error es ya una opción escoltada por un cierto grado de estupidez.
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