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Estado de alarma: el día después

martes 07 de diciembre de 2010, 13:32h
La situación provocada – en el doble sentido de la palabra –por los controladores aéreos, al secuestrar a todo el país, tuvo su respuesta inmediata en el Decreto – Ley, acompañado de otras normas reglamentarias, que logró paralizar la brutal acción del cártel de tales sujetos.
Hay que afirmar que la respuesta era proporcionada y perfectamente lícita, de una legitimidad completa y sin fisuras. Exactamente para eso está el estado de alarma, previsto en la Ley.

Sorprende, gratamente, que por una vez, el Gobierno no haya creído que autoridad equivale a autoritarismo, como hizo, lamentablemente, cuando el 28 de julio de 2006, cuando los trabajadores de Iberia camparon por sus respetos en las pistas de El Prat y tomaron el aeropuerto, en un ataque sedicioso. Y el Gobierno, mirando a otro lado.

En nuestro país, el ejercicio de la autoridad es algo que repele en general a los poderes públicos, sean del color político que sean. Recuérdese la bochornosa acampada de Sintel en la Castellana de Madrid, durante meses y meses, ante la meliflua sonrisa del Alcalde José Mª Álvarez del Manzano, quien no adoptó ni una sola medida y permitió la vergonzosa situación que ocasionó el mayor descrédito a una ciudad europea que se recuerde.

Y es que la exigencia de responsabilidades, propia de un país serio, no es lo que toca a nuestros políticos, en general nada serio y en absoluto fiables.

De ahí la sorpresa de que, por una vez, se haya actuado en España como lo haría un británico, un francés o un alemán. Esto es, exigiendo de una vez que se cumplan las leyes y el respeto a los ciudadanos.

Pero la cuestión es qué hacer ahora. Porque si resulta que tras toda esta demostración de fuerza jurídica y de energía política, no se va a hacer nada, como nos tememos, una vez más acabaremos siendo el país de los débiles, donde cualquiera puede jugar con nosotros; el país sin personalidad.
Sea sedición, sea desobediencia militar, sean ambos según los momentos en que se adoptaron los fraudes, los delitos se han cometido. Y asimismo las responsabilidades civiles, y las exigencias de indemnizaciones, tienen que comenzar a actuar. Eso no se puede dejar pasar por alto. No cabe olvidarse ya del asunto y pasar página, como gustan de hacer siempre nuestros políticos. No basta con burlarse del Estado de Derecho, como tantas veces hacen en la clase política, engañando, pervirtiendo, defraudando. No. Por una vez, habrá que intentar ser como si fuéramos norteamericanos o ingleses o franceses.

Lo vamos a ver. Pero adelanto mis dudas. Creo que ha habido un momento de excelente firmeza y claridad, al servicio de los ciudadanos. Pero barrunto, con fundamento en decenas de casos anteriores, que una vez que más o menos los controladores vuelvan a sus puestos, nuestros políticos se olvidaran del asunto.

Cierto que, también, el tema tiene otras múltiples aristas: la desaparición del Presidente del Gobierno, que con su buen talante prefiere dejar a Blanco y Rubalcaba la cuestión de comparecer ante la opinión; o el escaso y relevante papel de Rajoy en este asunto, demasiado en su papel de víctima y poco de líder: o también la zafiedad gárrula de un tal Gaspar Zarrías (en realidad es una tautología duplicar los calificativos).

Pero todo esto, tiene que dejarse para más adelante. Y también para después exigir todas las comparecencias.

Ahora lo que toca es que de una vez por todas, estos enfermitos de los controladores, acaben donde deben acabar: en la cárcel. Y pagando las indemnizaciones. El resto es pura literatura. Pero, ya veremos. Seguro que tras un par de expedientes para disimular, estos delincuentes volverán a las andadas y sin que les hayan puesto en la calle. Que es el sitio donde deben estar.
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