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El respeto a la norma como principio

martes 14 de diciembre de 2010, 14:01h
Si una sociedad comienza a perder el respeto a la norma, tenemos un gran problema, pero si esto sucede desde los poderes públicos, la situación se convierte en dramática. En estas últimas semanas han sucedido algunos acontecimientos realmente preocupantes que no debemos pasar por alto. De entrada hay que recordar lo que al respecto señala nuestra Constitución de 1978. Así, en su artículo 9.1 indica: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Es obvio que todos debemos respetar las normas jurídicas, pero con especial cualificación los que son poderes del Estado y, por encima de todos, el Gobierno de la Nación.

En este sentido, y en relación con la crisis de los controladores, su abandono injustificado e irresponsable -realmente salvaje por sus consecuencias- de sus puestos de trabajo debe tener una respuesta jurídica en los tribunales, de hecho, ya son varios de miles los afectados que van a acudir a la Justicia. Me parece perfecto, los ciudadanos debemos exigir el ejercicio de nuestros derechos y reclamar por los daños y perjuicios causados. Quien no actúa conforme a Derecho, tiene que responder frente a los Tribunales. Pero sin duda, lo más grave de este lamentable episodio fue cómo el propio Gobierno vulneró la Constitución y la ley al decretar el estado de alarma. El artículo 117.5 CE es clarísimo, la militarización del personal civil sólo cabe en el estado de sitio, nunca en el de alarma: “La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio”. El artículo 116.2 exige la reunión inmediata del Congreso de los Diputados para darle cuenta, el Gobierno lo hace casi una semana después, curiosa interpretación de la inmediatez y, para mayor burla, cuando estamos ante una materia de máxima seriedad -la posible suspensión de derechos y libertades de los ciudadanos-, no se permite un debate a fondo en el Pleno del Congreso.

Sin embargo, el hecho más escandaloso es la vulneración del artículo 4.c) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, por parte del Gobierno. Este artículo, cuando en su elaboración llegó al Pleno del Congreso de los Diputados, sí permitía que la paralización de servicios públicos esenciales fuera uno de los cuatro supuestos -junto con las catástrofes naturales, crisis sanitarias y situaciones de desabastecimiento- para declarar el estado de alarma. Sin embargo, y esta es la clave, el diputado Sartorius, del grupo parlamentario comunista, quiso que el conflicto social o laboral se excluyera del estado de alarma, y su enmienda fue mayoritariamente aceptada y, por tanto, se aprobó. Y así, el actual artículo 4.c) exige junto a la paralización de servicios públicos esenciales -supuesto que sí se dio el viernes 3 cuando los controladores paralizaron el espacio aéreo español- que “concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”, esto es, una catástrofe natural, una crisis sanitaria o una situación de desabastecimiento, y evidentemente esto no sucedió. El Gobierno no podía decretar el estado de alarma, pues el artículo 4.c) no se lo permite. Los controladores aéreos ya han llevado su Decreto ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y han hecho bien, pues como decía el artículo 9.1 todos debemos respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico, especialmente los poderes públicos.

El Gobierno tiene que respetar la Ley, los Ayuntamientos también. El 9 de diciembre un periódico de ámbito nacional daba esta noticia: “Todos los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están obligados a rendir cuentas generales a la Cámara de Cuentas para que esta las fiscalice. Por ley. Pero no lo hacen”. El tema es gravísimo, de 222 entidades locales 140 no entregaron la contabilidad de 2008 y sólo el 9% del total habían rendido cuentas en el plazo legal. Realmente nuestra vida pública necesita de bastante “aire fresco”, de una nueva forma de hacer política, muy diferente al escasísimo nivel institucional y sentido de Estado que traslucen muchos de nuestros poderes públicos. Esperemos que los ciudadanos tomen nota y sepan exigir responsabilidades en su momento, en esto consiste la democracia, que por definición, solo a ellos pertenece.
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