México contra “La Familia”

El cártel de “La Familia” michoacana está en la mira del Ejecutivo de Felipe Calderón, tanto por ser una de las bandas del crimen organizado más peligrosas y letales de México, como por reclutar a policías y funcionarios públicos en sus filas, mientras se dedican al negocio del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Sin embargo, la muerte del líder de la banda, Servando Gómez, alias “La Tuta”, a manos de la Policía Federal mexicana, ha desencadenado una declaración de guerra entre el clan criminal de “La Familia” y el Estado.

Los narcos leales a “La Tuta”, irónicamente invocando a Dios, llamaron a no rendirse y a vengar la muerte del capo, a la vez que a impedir que la policía y el Ejército irrumpan en Michoacán; mientras los cuerpos de Inteligencia y de seguridad del país han emprendido una cacería de brujas a la cúpula de la organización criminal, así como a la purga de los organismo públicos. Una actividad que, aún cuando es considerada como prioritaria para el restablecimiento de la institucionalidad del orden público, dicha depuración va, lamentablemente, a paso de tortuga.

Tan sólo el 15% de los policías estatales, el 9,3% de los municipales y el 6,5% de los fiscales han sido evaluados con los controles de confianza, aquellos que permiten detectar posibles nexos entre los funcionarios michoacanos y el crimen organizado. Sobre todo si se toman en cuenta que las instituciones públicas de este Estado se hallan fuertemente penetradas por “La Familia”. En 2009, el Gobierno federal detuvo a decenas de alcaldes y funcionarios públicos vinculados a este cártel.

La precariedad de los salarios y condiciones tanto de los policías como la de los trabajadores del estado, así como las deficiencias en el sistema judicial mexicano, hace que estos funcionarios caigan en la tentación del dinero fácil, constante y sonante, que provee el narcotráfico, a cambio de unos cuantos favores. Una poco honorable actividad que les permite recibir la “protección” y “cuidado” de estas bandas, en un país que cierra el 2010 con 12.400 muertes violentas, y en donde cada vez queda menos espacio para la ética y la moral, y más para la premisa de “adaptarse o morir”.