El conflicto de los controladores: once meses que terminan en estado de alarma

El conflicto de los controladores y el Ministerio de Fomento se resume en once meses de tensiones, el cierre de una herida en falso y una postura de fuerza tanto por estos profesionales como por el Gobierno, que ha desembocado en el estado de alarma.

Situación esta última que es la primera vez que se produce en la democracia y con la que se solucionó, de forma ilegal según este colectivo, el cierre del espacio aéreo español originado por el abandono masivo de los controladores de sus puestos de trabajo el 3 de diciembre, víspera de un largo puente.

Pero el conflicto, que alcanzó su máximo nivel ese día a las 17:00 horas, no es sino el último hecho de un desencuentro entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), ente dependiente de Fomento, y los controladores, que aunque data de años atrás, se recrudeció el 5 de febrero del 2010.

Ese día, y ante la falta de avance en las negociaciones que mantenían AENA y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que se devolvió al ente público la capacidad de gestión y de control del tráfico aéreo, a la vez que se liberalizaba el servicio. La respuesta de los controladores fue inmediata y desde USCA se anunció la posibilidad de convocar negociaciones e incluso llegar a la huelga. El Parlamento refrendó la ley, que entró en vigor el 15 de abril y que estableció una nueva reorganización del trabajo y rebajó los salarios del colectivo tras haberse hecho público que los controladores ganan una media anual de 350.000 euros.

Durante el verano los aeropuertos españoles sufrieron retrasos y bajas laborales de controladores, mientras que AENA anunciaba que iba a enviar a sus servicios médicos para certificar si realmente se encontraban enfermos. Dentro de las medidas adoptadas por el ente público también destaca la anunciada por el ministro de Fomento, José Blanco, en julio, de llegar a capacitar a controladores militares para cubrir las bajas de los civiles, a quienes acusó de llevar a cabo una "huelga encubierta".

La situación volvió a complicarse a finales de ese mes, cuando se aprobaron sucesivamente dos decretos por el Gobierno, uno que abría las posibilidades de que se pueda encomendar el tráfico aéreo a controladores privados ajenos a AENA, y otro que regulaba sus jornadas laborales en 1.670 horas más 80 extras.

Ante estos hechos, USCA convocó a los controladores el 3 de agosto a un referéndum para ver si apoyaban la convocatoria de una huelga legal, propuesta que obtuvo el respaldo del 98 por ciento. Con este arma en las manos se mantuvieron las negociaciones entre USCA y AENA, y tras una situación inestable en los aeropuertos, el 13 de agosto se firmó por parte de los negociadores el borrador de un preacuerdo por el que se aceptaban las condiciones laborales establecidas por Fomento a cambio de flexibilizar la jornada laboral.

En noviembre se volvió a convocar la mesa de negociación y a finales de ese mes USCA y AENA presentaron sus propuestas para la firma del II Convenio Colectivo.

El 3 de diciembre la situación tomó una dirección totalmente opuesta: el Consejo de Ministros ratificó en un real decreto de medidas económicas que el máximo de horas anuales que deben trabajar los controladores es de 1.670 y que no son computables aquellas otras horas que por imaginaria, enfermedad, permisos varios..., deban tomar los controladores. Ese mismo día, los controladores abandonaron masivamente sus puestos de trabajo.

AENA decidió entonces cerrar el espacio aéreo español, situación que se prolongaría durante 20 horas y que afectó a cerca de 600.000 personas que esperaban coger su avión para disfrutar del puente de la Constitución. La respuesta del Gobierno fue inmediata y, ante la negativa de los controladores a regresar a sus puestos de trabajo, se reunió en un Consejo de Ministros extraordinario y decretó el estado de alarma y la militarización del servicio de navegación aérea. La Fiscalía investiga la actuación de los controladores para ver las posibilidades de su enjuiciamiento y el Ministerio de Fomento ha abierto más de 400 expedientes.

Por el momento, el estado de alarma continuará hasta el 15 de enero después de que el Parlamento autorizara la prórroga solicitada por el Consejo de Ministros.