Por unos cuantos dólares

¿Qué haría uno por unos dólares si su familia se encontrara en una situación precaria? Esta es una pregunta que muchos inmigrantes en Estados Unidos no se hacen. Simplemente aceptan cualquier condición laboral, siempre y cuando puedan obtener algún dinero que les permita enviar a su pueblo lo suficiente para que los seres queridos puedan comer, comprar medicinas, y quizá hacer algunas reparaciones necesarias en sus humildes casas.

Los inmigrantes soportan con estoicidad vivir hacinados en pequeños lugares, en barrios peligrosos y sobre todo, trabajar bajo condiciones que en muchas ocasiones violan no sólo la legislación laboral, sino también el código penal y los derechos humanos. Muchos de estos trabajadores realizan sus labores en jornadas de más de diez horas diarias por sueldos por debajo del salario mínimo, y en condiciones en las cuales su vida y salud pueden correr peligro. Las cifras sobre accidentes en centros laborales y enfermedades relacionadas, que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA) del Departamento del Trabajo federal reportó para 2005, ascienden a 4,2 millones, y para 2006 se reportaron 5703 muertes de empleados. El sector con mayores violaciones a las normas de seguridad es el de la construcción, con un 59,3% de los incidentes. Sin embargo probablemente las cifras reales puedan ser mucho más elevadas, debido a que algunos incidentes no son registrados por la falta de denuncia de los trabajadores, en parte por miedo a ser deportados, pero también por el desconocimiento de sus derechos y por la creencia en la inutilidad de hacerlo.

Esto puede ser cierto en algunos estados donde la legislación local limita los beneficios y derechos de los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, varios de los Departamentos del Trabajo estatales y otras oficinas gubernamentales, como los es el caso de los estados del noreste del país, confieren derechos a los trabajadores indocumentados y contemplan sanciones a los empleadores que violan la legislación laboral. Pero esto no es suficiente, en parte por lo dicho anteriormente sobre el desconocimiento sobre las leyes, pero también debido a la falta de personal que lleva a cabo inspecciones en lugares de trabajo y al lento proceso judicial para investigar y juzgar el gran volumen de accidentes y muertes relacionadas con el trabajo. Empacadoras en estados como Nebraska, constructoras de Nueva York, o empresas de productos químicos en Nueva Jersey, no siempre cumplen con las normas de seguridad que la incipiente legislación laboral establece.

Muchos trabajadores indocumentados sufren extensas jornadas de trabajo sin el pago reglamentario de horas extras, y en ocasiones ni siquiera reciben el pago del salario mínimo establecido. La División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo recuperó en el año fiscal 2007, $220 millones por concepto de sueldos atrasados para 341000 empleados que presentaron denuncias. De acuerdo con las estadísticas de esta oficina, el sector de hostelería es el que recibe el mayor número de reclamaciones por salarios atrasados, seguido por la agricultura y el de servicios sanitarios. Ejemplo de acciones llevadas a cabo por autoridades locales para combatir estas prácticas de explotación es la Oficina del Procurador del Estado de Nueva York, la cual en 2006 recuperó US$28.852 en concepto de pago de horas extras adeudadas para empleados de tiendas de alimentación en Brooklyn, los cuales trabajaban doce horas diarias, siete días a la semana. Esto haría pensar que muchas empresas se benefician de la explotación de sus trabajadores, pero también de la evasión fiscal al no reportar el total del número de empleados.

Adicionalmente, y más dentro del contexto penal y de derechos humanos, varios trabajadores sufren también abuso físico por parte de sus empleadores. En ocasiones ciertamente la realidad supera la ficción. Se han registrado denuncias por amenazas de muerte, lesiones y agresiones intencionadas por parte de los patrones. Algunos de estos casos siguen un proceso penal que conduce al encarcelamiento de los responsables, pero muchas otras veces esto no es posible por la falta de datos sobre el empleador, haciendo imposible que la justicia siga su curso. Los esfuerzos de algunas autoridades y organizaciones comunitarias se vuelven insuficientes sin una adecuada divulgación sobre los derechos de los trabajadores, y sin la confianza de éstos en la justicia. De continuar esta situación, el país de las oportunidades seguirá siendo también el país de la explotación laboral.