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Jueces y seguridad jurídica

José Eugenio Soriano García
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josesorianoelimparciales/11/11/23
miércoles 02 de febrero de 2011, 12:56h
Un Juzgado de lo Mercantil de Navarra ha dictado una curiosa Resolución.

Dice que si un deudor hipotecario no tiene suficiente para cubrir su deuda con el bien que se adjudica en la subasta tras el proceso de embargo y realización del mismo, la deuda ya queda cancelada y el Banco no puede proseguir contra dicho deudor.

Esto es, que para este Juez, resulta que el monto total de la deuda equivale al importe de la realización del bien, de su valor en subasta. Así, en el caso en que el valor del bien subastado en ejecución de una hipoteca no atendida, resulte ser menor que la deuda, pues, por arte de birlibirloque, el deudor queda exonerado de abonar la diferencia.

Para este Juez, pues, las deudas contraídas por un importe cualquiera, equivalen al valor de la garantía hipotecaria. Esto es, el valor del inmueble cuando se vende en la subasta que es consecuencia de un proceso hipotecario de realización de ese bien, concluye totalmente con el crédito que queda así agotado totalmente por el importe del bien.

Los “argumentos del Juez” son curiosos. El más importante, según Su Señoría, es que el Banco que dio el préstamo hipotecario fue el que tasó el bien. Y por tanto ya sabía el Banco a la hora de prestar cual era el verdadero valor del piso, del inmueble. Una especie de “no ir contra los propios actos, aunque esos actos los hagan unos terceros, como son los compradores en subasta del bien”. Una extensión universal del principio de confianza ilimitada y de conocimiento anticipado del futuro por parte de las Entidades Financieras.

Y al parecer, para el Juez, no es “argumento” que la Ley, y miles y miles de Sentencias en su aplicación digan lo contrario. La palabra de la Ley, para este Juez importa poco.
Esta rebelión de los Jueces contra la Ley, resulta que no es tan extraña.

En el ámbito privado, jugando a ser una especie de Robin Hood miope los Jueces en no pocas ocasiones estropean y malbaratan las leyes, yendo en contra de las mismas. Unas veces, como en el caso de marras, frontalmente, y desconociendo porque le place el principio de legalidad y de sometimiento de los jueces a las leyes (de los jueces y de todos los demás, claro está). Otras veces, perjudicando y averiando el contenido de las leyes mediante la erección de toda clase de barreras para evitar así que se apliquen, como por ejemplo, tardando meses y meses, años a veces en lanzar a un inquilino moroso o incumplidor que no paga, estropea el piso y se burla del propietario.

Los Jueces se ponen ideológicamente y con pleno desconocimiento de las reglas del mercado y de la asignación correcta de los derechos y del principio de legalidad, a jugar a ver en todas las actuaciones una lucha entre David y Goliat. Y ellos, naturalmente, se creen David. ¡Así nos va! No hay quien crea en la Justicia y la seguridad jurídica… es todo menos seguridad. Adivinar lo que va a hacer un Juez no depende ni del estudio de las Leyes ni del examen de los precedentes judiciales que en forma de jurisprudencia deberían enseñar por donde se va. No. Depende, muchas veces, de la ideología, cuando no del humor de Su Señoría.

Todo lo cual se ha traducido, al final, en un desplazamiento de los sujetos privados a otras formas de garantías que no sean las judiciales; por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, exigiendo avales, seguros, etc, cualquier cosa menos confiar simplemente en la Justicia.

En el caso del derecho público, el desconocimiento de las leyes cuando no su violación completa, viene de la mano de la falsa antítesis entre el denominado interés general y del interés privado. Al parecer, siempre la Administración encarna el interés general y por tanto, aunque su actuación vaya en contra de las Leyes, no se puede aplicar sin más, a diferencia de lo que se le aplica a los privados. Si una Administración deja de pagar una deuda, los sistemas de cobro son… inexistentes. Si no atiende al suministro eléctrico, convencer al Juez de que aplique la ley, puede resultar una subida al Gólgota.

Ejecutar una Sentencia contra la Administración, aunque se haya ganado, es una broma muchas veces: piénsese en las Sentencias Urbanísticas y véase como en muchísimas ocasiones, han dejado de ejecutarse Sentencias, como no se derriban ilegalidades. Hoy veía en los periódicos como en Cáceres una urbanización ilegal era convalidada por los propios Jueces, que antes la habían declarado nula de pleno derecho. Y decían que “es que el Ayuntamiento, después de nuestra Sentencia, ha cambiado el Plan y la ha legalizado”. Una broma, como otra cualquiera. Porque, aparte de que en el caso comentado se había pedido la ejecución de la Sentencia antes de que el Ayuntamiento de Cáceres cambiara el Plan, resulta que cambiar un Plan para inejecutar una Sentencia, es un puro disparate y una invitación al más dañino fraude. Contra la Administración, nuestros jueces siempre están contentos y ociosos, que eso es lo que viene a significar Juez Contencioso. No puede ser que se permita un cambio por simple mayoría en el Urbanismo. De ahí, que todas estas inejecuciones, por cierto con una doctrina en contra del propio Tribunal Constitucional, sean al final una parte de nuestro desbarajuste en el Derecho, nuestro desprestigio como país y nuestra corrupción como sociedad. Para los Jueces, muchas leyes no sirven para nada, no les gustan y no las aplican. Y punto.

Las leyes están bien, muchas veces. Entre otras cosas porque más de la mitad de nuestra legislación es ya pura transposición de las Directivas comunitarias.

Pero lo que no puede ser es que los Jueces desconozcan estas leyes y que se vayan de rositas. Hay que cambiar las cosas. Y la independencia judicial no puede seguir cubriendo la violación flagrante de las Leyes. Hay que exigir responsabilidades. Y que quienes juzguen de esas responsabilidades, cambio legal y casi constitucional por medio, no sean Jueces, sino Jurado. Esto no puede seguir así.

El daño al medio ambiente, al urbanismo, el brutal incremento de la corrupción en nuestro país, podría haber sido corregido si los Jueces hubieran aplicado la Ley y no la hubieran desconocido. Son culpables de gran parte del caos social, del descrédito de la Ley. Y lo que al parecer ignoran es que ese descrédito del Derecho, es también el descrédito que ellos hoy tienen. No sé si lo sufren, pero hoy, ser Juez en España no es en modo alguno un título de prestigio. Con excepciones, desde luego, pero en general las mejores cabezas del Derecho ya no quieren ser Jueces, porque los Jueces actuales, consentidos en su propia falta de competencia, han hecho que hoy ya no sea una gran profesión. Y son ellos y solamente ellos quienes han arruinado el prestigio que tuvieron. Hoy, con Jueces contra la Ley, en nuestra sociedad, no se cree en la Justicia. Les falta coraje, personalidad, creencia en ellos mismos. Y muchas veces les sobra ideología, miedo, pánico al poder, cobardía para aplicar la Ley. Les puede la vida cómoda, rutinaria, burocrática, el buen pasar. Eso, de verdad, es lo que quieren los Jueces españoles, en su mayoría. Habrá que seguir confiando en que, algún día, aparecerán Jueces que apliquen la Ley de verdad, trabajen y hagan bien su trabajo, sean neutrales y no ideológicos y se constituyan en el centro de una gran recuperación jurídica, la cual, al final, es un paso imprescindible para tener una sociedad segura y prestigiada. ¡Soñemos pues con que algún día tengamos Jueces serios, rigurosos, valientes y que apliquen la Ley y sólo la Ley!

José Eugenio Soriano García

Catedrático de Derecho Administrativo

JOSÉ EUGENIO SORIANO GARCÍA. Catedrático de Derecho Administrativo. Ex Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia. Autor de libros jurídicos.

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