La instrucción del caso “Faisán”

Algunos de los casos que se instruyen en la Audiencia Nacional tienen una repercusión enorme, lo cual contrasta más de lo deseable con una de las máximas que ha de rodear a la administración de justicia: la discreción. Esta semana se ha sabido que el juez Pablo Ruz no llamará a declarar -de momento- al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, al estimar que sus conversaciones telefónicas durante los días en que se produjo el chivatazo al bar “Faisán” no guardaban relación con el caso. Se basa el juez en un informe policial que sostiene precisamente eso, la irrelevancia de dichas conversaciones. El problema es que el informe en cuestión ha sido redactado por los mismos que, teóricamente, estarían vinculados al tipo de operaciones que se llevaban a cabo en materia antiterrorista. O lo que es lo mismo, el vigilante se vigila a sí mismo.


De momento, no hay mucho más que objetar a la labor del juez Ruz, quien ha seguido a rajatabla las disposiciones procesales del caso. Ha estimado como procedente el informe por el que se consideraba innecesaria la comparecencia de Camacho, y eso es perfectamente respetable. Reabrió el caso cuando lo consideró oportuno, ha abandonado temporalmente una vía de investigación, pero las otras siguen su curso. Ni más, ni menos. Hasta la fecha, su cometido está siendo intachable. No puede decirse lo mismo den entorno de Interior, sobre el que se cierne más de una duda razonable. Lo único cierto hasta ahora es que una importantísima operación contra ETA se fue al traste porque alguien de Interior dio el chivatazo. Y eso es gravísimo. De ahí que no se entiendan las quejas de Rubalcaba dirigidas a quienes ponen en cuestión lo que sucedió y pretenden que se sepa la verdad. Porque un proceso negociador con ETA no puede dar patente de corso para que elementos incontrolados -o bajo control, que es peor- de Interior le echen un capote a los terroristas en detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.