Deuda para todos

José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido una semana plena de compromisos en su residencia, en La Moncloa. La primera visita de esta semana que está pronta a concluir correspondía con el recientemente elegido presidente de la Generalitat, Artur Mas. El líder nacionalista no quería que la primera reunión institucional entre el presidente del Gobierno y el líder regional se quedase en un acto protocolario, en un “deshielo”, por utilizar las palabras del propio Mas. El presidente catalán acudía a una reunión de trabajo, precedida de muchas horas de labor por los equipos económicos de las dos administraciones. Todo para resolver una duda, la de si el Gobierno de Zapatero permitiría o no a la Generalitat endeudarse a largo plazo para refinanciar la deuda, cuyos vencimientos amenazaban el mantenimiento de los pagos de los salarios, según han hecho ver los nuevos responsables de la administración regional.

Mas no venía sólo con exigencias. Ha aportado un plan preciso para reducir el gasto en un 10 por ciento este ejercicio, una decisión plenamente elogiable y que muestra a un tiempo dos cosas. La primera, la pésima gestión por parte del tripartito, que se deslizó por la pendiente del gasto público sin medida, sin más eficacia que la electoralista, y sin más futuro que el de los siguientes comicios. La segunda, que se pueden tomar medidas de recorte sin que se produzca una reacción adversa por parte de los ciudadanos. Ellos entienden mucho mejor de lo que pueda parecer que sólo les vale el gasto que sea verdaderamente productivo. Mas, por otro lado, también ha aportado los votos de su formación en el Congreso para sacar adelante nuevas medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Ante tal planteamiento, más la posibilidad de ampliar el acuerdo político a Cataluña, por un lado, y a lo que resta de legislatura nacional, por otro, José Luis Rodríguez Zapatero ha cedido a las exigencias del presidente autonómico. No obstante, la noticia de que el Gobierno permitía renovar el endeudamiento a Cataluña provocó una oleada de quejas por parte de otros presidentes autonómicos, que hacían ver en esa decisión un nuevo agravio comparativo en relación a Cataluña. Es significativo que una de las voces que más se han destacado en esa denuncia sea José María Barreda, que lleva ya al menos dos años desmarcándose en lo posible de Rodríguez Zapatero, en un desesperado intento por retener a su electorado ante la caída en la popularidad del líder socialista. Otros han señalado que no necesitarán de esas facilidades de financiación.

Lo cierto, sin embargo, es que no hay tal trato de favor. El Gobierno no prohíbe refinanciar la deuda a las comunidades autónomas (aunque sí al Ayuntamiento de Madrid, pese a la visita de Gallardón a La Moncloa). Sólo les impide aumentar su deuda. El favor que le ha concedido el Gobierno a Cataluña es el de haber aprobado y desbloqueado sus cuentas antes que los demás. Y especialmente, ese favor se lo ha dado con 760 millones más de ingresos por gastos en infraestructuras, y ha reconocido otros 1.000 millones más en concepto de fondo de competitividad, una partida concebida para favorecer a aquélla región.

Con todo, lo cierto es que el Gobierno tenía en su mano la posibilidad de dar una nueva vuelta de tuerca a la financiación autonómica, que habría aumentado la credibilidad de las cuentas públicas españolas. Pero no lo ha hecho. Zapatero ha preferido un atajo electoralista, optando por darles un respiro antes de las elecciones autonómicas del mes de mayo. Una nueva cesión por favores políticos.