La democracia en déficit

El legado de Keynes, al final, responde a la idea que rotula este artículo. Y hoy está de moda en España como consecuencia del grave problema del déficit del sector público. Especialmente, del autonómico, del cual el Estado es incapaz, a día de hoy, de atajar y atacar.

La continua política de pactos sobre esta cuestión, se ha traducido en una dejación o al menos en un fuerte debilitamiento de lo que, incluso el Tribunal Constitucional, reconocía al Estado en esta materia. Esto es, en la posibilidad de que la legislación de estabilidad presupuestaria, lograse que el déficit fuera objeto de combate común por todas las Administraciones Públicas.

En esto, el liderazgo del Estado debería haber sido muy fuerte. El problema está en que en Presidencia del Gobierno no se ha internalizado que éste es uno de los asuntos más graves de nuestra economía. El Estado de Derecho, tendría que haber sido aplicado con el rigor que exige siempre el tratamiento del déficit, esto es, utilizando todas las herramientas, a empezar por las legislativas, que indudablemente le corresponde.

Por eso, lo que no puede ser es la falta de liderazgo del Ministerio de Economía. Así, por ejemplo, salir a la palestra diciendo que es “una errata” la fecha tope de endeudamiento local, resta todo crédito e impide confianza en futuras actuaciones.

España, en la zona euro (excluida pues la Gran Bretaña) es el país con mayor déficit respecto del PIB (11,1% en 2009, último dato disponible, con previsiones, afortunadamente, a la baja – hacia el 9,1 % para este año).

Las Comunidades Autónomas, no obstante duplicar la dotación inicial del Presupuesto del Estado, parecen vivir en otra galaxia, en otra dimensión, como si no fuera con ellas el déficit. E igualmente algunos Ayuntamientos, si no toda la FEPM, que también reclama continuamente al Estado “su parte” como si no tuvieran nada que hacer las Autonomías (subiendo impuestos, claro está, pese a lo poco que les guste hacer de malo, papel que tienen institucionalmente reservado al Estado).

No se puede continuar con la contabilidad creativa, huyendo y huyendo de la contabilidad nacional a través de empresas internas, organismos, contratación “in house” o doméstica por poderes propios, en fin, intentando huir del cómputo del déficit público. E igualmente hay que prestar mucha atención a la contratación administrativa, tal como acaba de exigir en un reciente documento la Comisión Nacional de la Competencia.

La deuda pública autonómica, emitida para solventar tales déficits, también tiene topes, por mucho que en negociaciones políticas se pretenda continuar con la ilusión financiera de que se puede continuar en estas vacas flacas como en la de vacas gordas.

El Estado tiene que legislar y hacerlo con alguna independencia de sus socios de gobierno. Por las buenas o por las malas. No caben ya tintas medias. No se puede continuar pidiendo e imponiendo esfuerzos a la población, a los funcionarios, a los pensionistas y en lo demás continuar como si tal cosa. El Estado tiene que quitarse complejos y desde luego buscar el gran pacto fiscal y financiero con el partido de la oposición. No cabe continuar rehén, preso, sometido a la presión coyuntural de una u otra Autonomía. Es absurdo y ridículo que alguien grite que eso es un ataque a Cataluña, o a la región que sea. Se acabó el pastel. Y alguien tiene que darse cuenta.

Como va siendo hora también de que se pidan responsabilidades. Ya esta bien de irse de rositas. No se entiende, ciudadanamente, ese pacto con el tripartito que lleva el actual Govern. Y como el ejemplo catalán, otros tantos. Aquí hay que pedir responsabilidades, imponer desde luego sanciones a los irresponsables que se gastaron el dinero de generaciones y generaciones. Aquí hay que decir que la clase política está para algo más que para fiestas y festejos, para colocar amigos y parientes. Que los políticos no pueden seguir siendo un problema, sino la solución de problemas, con seriedad y con personalidad y liderazgo. Y eso exige, muchas veces, tener que tirar por la línea más incómoda, aquella poco amable de pedir cuentas y llevar a un Tribunal de Cuentas y luego al Tribunal que sea, sin excluir los de índole penal, a quienes despilfarraron – en el mejor de los casos – el dinero de todos.

Recuperar la dignidad de la clase política, supone ofrecer un pacto a la ciudadanía. Supone entender que soportamos sacrificios, esfuerzos y trabajos, pero a cambio de esperanza y de seriedad; a cambio de futuro. Y con este déficit y la consecuente deuda para financiarlo, no hay futuro. Sí lo hay, como vemos, en países como Alemania donde, si es necesario, se unen los dos grandes partidos y se aplican políticas comunes, simétricas, homogéneas. Y no como aquí, siempre pendientes de la última desigualdad financiera o del último invento asimétrico.

Un pacto con los ciudadanos. Un Código de Buenas Prácticas Políticas como oferta electoral. Ahí estaríamos todos apoyando a quien lo ofrezca. Y desde luego, la transparencia y publicidad, la responsabilidad y exigencia consecuentes, en fin, la claridad en las cuentas y en los documentos, ayudarán a que entre todos soportemos una crisis que, como sigamos así, nos va a hundir más si cabe en pesimismo, desesperanza y pocas ganas de arrimar el hombro. Y como no juntemos todos los hombros, la muralla de la desconfianza no se derriba. Y hay que derribarla.