Berlusconi y la Justicia italiana

El presidente del Consejo de Italia, Silvio Berlusconi, será procesado el próximo 6 de abril de forma inmediata por sendos delitos de prostitución de menores y abuso de poder. Aunque cuesta creer que llegue a celebrarse el juicio, ya que los letrados del cavaliere recusarán la competencia de la Fiscalía de Milán, abogando que le corresponde al tribunal de ministros. Según los fiscales, existen pruebas evidentes contra Berlusconi, y por eso el proceso puede celebrarse de inmediato. Con éste nuevo proceso, ya son cuatro los juicios que Berlusconi tiene pendientes (Mills, Mediaset y Mediatrade: compra ilegal de derechos de televisión y uno por sobornar a un abogado para que prestara falso testimonio a su favor ante un tribunal). No sorprende por tanto la noticia en sí misma como preocupan sus imprevisibles y posibles consecuencias. Un panorama complejo que no hace presagiar nada bueno.

Parece que el país está sometido a un nuevo enfrentamiento entre el poder judicial y el ejecutivo. Frente a las graves acusaciones interpuestas, sería deseable que Berlusconi acudiera a defenderse ante los jueces evitando implicar mediáticamente al actual Gobierno, en un proceso que dañaría ulteriormente la ya denigrada imagen de Italia. Defenderse en el Tribunal, en un proceso justo, es un acto de responsabilidad. En los tribunales actuará como un ciudadano cualquiera, desmintiendo la idea orwelliana de que “todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. Por eso Berlusconi en este caso, considerando la gravedad de los cargos, debería evitar su constante tendencia a utilizar para defenderse un púlpito mediático, un ágora televisiva, y acudir sensatamente a la sede oportuna, el Tribunal. De su retórica deberían desaparecer las amenazas contra quien le está investigando (“no puede quedar sin un castigo adecuado”), la habitual retahíla de descalificaciones a la justicia, la reiterada deslegitimación de los fiscales, recurriendo a una dialéctica más sobria y menos desafiante.

El peligro de que Berlusconi intente forzar al Parlamento para la aprobación de una nueva ley ad personam que garantice su inmunidad, parece tan alarmante como realmente posible. El primer ministro justifica esta necesidad en virtud de su elección, apoyándola en una supuesta legitimidad popular, considerando al Gobierno legibus solutus: resulta manifiesta la deformación del principio de soberanía popular y absurda la idea de que, al haber sido elegido por el pueblo italiano, goce de una impunidad que le permita cualquier “infortunio”, identificando, paradójicamente, la vox populi con la vox Dei. El cavaliere no puede anhelar sobrevivir por encima de la ley, contraponiendo su propia legitimidad institucional a la de las instituciones. Italia, como democracia parlamentaria y no plebiscitaria, exige respeto hacia la independencia y separación de poderes. A tal propósito, las afirmaciones del Ministro de Justicia sobre “la gran legitimidad que le han concedido los italianos” a Berlusconi, resultan mistificadoras y poco creíbles: no se puede confundir la legitimidad popular con la impunidad judicial. Berlusconi –y todos los presidentes de consejos- deben responder de su conducta pública independientemente del voto popular. No se trata de entrar en materia de los delitos –labor de la magistratura, ni cuestionar su conducta sexual –como mucho eso preocupará a la Iglesia- sino de una preocupación política sobre la efectiva capacidad de Berlusconi de gobernar. Sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad de este Gobierno, de un Parlamento convertido de hecho en un bufet de abogados preocupados por la defensa del cavaliere –y de los propios intereses.

Por eso, Berlusconi debería seriamente barajar la posibilidad de dimitir para evitar al país un afrentoso y vergonzoso espectáculo de un presidente acusado –y procesado- por prostitución de menores y cohecho. Por respeto a las instituciones, Berlusconi debería evitar su clásico populismo, su natural tendencia a forzar las leyes con alarmantes consecuencias–una especie de “muera Sansón con todos los filisteos”- y hacer frente a las acusaciones, sometiéndose al juicio. Hace algunos días, Saviano decía que “entender lo que está pasando en Italia parece simple y es en realidad una cosa muy compleja”: un país, dividido culturalmente, políticamente y “mediáticamente” en dos mitades-bandos, asiste perplejo a este nuevo enfrentamiento institucional, preocupado por una situación compleja y grave, de difícil porvenir. Mientras el espectro de las elecciones anticipadas se aviva, preanunciando un panorama demasiado incierto, Berlusconi resistirá numantinamente al poder, lejos de los reales intereses del país (economía, el crecimiento, la lucha a la criminalidad, etc.), preocupado más por su propia supervivencia que por la nefasta parálisis gubernamental.