Proceso a Berlusconi

El presidente del Consejo de Italia, Silvio Berlusconi, será procesado el próximo 6 de abril de forma inmediata por un delito de prostitución de menores y otro de abuso de poder. Según los fiscales, existen pruebas evidentes contra el cavaliere. Mientras, sus letrados recusarán la competencia de la Fiscalía de Milán, abogando que esta le corresponde al tribunal de ministros. Con éste nuevo proceso, ya son cuatro los juicios que Berlusconi tiene pendientes (Mills, Mediaset y Mediatrade).

Frente a esta realidad cabe esperar que Berlusconi acuda a defenderse ante los jueces evitando implicar mediáticamente al actual Gobierno en un proceso que podría dañar ulteriormente la ya debilitada imagen de Italia. En los tribunales actuará como un ciudadano cualquiera, desmintiendo la idea orwelliana de que “todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. Por eso Berlusconi en este caso, considerando la gravedad de las acusaciones, debería evitar su constante tendencia a utilizar para defenderse un púlpito mediático, un ágora televisiva, y acudir sensatamente a la sede oportuna, los Tribunales. Asimismo, debería evitar someter el país a un nuevo enfrentamiento entre el poder judicial y el ejecutivo. De su retórica deberían desaparecer las amenazas contra quien le está investigando (“no puede quedar sin un castigo adecuado”), la habitual retahíla de descalificaciones a la justicia, la reiterada deslegitimación de los fiscales, recurriendo a una dialéctica más sobria y menos desafiante.

El peligro de que Berlusconi intente forzar el Parlamento para la aprobación de una nueva ley ad personam que garantice su inmunidad parece tan alarmante como realmente posible. El primer ministro justifica esta necesidad en virtud de su elección, apoyándola en una supuesta legitimidad popular, considerando al Gobierno legibus solutus: resulta manifiesta la deformación del principio de soberanía popular y absurda la idea de que al haber sido elegido por el pueblo italiano goce de una impunidad que le permita cualquier “infortunio”, identificando, paradójicamente, la vox populi con la vox Dei. El cavaliere no puede anhelar sobrevivir por encima de la ley, contraponiendo su propia legitimidad institucional a la de las instituciones. Italia, como democracia parlamentaria y no plebiscitaria, exige respeto hacia la independencia y la separación de poderes. Precísamente, la característica de la democracia es –decía Madison y, antes que él, Cicerón- “un gobierno de leyes, que no de hombres”.

El país, dividido cultural, política y “mediáticamente” en dos mitades-bandos, asiste perplejo a este nuevo enfrentamiento institucional, preocupado por una situación compleja y grave, de difícil porvenir. Mientras, el espectro de las elecciones anticipadas se aviva, preanunciando un panorama demasiado incierto, Berlusconi resistirá numantinamente en el poder, lejos de los reales intereses del país (economía, crecimiento, lucha contra la criminalidad, etc.), preocupado más por su propia supervivencia que por la nefasta parálisis gubernamental.