Derroteros egipcios

Tras varias semanas de presión ciudadana y tensión política, de excitación, temor y parálisis de la vida ordinaria, el pasado día 11 de febrero se producía la renuncia de Hosni Mubarak, último y longevo presidente de Egipto, instalado en el cargo desde octubre de 1981. Es comprensible la celeridad y premura con la que durante estas últimas semanas los medios de comunicación han ido emitiendo informaciones sobre los incidentes vividos en El Cairo. La actualidad y la sorpresa mandan y está claro que lo sucedido en tierra de los faraones abundaba en ambos ingredientes. Conviene reparar, sin embargo, en la parcialidad y limitaciones que inevitablemente imponen los análisis de urgencia, tanto más cuanto los aspectos más llamativos de la noticia (las multitudinarias protestas escenificadas en la plaza Tahrir frente a un régimen político autoritario) predisponían a evocar varios acontecimientos históricos de máxima significación y simbolismo, como la caída del Sha de Persia en 1979 y la del Muro de Berlín en 1989. Pero mientras aún se calibra el alcance de la genérica ola de protestas que se ejercen o anuncian en otros países del mundo árabe, bueno será que repasemos lo acecido en Egipto y se piense más serenamente en las posibilidades que pueda alumbrar su actual y nueva coyuntura.

Si se me perdona la terminología académica las movilizaciones iniciadas a finales de enero en Egipto y sus efectos políticos pueden explicarse como resultante de la intervención de un factor o hecho puntual precipitante y ciertas precondiciones o condiciones previas. Hay dos precipitantes que todo el mundo tiene en mente. Uno corresponde a las revueltas desatadas en Túnez entre finales del anterior año y principios del presente con el resultado final de la salida del país de su presidente Zine El Abidine Ben Ali la tarde del 14 de enero. Estos hechos, en efecto, parecen haber servido de modelo y estímulo para activar la jornada de protestas masivas del 25 de enero, bautizado como “día de la Ira”, protagonizadas por varias decenas de miles de personas en Alejandría, Suez, Ismailia y, particularmente en El Cairo, en torno a la muy televisada plaza Tahrir. Luego, tras aquellas primeras manifestaciones, la violencia desplegada por partidarios de Mubarak (al parecer orquestada por la policía) pudo actuar como un segundo precipitante que elevaría considerablemente el enfado y la rabia de los manifestantes contra el “Rais”. En cualquier caso, el efecto emulador provocado por el precedente tunecino y la citada reacción violenta no hubiera logrado el alcance finalmente conocido de no haber operado sobre ciertas precondiciones ya activas de antemano. Las más citadas por los manifestantes y mejor reflejadas en la prensa internacional fueron aquellas que se relacionaban con otros tantos motivos de descontento y hastío respecto a la coyuntura económica, política y social de Egipto: desempleo rampante, abultada inflación y sueldos de miseria, deficiente cobertura de alimentos y vivienda, todo ello agravado por una sobrepoblación creciente, más el resentimiento amasado durante décadas por un estilo de gobierno marcado por la corrupción, la ausencia de libertades y la brutalidad policial derivada de varias décadas de vigencia de una férrea ley de emergencia. Aunque tan importante como cualquiera de estos problemas que soliviantan al ciudadano de a pié sería el malestar generado en el seno de la principal institución del país, el mismo ejército que llevaba décadas sosteniendo en el poder a Mubarak, cada vez más irritado contra su líder por su pretensión de crear una dinastía propia, instalando a su hijo Gamal como su sucesor. Con estos mimbres, la persistencia de las manifestaciones, la creciente presión mediática y política a escala internacional y la testarudez del mismo Mubarak acabaron por consumar el desenlace deseado tanto fuera como dentro de palacio. Algunos afamados expertos, como la profesora Mary Kaldor, de la London School of Economics, se apresurarían a definir la renuncia de Mubarak como un “triunfo de sociedad civil”, subestimando el interés militar en contribuir al abandono del presidente para así conservar el orden vigente. Así, el mismo día de aquella renuncia un consejo militar asumía el control del gobierno y cuarenta y ocho horas más tarde abolía la Constitución para anunciar la confección de otra nueva que fuera ratificada por referéndum, además de disolver el parlamento, anunciando su permanencia bajo esas condiciones durante un mínimo plazo de seis meses pero sin abolir la ley de emergencia, tal y como se había prometido con anterioridad. Existen varias lecturas posibles sobre lo que este cambio pueda suponer. Pero es indudable que la situación inaugurada el 11 de enero está llena de incertidumbres y que sería poco prudente dejarse llevar tanto por impulsos optimistas como por augurios pesimistas.

Desde luego, la manera más adecuada de elaborar predicciones sobre el futuro de Egipto pasa por atenerse al presente e interpretarlo atendiendo a los riesgos y oportunidades a los que aquel apunta. Ciertamente, hoy es más fácil que hace unas semanas imaginar un proceso de apertura política que ponga las bases para una democratización del país norteafricano, una tendencia que coincide con las expectativas y deseos de muchos egipcios y que, al menos en el plano retórico, no ha sido rechazada por los portavoces del Consejo militar. Si ese avance hacia la democracia tuviera concreción real podría imaginarse otras dos líneas potenciales de progreso: una, el debilitamiento del discurso yihadista que postula la islamización y la violencia como únicas vías efectivas (además de “sagradas”) hacia la revitalización del mundo musulmán; dos, la reproducción del proceso de transición política egipcia en otros países de influencia islámica, particularmente en Oriente Próximo y el Magreb.

Pero es evidente que el camino hacia la democratización de Egipto no está libre de obstáculos y dificultades sino plagado de ellos, y haríamos bien en no olvidarlos ni minimizarlos. Por ejemplo, sería ingenuo suponer que dentro del propio estamento militar no habrá voluntades que se opongan a la renuncia de las prebendas y ventajas de las que ese gremio viene disfrutando desde que el coronel Gamal Abdel Nasser y sus compañeros de armas expulsaron del trono a Faruk I en 1952, para ser luego sucedido por otros dos líderes militares: Anuar el Sadat y el propio Mubarak. Una dificultad no menos importante respecto al desarrollo de una auténtica transición suave a la democracia en Egipto era señalada hace pocos días por el historiador británico Timothy Garton Ash: un proceso semejante requiere de la existencia de un liderazgo visible y unitario por parte de la actual oposición al régimen pero hasta donde la vista alcanza no se percibe nada parecido en la muy diversa oposición egipcia, lo cual no significa necesariamente que no pueda constituirse como tal, aunque ello requeriría al articulación de un proyecto mínimo común. De otro lado, no es descartable que ante la manifiesta fragmentación actual de los opositores el ejército urdiera y pusiera en práctica un plan para preservar esa división a base de ofrecer concesiones selectivas y distintas a cada uno de esos sectores, creando de ese modo las condiciones necesarias para controlar el resultado de las siguientes elecciones en sentido favorable a un partido propio, el actual u otro nuevo.

Por último, hay que contar con los riesgos inherentes a la nueva etapa que estrena Egipto (si realmente se confirma cono verdaderamente nueva). Por lo pronto, sólo al más ingenuo se le oculta que esos riesgos existen incluso si los próximos meses permitieran presenciar un proceso de democratización real. En tal caso, el riesgo mayor tiene nombre y apellidos: los Hermanos Musulmanes. Incluso Estados Unidos aboga ya por reincorporar a la poderosa asociación islamista al juego político convencional y, en efecto, oponerse a ello no haría sino dejar la transición a medias. A corto plazo, la obtención de una cierta cuota de poder político por parte de los Hermanos Musulmanes no preocupa demasiado: un pragmatismo forjado por décadas de represión les impediría salirse por la tangente y mostrar su perfil más extremista (que realmente mantiene representación y gran influencia dentro de su propia estructura). Pero, como señalara el otro día el profesor libanés Walid Phares en un seminario organizado en Madrid por la Fundación FAES, conviene advertir que los Hermanos no han renunciado explícitamente a su objetivo último de reislamización plena y gobierno conforme a la sharia (ley islámica). Finalmente, y dejando a un lado esta cuestión de más largo plazo, existe el riesgo mucho más cercano de que unas u otras medidas a adoptar en los próximos meses pusieran a prueba la paciencia de uno o varios sectores de la población egipcia o quebraran las actuales expectativas de cambio. Si los islamistas no fueran prontamente reintegrados a la legalidad surgirían nuevos pretextos para su radicalización que podrían ser aprovechados por sus facciones más extremistas o incluso por algún socio de Al Qaida. De igual modo, si los cambios políticos prometidos y las mejoras económicas deseadas se demoraran en el tiempo, ese riesgo de radicalización también podría afectar a los sectores menos retrógrados de la oposición, animándoles a reiniciar las protestas y aumentado así las posibilidades de una respuesta represiva que avivara el conflicto. De modo que la última cuestión que debe plantearse es: ¿qué va a hacer la comunidad internacional para prevenir estos riesgos?