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La legalización como problema del nacionalismo

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
Insisto en situar el problema de la legalización de Sortu en el plano exclusivamente jurídico. Sé que le resulta incómodo, aunque aparente lo contrario, al nacionalismo, al extremo pero también al democrático. El nacionalismo tiene problemas con el derecho, se mueve con dificultad en este terreno. Recordemos algunos episodios en este ámbito: su apuesta por el plan de Ibarretxe, verdaderamente disparatado desde una perspectiva constitucional, o los recursos, sencillamente ridículos, pretendiendo acceder al amparo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo alegando que el ordenamiento español conculcaba el derecho de participación porque el Gobierno vasco (de entonces) no pudiese convocar un referéndum en los términos que pretendía el lehendakari Ibarretxe. Cierto que estos problemas jurídicos se acrecientan en el caso de los partidos de la izquierda abertzale, y que los mismos no son privativos del nacionalismo vasco. Sí que ha habido grandes letrados vascos desde Garibay en adelante. Pero se trataba de foralistas, no exactamente de nacionalistas. El nacionalismo, que no el foralismo, tiene efectivamente problemas con el derecho, con la comprensión jurídica de los problemas.

Yo diría que el nacionalismo es una ideología fuerte, una representación del mundo con cierta propensión a sobreponerse a la realidad que se trata de sustituir por el proyecto de la plenitud política que cifra la felicidad de la comunidad en la consecución del Estado. Es decir el nacionalismo entonces es una ideología, contra lo que creería Marx, idealista, más dispuesta a imaginar o movilizar, que a moverse en el terreno, después de todo prosaico y sin brillo, de los hechos, las relaciones efectivas, las pruebas, la argumentación, que es el propio del derecho. Creo que esto es lo que explica los fracasos judiciales del nacionalismo. Lo que rige el mundo moderno, también el nuestro, asimismo la realidad vasca de nuestros días, es el derecho. No la teología, de manera que no se fíen ustedes de la apuesta jurídica que hace el nacionalismo, pues no suele acertar.

Hay otra razón que explica asimismo los problemas jurídicos del nacionalismo, que consiste en que el nacionalismo no sabe con quién se la juega, esto es no acaba de entender lo que es el Estado: pasa demasiado tiempo fantaseando con el propio sueño político, está en su derecho por supuesto, pero descuida valorar la fuerza de la forma política española, su seriedad como organización, su capacidad para imponer un orden, defectuoso sin duda, imperfecto, incluso en ocasiones injusto, pero cierto e infalible. Parece mentira, pero les ocurre a los nacionalistas una y otra vez: la pobre democracia española, cuya “baja” calidad han denunciado, prevalece, afirmando su orden jurídico constituido, dotada de instituciones implacables que actúan según los plazos y términos competenciales fijados, comportándose con independencia y escrupulosidad convenientemente aseguradas. Los nacionalistas no entienden el orden constitucional, a pesar de que lo contemplen plenamente desplegado en sus correspondientes ámbitos territoriales.

De manera que ojo al funcionamiento de la maquinaria estatal, que actuará a través de uno de su poderes, según criterios exclusivamente técnico- constitucionales. De acuerdo con este canon ni es seguro que la legalización llegue a tiempo (antes del 18 de abril, fecha tope de presentación de las candidaturas). Ni sobre todo que la impresión de continuación con la anterior ilegalizada Batasuna, no despejada por cierto por los avalistas del nuevo partido, supere la barrera de la Ley de Partidos que habilita a la Sala sentenciadora (la Sala especial del art. 61 LOPJ ) para determinar, negando por tanto el registro, la similitud sustancial entre la formación que fue ilegalizada y la que solicita la inscripción, en base , dice el artículo 12. 3 de la Ley de Partidos, “ a su estructura, organización y funcionamiento, las personas que las componen, rigen, representan o administran, la procedencia de los medios de financiación o materiales”, o, se señala en cláusula abierta en tal precepto, “cualesquiera otras circunstancias relevantes”. Atentos entonces, una vez más, al funcionamiento del Estado de Derecho, o sea, a lo que digan los tribunales.
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