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Sortu: razones estrictamente jurídicas

sábado 19 de febrero de 2011, 12:33h
La Fiscalía General del Estado anunció ayer que presentará una demanda ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo para instar la no inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos "tras realizar un análisis jurídico de la documentación remitida por el Ministerio del Interior". La demanda se interpondrá empleando la vía del incidente de ejecución de sentencia, al considerar que Sortu "es una continuación de Batasuna" que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2003.

La experiencia nos ha enseñado que la firmeza frente a la banda terrorista y su entorno ha traído mejores resultados que las cesiones. Y la mejor prueba es que la ilegalización de Batasuna no sólo no conllevó esa hecatombe democrática que algunos anunciaban sino que ha neutralizado considerablemente al entorno etarra, hasta obligarle, como estamos viendo, a replantearse su estrategia. Dicho esto, tampoco se puede abusar y estirar la legalidad para evitar que un determinado sector llegue nunca a la esfera pública. Las razones de los informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se antojan vagas y excesivamente circunstanciales y así lo advierten asociaciones de jueces como Jueces por la Democracia. Hay que atraer al mundo radical hacia la democracia sin dejarse embaucar por señuelos. Pero quizá debamos sopesar la ilegalización de un partido -que, sobre papel, cumple todos los requisitos que marca la ley- con pruebas tan poco sólidas como las que aparecen en ambos informes. Tan perjudicial como ceder en cuestiones claves puede ser el dar la impresión de que la legalidad española se estira y encoge como un chicle en función de intereses políticos. Eso también podría interpretarse como un paso hacia la inseguridad jurídica

Todos los indicios apuntan a que Sortu son los mismos perros con distintos collares, pero hay que demostrarlo con la ley en la mano y atendiéndonos a criterios exclusivamente jurídicos. Asimismo, aunque parezca claro que la postura de Sortu es realizar un fraude de ley, también se puede aprovechar el paso dado para que la trampa se vuelva contra los tramposos. Parece claro que haber impedido a ETA la entrada en las instituciones y el acceso a las subvenciones que ello llevaba aparejado, ha sido una estrategia políticamente muy rentable. Sin embargo, el Estado -por supuesto, sin realizar ningún tipo de cesión en estas cuestiones básicas- puede intentar aprovechar el flanco abierto para ir introduciendo en el juego democrático a un sector de la izquierda abertzale que, aún estando en la orbita de ETA, desea soltar el lastre de violencia para sobrevivir políticamente. La cuadratura del círculo no es fácil pero la política es más ecología que geometría.
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