El chantaje de los trabajadores de AENA

El anuncio de huelga que los trabajadores de AENA quieren llevar a cabo coincidiendo con la Semana Santa ha hecho saltar todas las alarmas. Todavía resuenan en el inconsciente colectivo los ecos del chantaje perpetrado por los controladores aéreos el pasado puente de diciembre, con unas consecuencias sumamente nefastas tanto para la imagen de España como para su castigada economía. Ya entonces se puso de manifiesto la imperiosa necesidad de una ley de huelga que pusiera coto este tipo de desmanes, así como a situaciones frecuentes en toda esta tipología de conflictos, tales como los piquetes “informativos”. Pero sigue sin hacerse.

El Título primero de la Constitución recoge bajo epígrafes distintos una serie de derechos, de acuerdo con su importancia. Así, entre los “Fundamentales” está el de la libre circulación de los ciudadanos por el territorio nacional, consagrado en el artículo 19. Por el contrario, el derecho a la huelga se engloba en una sección posterior, catalogada con el nombre de “derechos y deberes de los ciudadanos”. Esto significa que los ponentes constitucionales quisieron otorgar una categoría muy importante al derecho a la huelga antes mencionado, pero priorizando otros quince “Fundamentales”, cuyo rango superior no admite discusión. De este modo, los controladores aéreos conculcaron derechos fundamentales de cientos de miles de personas en el pasado diciembre, y ahora el personal de AENA pretende hacer otro tanto.

Desde su punto de vista, no le falta cierta razón a Gaspar Llamazares cuando acusa al Gobierno de estar descapitalizando al Estado poniendo a la venta las “joyas de la corona” del empresariado pública. En el caso de AENA se da la circunstancia de que su valor, aún siendo considerable, se ha visto notablemente mermado desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, que cogió una empresa en beneficios y por mor de sus ingerencias políticas hoy presenta un endeudamiento vergonzoso. Pero la mala gestión de los socialistas al frente de AENA no legitima a sus trabajadores para tomar como rehenes a todos los usuarios de los aeropuertos españoles. Semejante chantaje invalida las posibles razones que pudieran tener. Y además, supone un mazazo tremendo para la imagen y la economía de un país en el que el turismo tiene tanto peso específico.