El derecho a decidir

Después de la seria llamada de atención que para el PNV han supuesto las elecciones –en las que ha perdido más de la mitad de su votos- los llamados nacionalistas “moderados” se manifiestan dispuestos a renunciar al Plan Ibarreche, pero mantienen la exigencia de un reconocimiento a “la ciudadanía vasca” de un supuesto “derecho a decidir”. Es la fórmula que ahora usan los nacionalistas para disfrazar al mal llamado “derecho de autodeterminación”, porque ni es un derecho ni es aplicable a los territorios que forman parte de un Estado legítimo. Se entiende, sin embargo, que el PNV eche mano del acuoso concepto del “derecho a decidir” que, en momento memorable (en pleno proceso de negociación con ETA), fue utilizado por el propio Zapatero. Si el Presidente del Gobierno lo ha hecho suyo, ¿por qué van a renunciar ellos a convertirlo en clave de bóveda de sus futuras reivindicaciones? No hay que olvidar tampoco que cuando el 1 de febrero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el Plan Ibarreche, el discurso de Zapatero estuvo tan plagado de ambigüedades que a algunos les recordó el “de entrada, no” respecto de la OTAN: una actitud que no cerraba definitivamente la puerta, como revelaban frases tan rimbombantes como aquella de “abramos el tiempo de un acuerdo histórico y definitivo... Dejemos a la historia que descanse” o “ni siquiera hay que mirar a 1975 o a 1977 ni, si me apuran, a 2001 o a 2004”. Afirmaciones todas ellas que revelaban la voluntad de Zapatero de no sentirse atado por el legado de la Transición ni por la Constitución de 1978, como texto que la encarna y avala.


El llamado derecho de autodeterminación -ahora “derecho a decidir”- no es más que una idea, convertida en herramienta política, que, como instrumento de despiece, rigió el desmembramiento de los imperios europeos después de la I Guerra Mundial y, más tarde, el proceso de descolonización. Los presidentes norteamericanos Wilson y Rooselvet lo utilizaron para frenar el imperialismo de los Estados europeos, mientras ellos ponían a punto otro imperialismo mucho más eficaz, que se desplegó plenamente después de la II Guerra Mundial. Pero, más allá de lo que históricamente ha significado ese principio, lo cierto es que no cabe, ni con calzador, en la presente Constitución española. Es diáfano el texto del artículo 1.2 según el cual “la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. En el debate constitucional sólo lo reivindicó el diputado abertzale vasco Letamendía, al tiempo que lo rechazaban nacionalistas tan destacados como Arzallus, Roca o Trías Fargas. Por parte de UCD, Miguel Herrero, tan próximo años más tarde a algunas posiciones nacionalistas, era contundente: “Al atribuir al pueblo español en su conjunto la soberanía nacional... excluye toda posibilidad de separatismo legal, puesto que reconoce un solo sujeto de autodeterminación”. Ya en la década de los noventa, el mismo Herrero, en un discurso académico, reiteraba esta posición: “La autodeterminación de una magnitud histórica es su propia existencia histórica, con sus condicionamientos y posibilidades, y no puede sustituirse por la decisión momentánea de un plebiscito, ni podría renunciarse en virtud de un plebiscito contrario”. Pero Ibarreche no se ha enterado esta frase de quien fue distinguido con el Premio Sabino Arana.


Creo que la primera referencia a la autodeterminación, en ámbito parlamentario, la hizo Anasagasti en el debate de investidura de González en noviembre de 1989, aludiendo a Estonia, Letonia, Lituania, Georgia y Moldavia, “que no son fenómenos a despreciar”. González le contestó: “Creo que es difícil que haya un jefe de Estado, un jefe de Gobierno con responsabilidad que pueda permitirse una fractura territorial sin ser arrastrado por la corriente de la historia”. Pero los nacionalistas siguieron remachando el oxidado clavo de la autodeterminación tanto en el Congreso de los Diputados como en los Parlamentos autonómicos. Enseguida se sumó Arzallus al debate y declaraba: “Es un tema que está sobre la mesa en muchos sitios y especialmente en nuestro ámbito político, ya que se ha enfocado la reunificación alemana a partir el derecho de autodeterminación”. Y añadía: “Se ha creado un clima diferente en torno a este derecho que antes sólo se reconocía para países coloniales”. Para el líder peneuvista “ese derecho existe porque pensamos que nuestro pueblo tiene ese derecho como cualquier otro”. Pero las matizaciones no podían ser más expresivas: “Ni se nos ha pasado por la cabeza plantear el ejercicio de este derecho... En el sistema constitucional actual no cabe una evolución hasta el punto de que un pueblo decida formar su propio Estado”. Aunque con la ambigüedad típica del nacionalismo, que puede decir a la vez una cosa y su contraria continuaba: “Tal vez la polvareda se ha armado por entender la autodeterminación como un intento de secesión, pero esto no es así. Puede ser y puede no ser. (El subrayado es nuestro).


Por otra parte, ¿quién es el sujeto de este presunto derecho y donde están los límites de esta idea de la autodeterminación? A propósito de las reivindicaciones “soberanistas” de Quebec (fueron ellos los que inventaron el término) se planteó un serio problema. En las zonas de Quebec próximas a la gran familia anglófona de Ontario, fronterizas de Estados Unidos o simplemente con más presencia de angloparlantes, empezó a surgir un movimiento que reclamaba seguir formando parte de Canadá si Quebec llegaba a separarse en el futuro. También adoptaron esta actitud la mayoría de los pueblos aborígenes que ocupan la inmensa zona norte, aproximadamente los dos tercios del territorio de la extensa provincia. Esto suponía que se volvía en contra de los “autodeterministas” el propio argumento lingüístico, teórico fundamento de sus pretensiones: Si la lengua es el elemento definitorio de Quebec no había razón alguna para retener a quienes no son o no quieren ser francófonos. ¿Aceptarían estos argumentos el fundamentalismo nacionalista de por aquí? Todos conocemos la respuesta.