¿Qué pasa con Zapatero?

Día de especulaciones. Mientras Alfredo Pérez Rubalcaba convalece en una cama del Hospital Gregorio Marañón de Madrid de su infección de orina, la reunión por sorpresa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con José Bono, este miércoles en el despacho de éste último en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a poner en el disparadero la posible renuncia del jefe del Ejecutivo a presentarse de nuevo a la reelección.

Fuentes socialistas consultadas por El Imparcial destacan el hecho de que esta reunión se haya producido justo después de que la dirección socialista decidiera suspender el mitin del próximo día 3 de abril en Vistalegre, que iba a servir de pistoletazo de salida para la campaña electoral de los comicios autonómicos y municipales del 22 de mayo.

El propio José Bono no aclaró las dudas al término de la reunión. “Si se lo imaginan, acertarán”, contestó al ser preguntado por los periodistas sobre el contenido de la misma, repitiendo exactamente lo mismo que dijo el 16 de febrero tras un encuentro similar con Zapatero y que desató todas las especulaciones sobre la renuncia de Zapatero a presentarse como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo años.

No obstante, otras fuentes consultadas por El Imparcial ponen de relieve el hecho de que antes de su reunión con Bono, Zapatero haya conversado en el Hemiciclo del Congreso con Mariano Rajoy, en presencia del coordinador de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas. Estos medios no descartan que otro de los motivos de la conversación entre los presidentes del Gobierno y del Congreso haya sido el de buscar posibles fórmulas para que España apoye una intervención militar en Libia con o sin mandato de los organismos internacionales, que cuente con el apoyo del Partido Popular. Justo en el día en el que las fuerzas leales a Gadafi han lanzado la mayor ofensiva desde que comenzara la revuelta en Libia contra el dictador

Libia o sucesión, Zapatero continúa con su optimismo inquebrantable. Si la encuesta del CIS reflejaba ayer que la cifra del paro es la mayor preocupación para el 83,9 por ciento de los españoles, la cifra más alta de la última década, el presidente del Gobierno volvió a insistir por enésima vez en que la situación económica mejorará, e incluso vaticinó que esta cambio de tendencia se producirá a partir de este mismo mes. El líder del PP se ocupó de recordarle que todos sus augurios, anuncios de brotes verdes y mejoría de la situación económica, han acabado en rotundos fracasos.

Y si Rubalcaba permanece atento desde su cama hospitalaria a los movimientos sucesorios dentro del PSOE, de los que él es uno de los grandes protagonistas, la Guardia Civil le ha puesto en un brete al denunciar que la tan cacareada y polémica medida de reducir la velocidad de los automóviles en autopista y autovía a 110 kilómetros por hora se sanciona de forma diferente en cada provincia. La Unión de Oficiales Profesionales de la Guardia ha puesto de manifiesto la inseguridad jurídica que supone para los conductores no saber a qué atenerse según la carretera por la que circulen y según las órdenes que los responsables de Tráfico de cada provincia den a los agentes para hacer saltar los radares a diferentes velocidades.

Otros de los quebraderos de cabeza de Rubalcaba, el “caso Faisán”, continúa su curso. Los agentes encargados de las grabaciones del local donde supuestamente se produjo el chivatazo que impidió una operación contra el aparato de extorsión de ETA han negado la versión de los expertos de la Guardia Civil, que achacaba a una actuación voluntaria de los funcionarios policiales los cortes en las cintas donde supuestamente aparecen los encargados de comunicar al dueño del bar Faisán las actuaciones que se iban a desarrollar contra ese entramado. El caso, un día más, sigue en un estado de suma y sigue.

Y otro vicepresidente que sigue acorralado es Manuel Chaves. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió su dimisión y la del actual presidente dela Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al considerar probado que ambos conocían desde 2005 las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo de esa Comunidad por la Intervención Delegada de Hacienda.