La cabeza de Sortu, en bandeja

La palabra condena no existe en el diccionario de Sortu, la nueva cabeza que esa hidra llamada ETA ha inventado para poder concurrir a las próximas elecciones municipales de mayo. La nueva formación política creada por el entorno de la banda terrorista ha emitido este jueves un comunicado en el que solamente “rechazan”, pero no condenan, los planes frustrados para atentar contra el lehendakari Patxi López o las Torres Kio de Madrid. En la misma nota, Sortu se permite “recordar el derecho a la presunción de inocencia que a todo ciudadano le corresponde”, en referencia a las detenciones de los miembros del “comando Otazua” efectuadas por la Guardia Civil.

Fuentes de la lucha antiterrorista y del Partido Popular consideran que este comunicado pone en cuestión la verdadera intención de la nueva formación política ligada al mundo de ETA. “El comunicado, en el fondo, no aporta ninguna novedad –explican-. El entramado político de los terroristas ha mostrado su rechazo en varias ocasiones a los asesinatos, pero nunca ha utilizado la palabra condena”. Esta toma de posición de Sortu es considerada como un intento para que los sectores del PSOE y del PSE más próximos a entablar una nueva negociación con ETA tengan argumentos suficientes con los que contrarrestar la actual estrategia antiterrorista y presionar al Tribunal Supremo con el fin de que no ilegalice a Sortu antes de las elecciones municipales de mayo y avale su candidatura.

Sin embargo, estas mismas fuentes explicaron a El Imparcial que con este comunicado Sortu ha puesto su cabeza en bandeja al Tribunal Supremo para su ilegalización al no cumplir una de las premisas básicas impuestas para poder presentarse a una elecciones: la condena total y rotunda de la actividad terrorista y de los actos de violencia callejera.

Si la situación de Sortu se mantiene como en las últimas semanas, no es menos cierto que la de la economía española tampoco ha variado a mejor. La agencia de calificación Moody´s ha rebajado la calificación de nuestra deuda del “Aa1” a “Aa2” con perspectivas negativas, debido al alto coste de la reestructuración del mercado financiero. La agencia considera que esa modificación podría alcanzar los 40.000 o 50.000 millones de euros, una cifra muy alejada de las previsiones del Gobierno, lo que conllevaría un aumento de la deuda de pública.

La agencia de medición de riesgos Fitch se ha sumado a la alerta de Moody´s, advirtiendo de que la banca española podría necesitar hasta 97.600 millones de euros en un contexto de grave crisis. No obstante, coincide con su homóloga en que en un escenario base la reestructuración se situaría en torno a los 40.000 millones de euros.

Ante las críticas lanzadas por la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Pleno del Congreso de los Diputados, en las que acusó al Ejecutivo de haber provocado con sus errores “evidentes” esta situación, la vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado no tardó en responsabilizar, esta vez “de forma compartida”, al Partido Popular de estos informes por dar su apoyo a la restructuración del sistema financiero. Y fue más allá al reprochar a Moody´s que no hubiera esperado al informe del Banco de España para cambiar la calificación de la deuda.

Y dicho y hecho. Horas más tarde, el Banco de España reducía a 15.212 millones de euros la cifra necesaria para garantizar la solvencia de las doce grandes entidades financieras de nuestro país en virtud de las condiciones impuestas por el Gobierno.

Desde el punto de vista económico y social otro conflicto trae de cabeza al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: la huelga del personal de AENA durante las vacaciones de Semana Santa y los puentes y el verano. La primera reunión, calificada de “decepcionante” por los representantes de los trabajadores, pone de relieve que los sindicatos no van a dar su brazo a torcer ante la privatización del 49 por ciento del organismo público encargado de los aeropuertos y la navegación aérea. Y la pregunta ya está en la calle y en los medios políticos: ¿Se atreverá el Gobierno a decretar el estado de alarma durante los días de la huelga para garantizar la viabilidad del espacio aéreo español como hizo con los controladores? ¿O es que en este caso, al tratarse de UGT y CC OO, entre otros, no tomará una decisión de ese calibre para no vulnerar el derecho de huelga?