Silencio nuclear

Con el pie cambiado, así parece que la crisis nuclear japonesa, provocada por un fenómeno natural, uno de los cinco mayores terremotos registrados en los últimos decenios, le haya pillado no solo al Gobierno español, sino a buena parte de la Comunidad Europea. E, incluso, también a la oposición. La actividad política de nuestro país ha estado este miércoles prácticamente paralizada. José Luís Rodríguez Zapatero comparecía durante la mañana en los pasillos del Congreso de los Diputados ante los medios de comunicación para confirmar que nuestro país reforzará las medidas de seguridad en las centrales nucleares.

La comparecencia del jefe del Ejecutivo se ha producido un día después del anuncio "apocalíptico" del comisario europeo de Energía, el alemán Günther Oettinger, sobre la situación de la central japonesa de Fukushima. También, tras el anuncio de la canciller germana, Angela Merkel, de que su país suspenderá la actividad de las plantas atómicas construidas antes de 1980.

Fuentes consultadas por este diario recuerdan que desde los primeros avisos de alarma nuclear en Japón, el Consejo de Seguridad Nuclear ha estado recabando todos los datos de la crisis. Una de las principales controversias es la edad de la central de Fukushima, que entró en servicio en 1971, con lo que, en teoría, acababa este año el ciclo de cuarenta años establecido para la vida útil de una central nuclear. Argumento que sirvió en su momento al Gobierno de Zapatero para no renovar la licencia a la planta burgalesa de Garoña.

Este cronista tuvo la oportunidad de asistir a un seminario sobre centrales nucleares en Estados Unidos en el año 2000. Una de las cuestiones planteadas que más le llamo la atención fue por qué se había fijado la vida de las centrales en cuarenta años. La respuesta fue simple aunque difícil de entender viniendo del país tecnológicamente más avanzado del mundo. A principios de los años cincuenta, cuando se empezaron a construir en Estados Unidos las primeras centrales nucleares para uso civil, no había ningún parámetro sobre el que basar su periodo de funcionamiento. Y se optó por adaptar el que se había establecido en los años veinte para un nuevo invento, las emisoras de radio, a las que otorgaba licencia de funcionamiento durante cuarenta años. Ese mismo número de años fue el que se otorgó a las centrales nucleares para su periodo operativo.

Expertos en la materia consultados por este diario subrayan el hecho de que la práctica totalidad de los elementos de una central construida hace cuarenta años han sido cambiados y los elementos de seguridad que incorporan los nuevos componentes no tienen nada que ver con los de sus antecesoras.

Mientras las autoridades japonesas intentan que el pánico no se desate entre la población nipona, los ciudadanos españoles residentes en ese país no se cansan de denunciar en los medios de comunicación de nuestro país la falta de respuesta que han recibido de la Embajada en Tokio. Acertadamente o no, otros países de la Unión Europea o los propios Estados Unidos han informado a sus nacionales de las medidas que debían establecer, desde quedarse en sus casas o salir inmediatamente de Japón. En cambio, en cualquier televisión, radio o periódico nuestros compatriotas denuncian la falta de información que han recibido de nuestra legación diplomática en Tokio.

Fuera de esta tragedia, en nuestro país destaca la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de las escuchas que el juez Baltasar Garzón ordenó sobre las conversaciones que los implicados del ‘caso Gürtel’ realizaron en prisión con sus abogados. El auto de la Sala Civil y Penal subraya que el magistrado se excedió en sus atribuciones al utilizar un artículo legal que sólo permite la intervención de las conversaciones entre cliente y letrado en casos de delitos relacionados con el terrorismo.