Las políticas públicas pasaron de “refundar el capitalismo”, en palabras de Sarkozy, a someterse a sus normas antes de que se produzca una catástrofe. Ese cambio también lo ha efectuado José Luis Rodríguez Zapatero, que ha pasado del keynesianismo a la ortodoxia en materia de gasto. El último mojón de ese camino de vuelta a la ortodoxia es el anuncio de la fijación de un techo de gasto en función del PIB nominal en el medio plazo.
Cómo cambian las cosas. Cuando estalló la crisis (septiembre de 2007), se produjo un clamor contra el sistema de libre mercado y los Gobiernos se lanzaron en una carrera keynesiana por el gasto público como si no hubiera habido una crisis de los años 70'. Muy pronto se vio que esa apuesta por el gasto no solucionaba la crisis y añadía un nuevo problema a los heredados por la explosión de crédito fácil durante mucho tiempo. Las políticas públicas pasaron de “refundar el capitalismo” (Sarkozy) a someterse a sus normas antes de que se produzca una catástrofe. Ese cambio también lo ha efectuado José Luis Rodríguez Zapatero. El último mojón de ese camino de vuelta a la ortodoxia es el anuncio de la fijación de un techo de gasto
en función del PIB nominal en el medio plazo.
¿Qué quiere ello decir? Que el gasto del
Gobierno quedará condicionado a que se cumplan las previsiones de crecimiento a medio plazo. Si ese crecimiento cae, el porcentaje del gasto sobre el PIB subirá y, entonces, hay que reducirlo automáticamente. ¿Cuánto? ¿Cómo se arbitra ese “techo de gasto”? El Gobierno tiene tres semanas para perfilar esta y otras medidas que se trae en las alforjas de Bruselas. Sólo sabemos que el mecanismo se aplicará a las entidades locales pero no a las Comunidades Autónomas, que gozan de autonomía financiera. De modo que tendrá que articular un pacto político que permita que también se aplique en los gobiernos regionales. Esta medida supone un freno al gasto, pero también una invitación a favorecer la inflación y, con ella, el PIB nominal.
Este as en la manga lo ha sacado cuando todos esperaban otras medidas. La más importante es la reforma de la negociación colectiva. Aquí la negociación con los sindicatos se mantiene en abril. Le siguen la reforma de la ley concursal (ya aprobada), eliminar la obligatoriedad de los colegios profesionales y otras. Pero hay más. Rodríguez Zapatero quiere hacer
aflorar el empleo sumergido. La economía “en negro” supone el 17 por ciento del PIB, según Funcas, y bien podría ser incluso más. Merman los ingresos del Estado en 30.000 millones de euros como poco. El problema es que la gente tiene muy buenos motivos para esconderse del fisco y de las especiosas regulaciones, y para fomentar que emerja la economía en “B” habría que reducir los impuestos y modernizar la regulación.
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado la reforma de las pensiones. Recuerden, la que nos
bajará la jubilación un 9 por ciento. Ya dijimos aquí que esta reforma
se quedará corta.
La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que había quedado un poco descafeinada por tener que retrasar a junio la reforma del Fondo de Rescate, se ha mantenido muy viva por la dimisión del primer ministro portugués, José Sócrates. El socialista tomó esa decisión y anunció elecciones generales por la negativa de la oposición conservadora a apoyarle en el cuarto paquete de recortes. Los líderes europeos presionan a Sócrates para que acepte ya el rescate de la UE y el FMI. Sócrates se niega, con buenas razones. No tiene fuerza política para negociar las condiciones. El gobierno que le siga (aunque fuera de nuevo el suyo), se puede sentir libre de renegociar esas condiciones. El presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, ha dicho que Portugal tendrá que hacer nuevos recortes “gobierne quien gobierne”. Sí, y los conservadores del PSD sabrán que las medidas que no han podido tomar los socialistas las tendrán que tomar ellos, si llegan al Gobierno.
La presión de la UE viene de que los acreedores son, sobre todo, sus socios europeos. Destacadamente, España. También presionan los mercados. Han subido las rentabilidades del bono portugués; más cuanto más corto sea el plazo. El
bono español a 10 años continúa con un diferencial por debajo de los 200 puntos básicos.
Mientras, las
cajas están a la carrera para superar el 10 por ciento de capital básico sobre sus pasivos, como exige el Gobierno. El Financial Times dice que las cajas están buscando capital en los hedge funds. Recoge la opinión de un inversor: “Creemos que (Bankia) necesita mucho más dinero que el que están intentando conseguir. Bankia todavía no tiene un CEO y no hemos visto las verdaderas cuentas. Quieren de dos a tres mil millones de euros, pero podrían necesitar unos 7.000 millones para convertirse en una inversión atractiva”. El Wall Street Journal repasa los movimientos de las cajas en este contexto y
apunta que éstos “han provocado dudas a los inversores sobre el nivel de reservas que poseen contra los riesgos de su cartera inmobiliaria”. Y cita a un analista de Moody's, que dice: “Nosotros somos cautelosos sobre la capacidad de las cajas de obtener fondos privados”.