¿Consenso o ruptura constitucional?

Podrá vd. cambiar, querido lector, las siglas de hace cuarenta años –izquierda (antes) por derecha (ahora)- pero no escapará a la “naturaleza del prejuicio” (Allport): un cliché en que la solución precede al razonamiento y la sentencia al juicio (Naudé). Para enhebrar nuestro razonamiento, sin embargo, demos por buena la hipótesis más estereotipada y extrema, vendida con éxito y eficacia por la excelente maquinaria de propaganda zapaterista y profusa, aunque difusamente repetida, por el poderoso eco mediático que le es próximo; a saber: que el PP es un partido escorado a la extrema derecha, reaccionario y neo-franquista. La comprensible satisfacción por una victoria tan resonante no debiera impedir a los socialistas pensantes el reconocimiento de que “partido viene de parte”-que decía Lord Acton. Y que, en esta elección, “la otra parte” no sólo no se ha “roto”, como profetizaban voces poderosas, sino que, a pesar de su derrota, ese PP infernal ha incrementado diputados y sufragios (cuatrocientos y pico mil votos, de centro, en la elección pasada). La tontería de que los del PP “están solos” (con más de diez millones de votos, entre tres y cuatro veces más que todo el resto de las oposiciones sumadas) es un pobre consuelo que difícilmente resiste la aritmética más elemental. Tendremos, pues, que admitir el hecho espantable pero irrefutable de que el PP, esa representación de todo lo satánico que en este mundo habita, cosecha más del 40% del voto. Ante abismo tan dantesco, parece razonable demandar del responsable de tanto error y maldad por las razones que le ha precipitado al averno. Y, en esta averiguación, tenemos suerte porque el pecador ha confesado y declarado expresis verbis (EL MUNDO, 27 Enero 2008) que la postura del PP en la anterior legislatura quedó marcada por el Estatuto de Cataluña y su puesta en escena correspondiente (pacto del Tinell y demás “cordones sanitarios” “frente al PP”). Aquí la cuestión no es cuánto de malo contenga el Estatuto catalán, que es mucho -sobre todo, desde un punto de vista de izquierdas. En mi opinión, el causus belli para los gestores de una empresa de poder tan importante como el PP, no es tanto el texto como el hecho de haber quedado fuera del contexto (de la negociación). Es el hecho de haber sido marginados del sistema político, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en la empresa popular. Una cosa es sacar a los gestores populares del gobierno -que para eso votamos socialista, cuando lo hacemos- y otra muy distinta es sacarles de la competición, rompiendo uno de los pactos de Estado fundamentales (el territorial) para concertar una nueva sociedad constituyente con partidos secesionistas, una sociedad cuyos estatutos los populares no pueden suscribir sin arriesgar la unidad del partido. Ese ha sido todo el secreto -y propósito- de la artimaña diseñada por los “encuesteros” zapateristas.

Y precisamente por ello, el astuto proyecto hegemónico del señor Zapatero no puede ser tomado más que de forma airada por el competidor que se encuentra de pronto hors de concour. Cuánto y cómo de airada sea la respuesta es importante, claro, pero sólo relativamente relevante. Lo que difícilmente toleran los gestores populares es que se les quiera expulsar del negocio, rompiendo reglas y pactos que se consideraban como cimientos y andamiaje del sistema. Los empresarios del poder -no menos que los de cualquier negocio de la naturaleza que fuere- se resisten a la marginación y resienten prácticas monopolísticas, a no ser, claro, que sean ellos los protagonistas y beneficiarios de las restricciones del mercado. Ya nos lo explicó el filósofo escocés: todo mercado tiene sus reglas porque sin ellas los costos de transacción serían inabordables. Y, en el mercado político, ya sabemos que las reglas se recogen en los textos constitucionales. Pero, ¿qué es una constitución escrita más que el fruto renovado de un pacto o acuerdo? De alguna manera, éste es lo previo y el fundamento de cualquier constitución con vocación de estabilidad y duración. Por eso, no hay constituciones -ni estatutos- mejores o peores. Los hay pactados o impuestos por un partido. Y estos son disfuncionales al sistema. Sirve de poco, en efecto, hacer tragar a “los perros” populares el mejor de los textos. Y, el de Cataluña, es indigesto, no tanto por ser el texto más reaccionario que ha producido la política española en el último medio siglo, como por el hecho de haber nacido del y para el disenso. Que fuera un texto maquinado para marginar al PP es una opinión derivada de un análisis argumentado, aunque discutible. Pero lo que es un hecho incontrovertible es que el Estatuto no fue consensuado con el primer partido de la oposición. La reacción de los populares, pues, tiene poco de novedoso y nada de extraño. Cuanto más grotesca y extremada la caricatura que los zapateristas dibujan de sus rivales, más se enredan en el razonamiento aquí propuesto. Arrojado del paraíso nativista, el “buen salvaje” -no importa el partido- se encorajina y pervierte. Al fin –nos cuentan los antropólogos- , en hebreo bíblico, Satán es el primer “opositor” o “adversario”.

La Constitución de 1978 nace -se fundamenta en y sobrevive en virtud de- acuerdos en que casi todos cedieron, salvo los nacionalistas que siempre han traducido acuerdos por etapas. Acuerdos, que los constitucionalistas del XIX llamaban la parte “interna”, no escrita, de las constituciones y que consideraban cimiento y garantía de su funcionamiento. Los acuerdos del 78 buscaban cerrar la Guerra Civil, liquidar la Dictadura, que estuvo en su origen y fue su consecuencia, y encauzar una democracia competitiva pero estable. En ese acuerdo, la organización territorial del Estado en autonomías con amplísimos poderes se hacía compatible con un único sujeto de soberanía, formado por el conjunto de ciudadanos españoles libres e iguales -una definición, por otra parte, que está a punto de cumplir doscientos años. A lo largo de tres décadas -y en el contexto de una ley electoral proporcional con partidos nacionalistas- todos los gobiernos se han visto obligados a formar mayorías pactando con los secesionistas. Pero todos los gobiernos también han respetado que los cambios en la organización territorial de Estado no se cerraban sin contar con el principal partido de la oposición. Por eso, el centro derecha, que gobernaba en 1979, pactó el Estatuto de Sau, para empezar, con el PSOE, que estaba en la oposición. Así ha sido hasta el 2004, en que Zapatero rompió el consenso constitucional en este punto crucial y fabricó un Estatuto contando exclusivamente con los nacionalistas. Con esta maniobra, Zapatero ha expulsado al PP -salvo victorias por mayoría absoluta- del sistema. La razón es evidente. Los gestores del PP no son ni mejores ni peores que sus rivales socialistas. Persiguen lo mismo; a saber: maximizar poder. La diferencia, en el punto que nos ocupa, es que los populares no pueden entrar en la puja de “haber-quién-da-más” al nacionalismo sin -aquí sí- romper su partido. Los “encuesteros” socialistas, que lo saben, han situado el juego con el Estatuto de Cataluña en un terreno que el PP no puede alcanzar. El oligopolio de poder resultante puede comprobarse en Galicia y Cataluña, donde los socialistas, perdedores en las elecciones, gobiernan en sociedad con el nacionalismo radical. El subproducto, en términos de crispación y tensión, será indeseable pero no debiera sorprendernos. Hagamos el ejercicio contrafactual, bailando siglas pero manteniendo escenarios: ¿a cuántos “pásalos”, manifestaciones y asaltos de sedes populares hubiéramos asistido de haber sido el PSOE el apestado por una cuarentena popular?


Tras las elecciones, Zapatero cuenta con todos los triunfos, salvo la carta, que esperaba y profetizaba, de división y desastre del PP. Ha obtenido una mayoría confortable que le permite moverse casi en cualquier dirección. Ha fagotizado -e integrado- gran parte del voto radical de izquierda y nacionalista. De un actor tan sagaz como él y que ha demostrado un interés mucho mayor por la sociología electoral que por la filosofía socialista, puede esperarse casi todo. Por ejemplo, que considere como“cautivos” los votos útiles radicales que ha recibido y, en consecuencia, decida crecer electoralmente hacia el centro. Ello le llevaría a reparar su propio descosido en el pacto constitucional, rehaciendo la sociedad constituyente con la “otra mitad” (el 40%) de los populares. Estos -ya está dicho- están atrapados porque su capacidad de maniobra en la subasta nacionalista es, por la naturaleza de su propio electorado, muy reducida. No sería la primera vez que un profesional de la política rehace lo deshecho y se ofrece, con éxito, como bombero de su propio incendio. Desde el punto de vista de los electores de a pie -no importa de qué signo- sería una buena noticia: terminaría la crispación, se volvería a una alternancia estable pero competitiva y, por tanto, ganaríamos en derechos y libertades. Esta opción optimista tendría probabilidades, salvo que la profundización y prolongación de esa crisis económica que el señor Solbes asegura que no existe, lleve a Zapatero a insistir en su fórmula hegemónica u oligopolio socio-nacionalista. La tentación es evidente, aunque sólo fuera porque la primera representación les ha salido casi perfecta y casi gratis. Además, el PP todavía puede darle otra alegría al señor Zapatero manejando tarde, mal y nunca la renovación de su liderazgo. Y aún resta una bolsa apreciable de votos -en esta hipótesis, “cautivadores”, en lugar de cautivos- a su izquierda y sólo necesitan siete escaños para la mayoría en el Congreso. Quizá bastara con otro estatuto soberanista vasco (y su derivada de un final de ETA por negociación, en lugar de victoria democrática incondicional), a cambio de posponer el referéndum ilegal ad calendas. En ese escenario, los secesionistas del PNV prestarían estabilidad al gobierno, reeditando otra sociedad constituyente socio-nacionalista minoritaria que seguiría manteniendo al PP a raya (del sistema). En este reparto, como en cualquier opción que restringe la competencia, el oligopolio socio-nacionalista resultante reducirá libertades y derechos de los consumidores de voto. De ser esa -u otra parecida- la escena que nos aguarda, asistiremos a una reposición de la legislatura anterior. Más allá de variaciones en decorados y actores secundarios, uno de los dos protagonistas de la obra, el PP, seguirá fuera de tablas. Y seguirá sin gustarle. Y, claro, habrá crispación o algo peor. E inestabilidad. Qué nadie se extrañe, pues, de las consecuencias ni ensaye luego gestos de cortesana ofendida.


Al parecer, cuando hace cosa de siglo y medio le venían a D. José de Echegaray con planes babilónicos de ingeniería económica, respondía nuestro regular dramaturgo y mejor economista: “no, si poder, se puede; también puede uno calentarse con billetes de banco pero... es un poco caro”. Los “encuesteros” de toda laya son casi tan astutos en el regate electoral como ignorantes del mecanismo homoestático de un sistema político. Unos podrán haber convencido a sus clientes populares de que “si es ETA, arrasamos”, o algo parecido. Y poder, se pudo. Casi se pudo, en efecto, deshacer un partido de gobierno. Del mismo modo, los sondeócratas de la empresa rival pueden persuadir a sus empresarios zapateristas de que rompiendo la sociedad socio-popular -que es la base de nuestra Constitución- vía estatutos soberanistas, puede sacarse al PP del terreno de juego. Y, como está a la vista, poder, se puede. Pero no sin consecuencias. Y, en la medida que cada uno de los dos grandes partidos computa alrededor del 40% del voto total, las consecuencias de su marginación pueden ser letales para el sistema político. Sobre todo, si el socio nacionalista menor, como resulta coherente desde su punto de vista, no busca constituir nada sino desmontarlo todo para construir su propio sistema.