La familia de Salvador Allende, parte en el proceso judicial abierto para esclarecer su muerte

"Como familia vamos a colaborar y vamos a hacer todo lo que sea necesario, presentar nuestros testimonios y si es necesaria una exhumación nuevamente se hará una exhumación", dijo a los periodistas la parlamentaria tras cumplir el trámite ser parte en el caso, que lleva el juez especial Mario Carroza.

"Tenemos que dar el ejemplo si estamos pidiendo que otros actores presten toda la colaboración. Todo lo que sea necesario lo vamos a hacer", subrayó Isabel Allende, que hasta ahora se había opuesto, por considerarla innecesaria, a una eventual exhumación del cadáver de su padre.

La exhumación ha sido solicitada por agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que también son parte del juicio.

La familia del mandatario socialista sostenía que el cuerpo ha sido examinado en dos oportunidades, primero tras su muerte y después, cuando fue trasladado desde un cementerio de Viña del Mar al Cementerio General de Santiago, tras la recuperación de la democracia en Chile.

Tras presentar en el tribunal a los abogados Pamela Pereira y Hernán Quezada como representantes de la familia en el juicio, la senadora Allende reiteró que la familia mantiene su convicción de que su padre se quitó la vida.

Pero, matizó, "debe haber una investigación que logre determinar, más allá de las versiones la verdad histórica".

"Esto está rodeado de extrema violencia y todos sabemos las declaraciones de Pinochet sobre si (Allende) acepta el avión para salir del país, después lo iban a dejar caer", dijo, en alusión a las grabaciones de los mensajes que durante el golpe intercambiaban el dictador y sus colaboradores.

Pinochet exigía la rendición incondicional de Allende y comentó jocosamente que después "lo ponemos en un avión para que se vaya... claro que en el camino el avión se cae...".

Isabel Allende destacó asimismo la decisión de la Corte Suprema de hacerse parte de todos los casos (de violaciones a los derechos humanos) como "muy importante".

"No es lo mismo nuestra convicción o la de los médicos (testigos del suicidio) a lo que es una certeza jurídica, que deberá ser investigada y tomará en cuenta el contexto en que se dieron las cosas", explicó.

El caso de Salvador Allende se encuentra entre 726 querellas por violaciones a los derechos humanos que la Fiscalía presentó el pasado 26 de enero ante el juez Carroza, correspondientes a casos no investigados antes por la Justicia.

El pasado 4 de marzo, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentó otras 403 querellas, por un total de 566 víctimas tampoco investigadas por la Justicia, ocasión en que solicitaron también la exhumación de Salvador Allende.

"Lo más importante es la verdad histórica y la justicia", dijo en la oportunidad el abogado de la agrupación, Eduardo Contreras.

También se hizo parte en el caso, hace unos días, el partido "del socialismo Allendista", cuyo abogado, Roberto Ávila, solicitó identificar a los pilotos de los aviones y a las tripulaciones de los helicópteros que atacaron La Moneda el día del golpe militar y a quién leyó los bandos que intimaban a Allende a rendirse y amenazaban con fusilar a quienes se opusieran a la acción castrense.