La Fiscalía Anticorrupción hace de parapeto de la Junta de Andalucía ante la juez

El conflicto de jurisdicción planteado por la negativa a entregar las actas de los Consejos de Gobierno andaluces ha dado lugar a interpretaciones opuestas, pues la Fiscalía Anticorrupción ha calificado de "desproporcionada" la petición de la juez Mercedes Ayala pero el PP lo cree una "argucia" de la Junta.

Frente a ellos, el abogado de Daniel Ponce, exdirector adjunto de Mercasevilla imputado en la causa por presuntos ERE irregulares, cree que el conflicto de jurisdicción en torno a la entrega de las actas ha decaído tras la decisión de la juez de eliminar de su petición todos los aspectos secretos.

La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito conocido este martes, se ha opuesto a la petición de la juez de reclamar todas las actas del Consejo de Gobierno de la Junta desde 2001, medida que considera "desproporcionada" y que afecta a documentos que según la ley son "materia reservada".

La petición "invade competencias que son propias del Gobierno autonómico", por lo que la única alternativa aceptable sería pedir certificaciones expedidas por el secretario del Consejo de Gobierno, según Anticorrupción.

El PP, que ejerce la acusación particular, entiende sin embargo que "mantener el conflicto de jurisdicción es una falaz argucia para demorar la entrega de las actas por parte del Consejo de Gobierno", pues lo único secreto son las "deliberaciones, opiniones o votos emitidos" y no los documentos pedidos para aclarar los fondos destinados a financiar los ERE.

La Junta de Andalucía, personada como perjudicada por los 72 "intrusos" y 111 irregularidades aparecidas en los ERE, ha optado por recurrir directamente ante la Audiencia provincial alegando que la petición indiscriminada de todas las actas "viola el principio de legalidad" pues el Gobierno tiene un blindaje "a favor del correcto equilibrio de los tres poderes del Estado".

El abogado de Fernando Mellet, exdirector gerente de Mercasevilla imputado, ha dicho a Efe que se ha pronunciado a favor del conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo y ha pedido que, mientras tanto, la juez deje de tomar iniciativas en el sumario.

No opina así el letrado de Daniel Ponce, exdirector adjunto de Mercasevilla, quien explica que, tras el primer auto en el que la juez exigió todas las actas, cuatro días después emitió otro auto en el que "corrigió su inicial postura y, para evitar la vulneración del carácter secreto de las actas, especificó que la parte secreta fuese suprimida, tachada u ocultada".

El letrado Simón Fernández Rebollo entiende que al haberse eliminado todo lo referente al contenido secreto, el conflicto de jurisdicción "se encuentra ayuno de razón de ser" y ha de entenderse decaído "sin necesidad de más trámite", según el escrito al que ha tenido acceso Efe.

En cuanto al fondo, Fernández Rebollo cree posible que dentro de la redacción de las actas se reproduzcan las deliberaciones que "por ministerio de la ley, tienen el carácter de secretas".

En ese sentido, afirma que "basta la mera manifestación de la Administración para creer sin fisuras en sus afirmaciones" pues se trata de un Gobierno elegido por los ciudadanos a quien hay que presuponer "la honorabilidad, credibilidad y presunción de legalidad".

Guerrero, un benefactor de sus "criaturas"
Tal y como recoge el diario 'ABC', Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo entre 1999 y 2008, es uno de los actores principales de la trama de ERE fraudulentos que gestionó la Junta de Andalucía. Guerrero afirmó en 'El País' que "los intrusos (en los ERE) no son intrusos, son criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral".

Pero como pone de manifiesto 'ABC', esas criaturas "no eran anónimos parados de una comunidad autónoma que se ha caracterizado por una elevada y estructural tasa de desempleo por encima de la media nacional, sino desempleados que tenían una relación con el director general, como su suegra o su vecino".