Garzón y las garantías constitucionales

El antaño juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha visto como ayer se le suspendía como magistrado por segunda vez en un año por orden de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. La suspensión viene a raíz de la apertura del juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación y otro de violación de las garantías constitucionales cometidos al intervenir las conversaciones de los acusados en la trama Gürtel con sus abogados mientras estaban en prisión.

Todo lo que se mueve alrededor de Garzón siempre exuda un aire de exceso y desmesura. Lo vimos claramente hace poco menos de un año, cuando el bombazo mediático que supuso el proceso abierto contra él por prevaricación por su intento de investigar los crímenes del franquismo cegó la capacidad de raciocinio de unos cuantos hasta límites insospechados. Más allá de los intereses políticos y personales que siempre parecen rodear las actuaciones del juez, lo único claro es que en su día lo que se juzgaba era si Garzón había cometido un error en su labor como juez, a sabiendas de que lo estaba haciendo. Independientemente de las valoraciones personales sobre la necesidad o no de juzgar los crímenes del franquismo, lo cierto es que, hoy por hoy, tras una ley de Amnistía y con la mayor parte de los supuestos culpables muertos, el magistrado de la Audiencia Nacional no era competente para juzgar la causa y él lo sabía. Por eso y no por otra cosa, se le suspendió y juzgó.

Ahora mismo nos encontramos de nuevo con que el magistrado y sus defensores mezclan moral con política y justicia y caen en su intento en un maquiavelismo de barniz pseudo utópico. Un juez no puede ni debe ambicionar transformar el mundo, según su parecer, utilizando para ello una justicia elástica y arbitraria. Para las grandes causas y las misiones utópicas está la política, no la Justicia, que se debe a sus ordenanzas y, valga la redundancia, leyes. Si un juez, al que se le supone garante del cumplimiento de las mismas, se las salta porque cree que el objetivo es legítimo, el sistema corre el peligro de quedar vacío e inutilizado. Un juez no puede ignorar las garantías procesales con la excusa de que la causa bien lo merece ya que son estas las que sustentan un sistema constitucional que, por el bien de todos, debe anteponer las leyes a los hombres.