Elecciones municipales e inmigración: los votos y la campaña

El pasado viernes dio inicio en España la campaña para las elecciones en más de ocho mil municipios, en trece comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Con todas las reservas que el caso obliga, la convocatoria electoral del 22 de mayo nos adelanta una tendencia favorable para el Partido Popular en prácticamente toda la geografía del país; sin embargo, hay otros elementos de la elección que han tenido escasa atención por parte de los medios de comunicación y la opinión pública: la inmigración. A este respecto, conviene preguntarnos qué trascendencia puede tener el voto inmigrante y qué puede pasar con el uso de la inmigración como tema de la agenda política y del programa electoral de los partidos en un contexto de crisis económica.

En primer lugar, es importante hacer notar que, gracias a la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009, en esta convocatoria electoral podrán participar los inmigrantes no comunitarios en las elecciones municipales, es decir, inmigrantes procedentes del régimen general cuyos países han firmado con España el convenio de reciprocidad exigido en esta nueva normativa. En este sentido, es interesante analizar el debate sobre la decisión de España de condicionar el voto de los inmigrantes no comunitarios a los acuerdos de reciprocidad, ya que si bien se trata de un ejercicio soberano por parte de la diplomacia española, lo cierto es que para muchos países la exigencia de estos acuerdos resultaba una misión imposible de alcanzar por la propia dinámica de sus propios procesos internos, condicionados por la historia y dudosas prácticas democráticas. Este es el caso de Marruecos, China, Argentina, Brasil o México, países en los que prácticamente está vedada la posibilidad de alcanzar un acuerdo de reciprocidad.

Lo anterior ha ocasionado que un número importante de inmigrantes no comunitarios no puedan votar en las próximas elecciones municipales, ya que no hay acuerdo de reciprocidad entre sus países de origen y España. Entonces, la pregunta nodal de esta discusión se resume en lo siguiente: ¿es imprescindible exigir el convenio de reciprocidad cuando lo que se busca es generar gobernanza democrática a través de la integración y no sólo el interés político-electoral de los partidos? Es decir, a la sociedad española le interesa que la comunidad inmigrante de marroquíes y chinos en España –por citar dos ejemplos-, se sientan más y mejor integrados al mainstream local al reconocerles el derecho a voto en las elecciones municipales o le interesa que, en un alarde patriotero, los regímenes autoritarios de Mohamed VI o Hu Jintao autoricen a los españoles votar en las elecciones de esos países. Una posible respuesta se fundamenta en el hecho de que las buenas prácticas democráticas se construyen en base a la corresponsabilidad entre gobernados y gobernantes, entre instituciones e individuos que conviven bajo una misma comunidad política, sean estos ciudadanos o inmigrantes. En cambio, la reciprocidad compete al ámbito de las relaciones internacionales y no tiene nada que ver con la construcción de sociedades cívicas y participativas; un ejemplo de lo anterior lo encontramos en Dinamarca, Países Bajos o Bélgica, que permiten el voto de inmigrantes no comunitarios sin condicionarlo a los acuerdos de reciprocidad.

En segundo lugar, es relevante conocer el tratamiento que tendrá la inmigración en esta campaña electoral, toda vez que en tiempos de crisis económica una parte de la población se vuelve más hostil hacia la inmigración al entender que ésta ocupa o compite por los mismos puestos de trabajo y unos servicios sociales escasos y encarecidos. El uso negativo de la inmigración ha estado presente en las pasadas elecciones en Cataluña, en que tanto el Partido Popular como Convergencia y Unión utilizaron imágenes estigmatizadas de la inmigración para promover el voto a favor de su agrupación; de hecho, algunos vídeos fueron bastante polémicos y suscitaron la reprobación de actores e instituciones políticas españolas y catalanas. Todos sabemos que en época de crisis recurrir a las imágenes negativas de la inmigración es un recurso barato en el corto tiempo porque suma votos, pero también sabemos que a mediano y largo plazos los efectos suelen ser perniciosos a sabiendas que los inmigrantes no son los causantes de la crisis, no quitan puestos de trabajo y no desplazan de los servicios sociales a los nacionales. En los primeros días de campaña hemos podido ver que la inmigración no ha sido un tema recurrente y, en cambio, los principales partidos (PP y PSOE) han hecho gala de incluir a un número representativo de inmigrantes en sus listas electorales.

En resumen, una vez conocido que el número total de inmigrantes comunitarios y del régimen general que solicitaron su registro en el Censo de Extranjeros Residentes en España (CERE) apenas alcanzó las 465 mil solicitudes, podemos decir que su aportación en el resultado de la elección será mínima y, por el contrario, el abstencionismo será considerable entre aquellos que tenían derecho a emitir su voto. Del resto de comunidades de inmigrantes no comunitarias y sin convenio de reciprocidad, serán, una vez más, convidados de piedra al festín de la democracia en España.