“Tras las elecciones veremos aplicar ERE en ayuntamientos y comunidades autónomas”

En su libro se pregunta cómo puede faltar dinero en un país que maneja un presupuesto de 210.000 millones de euros y da numerosos ejemplos de despilfarro. ¿Hay una mala gestión de los recursos públicos?

La construcción del Estado autonómico lleva ya más de tres décadas y en todo este tiempo se han producido muchas inercias. Una de ellas ha sido la mala gestión sobre el presupuesto público y, sobre todo, la falta de control sobre esa mala gestión. Esto ha hecho que, al final, las comunidades autónomas acumulen una deuda de 115.000 millones de euros, que en este ejercicio de 2011 acabará siendo de 140.000 millones. También que los ayuntamientos hayan acumulado una deuda de 35.000 millones de euros y que posiblemente, después de las elecciones del día 22, cuando se abran los cajones, afloren facturas pendientes de cobro por un valor de 30.000 millones de euros aproximadamente.

Si a esto se le suma la deuda privada, es decir, la de la familia y la de las empresas, que suma un billón de euros, llegamos a la conclusión de que la sostenibilidad de las finanzas públicas de las tres administraciones pasa por un momento muy delicado y que hay que adoptar soluciones urgentes cuando los dos grandes partidos acaben con el discurso políticamente correcto y se pongan manos a la obra.

Una cosa que me ha sorprendido es que habla de que el modelo educativo español genera paro porque se crean universidades artificialmente.

La propia inercia de la que hablamos ha llevado a las comunidades autónomas a querer tener sus propias universidades. Al final tenemos más de 50 universidades y ninguna de ellas es reconocida mundialmente por su prestigio, en contraste con las escuelas de negocio. Hay tres escuelas de negocio en España que forman parte del ranking internacional en cuanto a prestigio. Sin embargo, en cuanto a universidades, no tenemos ninguna. Además, se imparten títulos clónicos que no aportan ningún valor añadido y ninguna especialización. Esa tendencia de las comunidades autónomas a tener estos centros educativos que son muy caros de mantener -en algunos casos con muy pocos alumnos y en muchos casos sin valor añadido- es una cosa que hay que solucionar y creo que es necesario un gran pacto educativo en todo el Estado y del que formen parte los dos grandes partidos.

También habla usted de copago y considera que a partir del 22 de mayo será inevitable hablar de esta fórmula.

Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, que en el capítulo sanitario es una de las más endeudadas con un déficit de 800 millones de euros, algo insostenible para una comunidad autónoma. A los españoles nos han acostumbrado a creer que la Sanidad no cuesta nada, que es gratuita –en los mismos términos podríamos hablar de la Educación- y la Sanidad sí que cuesta. La estamos pagando a través de los impuestos pero lo que ha revelado el actual modelo es que los gastos que genera la Sanidad, con los ingresos tributarios que conocemos hasta ahora, aportan una ecuación insostenible. Entonces, la manera de conservar el actual modelo sanitario, que es cierto que es muy solidario porque presta servicios a todos los ciudadanos con independencia de su nivel de rentas, como es un modelo insostenible, creo que se va a abrir paso el llamado modelo de copago irremediablemente.

Además, el modelo de copago ya existe porque algunas comunidades autónomas han incorporado lo que llamamos el céntimo sanitario, es decir, que detrae dinero para la Sanidad de los impuestos que se aplican a los combustibles, pero esto no está extendido a todas las comunidades autónomas.

De alguna manera, los que defienden que no deberíamos ir a un modelo universal de copago porque los españoles ya pagan sus impuestos y financian la Sanidad a través del impuesto de la renta de las personas físicas, no tienen en cuenta que este impuesto es poco progresivo, es decir, que todavía hay margen para que determinado tipo de rentas paguen más aunque sea un precio simbólico por los servicios del sistema sanitario.

Pongo un ejemplo muy gráfico: un pensionista que cobra una pensión mínima de 650 euros al mes es lógico que no abone ningún importe más cuando va al médico para tomarse la tensión, pero si nos ponemos en el caso de un anciano o una anciana que tiene rentas de capital, con una herencia importante o que tiene un patrimonio abultado, y una pensión máxima, que puede estar por encima de los 2.000 euros, yo no veo inconveniente en que se abone un euro por cada visita que se hace a la asistencia primaria. O una cantidad también simbólica cuando se recibe asistencia hospitalaria.

En el plano macroeconómico, llegamos a 2011 y toca reducir déficit. En 2010 se hizo un ajuste en el Estado central y durante el presente les toca apretarse el cinturón a las autonomías. Cataluña reclama más financiación al Estado y el resto de comunidades piden ser tratadas igual que Cataluña ¿Generan estas disputas un panorama insostenible?

Bueno, los ajustes están pendientes de hacer en las tres administraciones todavía, incluida la administración central, porque este año hay una previsión de crecimiento del 1,3% del PIB y la mayoría de los organismos internacionales dan, como máximo, un techo del 0,8%.

Eso quiere decir que, si tenemos en cuenta el desplome de los ingresos tributarios, que en el primer trimestre de este año han caído un 16% -con cifras alarmantes en el Impuesto de Sociedades, donde la caída ha llegado al 42%-, el objetivo de déficit del 6% para este año que se ha marcado el Gobierno central es difícilmente alcanzable. Por lo tanto yo creo que vamos a ver nuevos ajustes en la Administración central, pero es verdad que otra parte de los ajustes incumbe también a las comunidades autónomas, que tienen problemas en estos momentos para refinanciar deuda. El gran debate es si alguna comunidad autónoma incurrirá o no el impago. Algunas comunidades han iniciado la senda de lo que se conoce como bonos patrióticos, a un tipo de interés muy elevado, que lo que van a hacer es asfixiar todavía más las finanzas de estas autonomías. Por lo tanto, aquí lo que se necesita es un ajuste muy severo por la vía del gasto.

Vamos a ver cosas después de las elecciones, cuando acabe el discurso políticamente correcto de los partidos, que si nos las hubieran planteado pues hace un quinquenio no las hubiéramos creído. Por ejemplo, la introducción de los ERE en las administraciones públicas. Es una cosa que hasta ahora estaba reservada a las empresas privadas, pero que van a tener que hacer comunidades autónomas y ayuntamientos porque tienen las plantillas muy hinchadas. La presión europea también opera en esa misma dirección: Grecia, por ejemplo, ha eliminado ya los ayuntamientos por debajo de 10.000 habitantes. En España hay 8.116 ayuntamientos, y el 85% tienen menos de 5.000 habitantes. Es un debate que está pendiente.

En cuanto a la estabilidad presupuestaria, usted dice que es una prioridad en este momento, ¿llegaremos a ver un techo de gasto para las comunidades autónomas?

El Partido Popular lo lleva en su programa electoral y creo que es una medida muy acertada porque el Gobierno actual enterró lo que son los principios básicos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y esto fomentó esa inercia de las comunidades autónomas de gastar más de lo que ingresan. En esto hay que poner un dique de contención. El debate está en si se hace por ley o no. Las comunidades del PSOE dicen que ellas están dispuestas a autorregularse y no hacerlo por ley, mientras que el PP dice lo contrario.

La música que viene de Bruselas, que es el paso que ha dado Alemania, incluyéndolo incluso en su Constitución, es que hay que hacerlo por ley, porque esto de alguna manera marca una referencia rígida para que las diferentes administraciones no gasten más de lo que ingresan, y yo creo que es la vía que habría que seguir.

También repasa en su libro el caos en los ayuntamientos, que fueron los que aplicaron el Plan E. ¿Por qué fueron tan ineficientes aquellas medidas para el empleo?

Yo creo que existía la percepción en el Gobierno de que la crisis económica no era tan severa como la que hemos conocido, y había una cierta propensión a improvisar medidas urgentes. Pero el tiempo ha demostrado que los puestos de trabajo creados fueron muy efímeros. El Plan E contó con 13.000 millones de euros de presupuesto, la mayoría de los cuales no se invirtieron en infraestructuras eficientes y no aportaron valor añadido. Es una pena que una cantidad de recursos tan importante se canalizara hacia un sumidero.

Usted es muy crítico con los servicios públicos de empleo, con el INEM. Dice que sólo gestiona el 8% de nuevas colocaciones, ¿cómo hemos llegado a esta situación?

Lo que el ciudadano corriente no entiende, porque tampoco tiene una explicación fácil, es que en este país existan servicios de empleo municipales, autonómicos y estatales, y, al mismo tiempo haya casi cinco millones de parados, según la última encuesta de población activa. Esto refleja que es ineficiente. Después, cuando te fijas en los datos objetivos compruebas que los servicios públicos de desempleo sólo intermedian en el 8% de las colocaciones. Hay que reformarlo con urgencia porque la creación de empleo en este país es la primera prioridad.

La unidad de mercado en España es un debate pendiente. La Unión Europea va en una dirección y aquí se va en otra. ¿Es otro ejemplo de cómo el estado autonómico puede dificultar la creación de empleo?

Si partimos de la premisa de que la creación de empleo es la primera prioridad del país habrá que convenir que la madeja legislativa de más de 5.000 normas que han creado las comunidades autónomas para regular todo tipo de actividad comercial desconciertan a los empresarios, que, a veces, tienen dificultad para crear empleo.

Ha habido comunidades, como Galicia, que han incorporado normas que son disparatadas, como la de condicionar la creación de una gran superficie a que el promotor tenga salas de lactancia. Creo que todo esto hay que ponerlo en orden, y los dos grandes partidos se han comprometido en sus programas electorales a fomentar la unidad de mercado.

Sobre el Pacto de Estado del que habla al final del libro, ¿cuándo se podrá ver un acuerdo entre los grandes partidos para que no existan en España tres administraciones que se solapen? ¿Para la próxima legislatura quizá?

Sí. Creo que tras las próximas elecciones generales habrá agua en la piscina para que los partidos lleguen a un gran pacto de Estado que reordene el sistema autonómico y que corrija las asimetrías que hemos conocido en las últimas tres décadas. Hay una presión ciudadana creciente porque los propios ciudadanos no entienden tanta duplicidad y tanta ineficiencia. No entienden que haya concejalías de vivienda, que haya consejerías autonómicas de vivienda, que haya una Secretaría de Estado de vivienda, que, hasta hace poco haya habido un Ministerio de Vivienda y que, sin embargo, haya un millón de viviendas sin vender y cientos de miles de jóvenes deseando emanciparse sin poder hacerlo. Todas estas asimetrías hay que corregirlas y los dos grandes partidos se van a poner de acuerdo por la presión por parte de los ciudadanos y porque de alguna manera los dos coinciden en que los cimientos del Estado autonómico son muy potentes pero el edificio sobre el que ha estado en los últimos treinta años tiene grietas profundas como consecuencia de los efectos de la crisis económica.

La crisis ha sido como una especie de terremoto que ha llevado a reconsiderar un modelo que estuvo pensado en la Constitución de 1978, año y época en la que había otras prioridades. Ahora lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra y solucionar estas dificultades. Los dos grandes partidos están de acuerdo en hacerlo y fuera del calor electoral será posible.

La crisis, por tanto, va a obligar a replantear este modelo exhausto…

Sí, entre otras cosas porque aquí se ha producido una novedad y es que la palabra recentralización, que era una palabra maldita, una acusación que la izquierda dirigía contra la derecha y que consiste en la devolución de las competencias de las comunidades autónomas a la Administración central, ha penetrado ya en la izquierda ideológica. Hay algunas voces desde ese ámbito que han llegado incluso a manifestar la necesidad de hacer un paréntesis hasta que acabe la crisis económica y suspender el estado de las autonomías para corregir estas disfunciones de las que hablamos.