Indemnizará a 4 millones de colombianos
La “Ley de víctimas” en Colombia abre una grieta entre Santos y Uribe
martes 17 de mayo de 2011, 14:23h
Desde que Juan Manuel Santos asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2010, mucho se ha especulado sobre su relación de que hasta aquel momento fue su antecesor y mentor político: Álvaro Uribe. Sin embargo, el debate sobre la “Ley de Víctimas” la cual prevé la controvertida inclusión del termino “conflicto armado”, ha puesto de manifiesto el distanciamiento entre sendos líderes.
El Congreso de Colombia ultima los detalles para el debate final que daría paso a la entrada en vigor de “Ley de víctimas”. Una normativa instada por el presidente Juan Manuel Santos en septiembre del año pasado, con el objetivo de atender y reparar a alrededor de 4 millones de víctimas del conflicto guerrillero que ha azotado al país a lo largo de más de 40 años sin discriminar cuáles hayan sido sus victimarios.
Pero a pesar de las buenas intenciones y expectativas que despierta este proyecto que contempla la aplicación de medidas en materia de salud, educación, ayuda humanitaria o restitución de tierras; ello no ha librado a esta ley de la polémica.
La inclusión de la frase “conflicto armado” dentro de dicha legislación ha encendido un caldeado debate en el seno del lobby político colombiano que ha puesto en evidencia el enfriamiento de las relaciones entre Santos y el que fuera hasta hace no mucho, su antecesor y mentor, Álvaro Uribe Vélez, quién durante su gobierno eludió utilizar este término, por considerar que le daría el estatus de beligerancia a grupos armados ilegales como las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por ende darle “alguna legitimidad” a los movimientos guerrilleros.
De ser este el caso y de acuerdo con las normas del derecho internacional, los rebeldes tendrían el reconocimiento de una serie de derechos que les permitiría continuar con su sublevación si cumplen varios requisitos entre los que figura el control territorial y el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Dos condiciones que ni las FARC ni el ELN reúnen.
Aferrándose a esta premisa Santos ha intentado zanjar la polémica, negando que reconocer una realidad como el conflicto colombiano no supone darle concesiones a la narco guerrilla, si no otorgarle al Estado la potestad para combatir a los grupos armados que amenazan la seguridad de la nación suramericana.
“Si no hay conflicto armado interno, entonces no podemos bombardear a los jefes de la guerrilla, a los campamentos guerrilleros. Bajo el ámbito de los Derechos Humanos esto está prohibido, bajo el ámbito del Derecho Internacional Humanitario está permitido”, apuntó el mandatario en durante un acto público en el suroeste del país, y agregó que “si decimos que no hay conflicto armado interno allá nos vamos, a la (cárcel) Picota, el ex presidente Uribe, los comandantes y este servidor”, debido a que su país se rige bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario, las cuales también rigen para las Fuerzas Armadas colombianas.
Divisiones en las filas de la “U”
El desencuentro conceptual entre Santos y Uribe se ha hecho evidente en las filas del gobernante Partido de la “U”, sobre todo durante los debates del Congreso la semana pasada en donde los senadores de esa plataforma apoyaron la postura del ex presidente colombiano, manifestando su temor de que si la “Ley de víctimas” reconocía explícitamente el conflicto armado interno en el país, las FARC cambiarían de nomenclatura y dejarían de ser categorizadas como terroristas.
Esto hizo que el presidente de ese partido Juan Lozano y el senador y ponente de la ley, Roy Barreras, chocaran durante la discusión de este lunes sobre la forma en cómo esta narco guerrilla es calificada en dicho texto legislativo.
Para Lozano si la nueva ley reconoce el conflicto armado también ha de reconocer de forma explícita y contundente que los grupos armados ilegales son y seguirán siendo denominados terroristas.
“El compromiso en la Casa de Nariño con el presidente Santos fue que las FARC son un grupo terrorista, que han obrado como un grupo terrorista y en consecuencia deben ser comprendidos y denominados como tales. El compromiso era que quedara en la ponencia. Y no quedó así. La ponencia tenía que haber sido mucho más categórica en relación con este punto”, explicó Lozano en el pleno del Congreso.
Aseguró que la “U” está comprometida a aprobar una “muy buena Ley de víctimas”, pero que ello no suponga “aflojar ni debilitar la posición del Estado en la lucha contra el terrorismo y en la recuperación de su territorio”.
Por su parte Barreras insistió que en el texto sí se incluyó la calificación de terrorista para los grupos armados ilegales como una “precisión que aclarará que la utilización del termino conflicto no significara jamás legitimación de las guerrillas, ni de ningún otro grupo terrorista”.
Este martes el Congreso iniciará el debate final sobre esta nueva ley que tiene como propósito indemnizar a 4 millones de víctimas, sin discriminación de bandos y en donde se reconocería a nivel legal la realidad del conflicto interno. Un reconocimiento que arrastra interrogantes en cuanto forma y de fondo sobre la interpretación de un contexto nacional con más de cuarenta años a cuestas y que supondría la “desuribización” de la política de seguridad colombiana.
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