PETICIÓN DE JUSTICIA

Juan José Cortés, el padre de la niña asesinada en Huelva por un pederasta, ha pedido explicaciones al Presidente del Gobierno en funciones, José Luís Rodríguez Zapatero, quien le ha prometido tomar cartas en el asunto. La reacción llega tarde. No por Zapatero, el cual ha hecho lo único que podía y cabía esperarse: reconocer el desaguisado judicial que culminó con la brutal muerte de una menor, y la depuración de posibles responsabilidades. Tarde porque nada de lo que se haga devolverá ya la vida a la pequeña Mari Luz, ni tampoco podrá paliar el enorme desprestigio que la Justicia ha sufrido.

Y es que, tras la sonrojante cadena de despropósitos judiciales que ha desembocado en esta tragedia, unos y otros se lavan las manos. Políticos y funcionarios se señalan con el dedo, en una clara intención de quitarse de encima semejante responsabilidad. Y entre tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución, ausente. Por eso, los responsables, directos o indirectos –poco importa ya- han de asumir su cuota de responsabilidad. Pero, independientemente de las personas, cabe hacerse otra valoración. Estamos ante un caso en el que las ideas pesan casi más que las personas. Y hay que hablar de ello sin tapujos.

En el mundo del derecho penal, como en tantas disciplinas, hay toda suerte de teorías acerca de asuntos tales como el cumplimiento de penas, medidas de reinserción y todo aquello que afecta a quien delinque. Ocurre que, cada vez que en este país se ha intentado endurecer la legislación penal, un importante sector –progresista, a la sazón- de juristas y políticos ha puesto el grito en el cielo. Hay quien parece preocuparse más de los verdugos que de las víctimas. No hay más que recordar cuál fue la reacción del Gobierno cuando el PP propuso retocar la Ley del Menor, para que delincuentes sumamente peligrosos campasen a sus anchas sin freno alguno por mor de su minoría de edad –y ahí está el horrible caso de la muerte de Sandra Palo-. De la Vega respondió diciendo que “el PP quiere meter en la cárcel a los niños”. Cuesta entender porqué la izquierda judicial de España es tan proclive a la lenidad de penas. El que comete un delito, ha de pagar por ello. La gravedad de algunos hechos y la reincidencia de quienes los perpetran justifican con mucho la reclusión de tales individuos por el tiempo que marque la ley. Y habrá quien sea irrecuperable para la sociedad. Aunque sólo sea por ley de probabilidad. Pues la seguridad jurídica que ha de brindarnos el Estado incluye, cuando no es posible reeducar, apartar a estos sujetos de la sociedad, para que no hagan más daño. Menos complejos y más justicia.

ISRAEL MUEVE FICHA

La decisión adoptada por el gobierno israelí de retirar cerca de 50 puestos de control militar y otro tipo de barreras físicas en Cisjordania, aporta una pequeña dosis de esperanza al enquistado conflicto de Oriente Medio. Hace ya algún tiempo que nos hemos acostumbrado a que cada buen gesto venga acompañado de una posterior decepción. Sin perder de vista semejante perspectiva, sí es cierto que toda noticia procedente de aquella zona que no tenga que ver con violencia es ya de por sí buena.

Arriesga el ejecutivo israelí con esta iniciativa, auspiciada por Estados Unidos –no en vano, se ha dado a conocer por un comunicado, tras el encuentro que mantuvieron la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, y el Ministro israelí de Defensa, Ehud Barak-. Y arriesga porque las razones aducidas no son baladíes. Según Barak, el establecimiento de estos “check points” obedece estrictamente a medidas de seguridad, y que, de no ser por ellos, milicianos palestinos armados entrarían en suelo israelí, como ya ha sucedido más veces. No obstante, es éste un riesgo calculado, y que puede reportarle beneficios a Israel. Para empezar, la iniciativa en sí. Mueven ficha, y lo hacen flexibilizando el devenir cotidiano de los palestinos, los cuales han de perder horas y horas en interminables controles. Muchos de ellos entran en Israel para trabajar; no hay que olvidar que un gran número de empresas israelíes se nutren de esta mano de obra. Los unos, por no ver parado el desarrollo empresarial, y los otros, por llevar un sustento a sus hogares, pero es evidente que a ambos, israelíes y palestinos, les interesa que este statu quo embrionario se mantenga.

Hay más. Una concesión de Israel es siempre una victoria para los palestinos. Ni que decir tiene que las facciones moderadas de Abú Mazen se apuntarán este tanto como propio, en detrimento de los terroristas de Hamás. Porque ellos controlan la franja de Gaza, y es allí donde el conflicto adquiere su vertiente más cruel. Cisjordania es diferente; sin ser un oasis, al menos se percibe un cierto sosiego, alimentado por ambas partes. Y eso tiene su premio. Claro que Israel habla con una sola voz, cosa que no ocurre con los palestinos. Es de esperar que, con este tipo de gestos, Tel Aviv logre al menos hacer ver que es posible hacer cosas si hay buena voluntad. Ahora, le toca a Mazen. Ojalá mueva él, y no otros.

ASESINATOS INDISCRIMINADOS EN COLOMBIA

El Washington Post se hacía eco el sábado de un terrible hecho que, lamentablemente, no es nuevo. Se trata de los asesinatos indiscriminados de campesinos que luego hacen pasar por guerrilleros llevados a cabo por el ejército colombiano. Asociaciones en defensa de los derechos humanos llevan muchos años denunciando esta terrible práctica, que tiene su fundamento en la idea de que el éxito en una guerra se mide en función del número de bajas del adversario. Es decir, algunos sectores del ejército colombiano ‘inflan’ la bolsa, asesinando a campesinos desarmados que, tal y como describe el artículo del Post, luego visten con ropa de guerrilleros.

La cuestión que subyace en este dantesco asunto es la división existente en el seno de las fuerzas armadas colombianas entre aquellos que defienden que deben asumirse nuevos parámetros en los que basar la lucha contra las FARC y los que se mantienen fieles a la estrategia tradicional. Resulta ingenuo pensar que se puede luchar contra un grupo armado sin utilizar la violencia, pero esa no puede ser la única vía de acción. Más que por cuestiones morales, por cuestiones prácticas; la violencia sin sentido sólo acaba generando más violencia y alimentando el problema, enquistándolo sin solución. Es necesario enfocar la lucha contra las guerrillas en buscar soluciones más a largo plazo como generar deserciones o desmovilizaciones voluntarias más que en acumular muertos en combate. Sólo así se abordará de manera realmente eficaz un conflicto que lleva demasiados años desangrando a Colombia.