El PP no descarta emprender acciones judiciales contra el PSOE de Castilla La-Mancha

El PP de Castilla-La Mancha ha acusado este lunes al Gobierno en funciones de la comunidad autónoma de ocultar datos y "mentir" a los ciudadanos sobre la situación financiera de la región y ha prometido adoptar las medidas que sean necesarias, sin descartar las judiciales, para que esa información se conozca.

Así lo ha manifestado el secretario de Acción Parlamentaria del PP castellanomanchego, Leandro Esteban, quien ha exigido al Gobierno regional retomar con urgencia el proceso de traspaso de poderes, pues así lo han querido los ciudadanos y así lo establece la ley. Esteban ha criticado con dureza tanto la actitud "chulesca y prepotente" del Gobierno de José María Barreda en el proceso postelectoral como una gestión económica "desbocada" que ha convertido a Castilla-La Mancha en "campeona de España en déficit y despilfarro", sin que ahora se dé ninguna explicación de en qué se ha gastado ese dinero.

El dirigente del PP ha asegurado que los proveedores "se agolpan" en las puertas de los centros de la Junta, algunos con facturas pendientes desde hace un año, mientras el Gobierno regional ha superado en cuatro meses el límite de déficit permitido para todo el año (que es un 1,3 % del PIB, por un 1,7 % reconocido por la Junta) y ya no tiene capacidad para endeudarse.

Esos son los "datos oficiales" a los que ha aludido Esteban para justificar la afirmación realizada el pasado viernes por el número dos del PP castellanomanchego, Vicente Tirado, sobre la situación de "quiebra total" de la comunidad autónoma.

El dirigente del PP ha contrapuesto esas cifras a "las fabulaciones" del Gobierno regional, al que ha acusado de "ocultar datos", de "mentir a los ciudadanos" e incluso de intentar mentir al Ministerio de Economía y Hacienda, que ha rechazado en cuatro ocasiones las cuentas que le ha presentado.

También ha manifestado que hay "evidencias gráficas" de las "sacas de papeles" y de la "destrucción de documentos" de las consejerías, por lo que ha pedido que cesen esas actitudes "si queda algo de decencia política".

Esteban ha exigido que se empiece a dar información de forma urgente a los ciudadanos y ha criticado el comportamiento de los consejeros salientes, quienes -"bordeando el incumplimiento de la ley", a su juicio-, se han esforzado por que el traspaso de poderes no sea "sensato, lógico y democrático".

Acusaciones de deslealtad
Mientras, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha cargado contra el PP por poner en cuestión las cuentas de Castilla-La Mancha y ha calificado su actitud de "deslealtad que raya en el gamberrismo político" y de "grave irresponsabilidad" en un momento en que España es observada por sus acreedores y por los mercados.

Según ha relatado Iglesias en rueda de prensa, el enfrentamiento surgido en el traspaso de poderes en Castilla-La Mancha ha sido uno de los temas debatidos en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal socialista este lunes, una reunión a la que ha asistido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero no el presidente en funciones de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

Iglesias ha subrayado que el Ejecutivo de Barreda planteó "una transición de poderes absolutamente leal y constructiva" para que sus sucesores tengan toda la información antes de tomar posesión de sus puestos, y ha insistido en exigir al PP responsabilidad ante sus "ambiguas" acusaciones. Además, ha advertido a su presidente, Mariano Rajoy, de que no vale jugar a "policía bueno, policía malo", ofreciendo él lealtad para combatir el déficit mientras sus portavoces "restan credibilidad" a las cifras sin tener datos.

Sin embargo, preguntado hasta en tres ocasiones si el PSOE va a tomar alguna medida para atajar las acusaciones, el 'número tres' del partido se ha limitado a remitirse una y otra vez a las cuentas publicadas por el Ministerio de Hacienda en su web, unas cuentas a las que, ha recalcado, la UE da toda credibilidad. "Los datos no son opinables", ha remachado.

A su juicio, las palabras "alarmantes" del PP sobre la situación financiera de Castilla-La Mancha, pero también de otras comunidades gobernadas hasta ahora por el PSOE -Asturias, Baleares o Aragón-- responden a "una estrategia" para "justificar" las "medidas de retroceso social y de ajuste del Estado del bienestar" que, según el PSOE, tomará el PP allá donde gobierne, como ya ha hecho en Galicia.