La ética de los traspasos de poder

No es la primera vez que ocurre, ni será la última. El gobierno saliente de Castilla - La Mancha suspendía las reuniones previstas con el PP para el traspaso de poderes en la comunidad autónoma, ante las acusaciones de éstos de quiebra técnica. Denuncian los populares que se han encontrado una administración con una deuda estratosférica, hasta el punto de que hay aún facturas pendientes de cobro…en pesetas -lo que da idea del índice de morosidad castellano-manchego-. Denuncian igualmente que los socialistas están arramblando con todo aquello que pueda resultarles comprometedor, y que las destructoras de papel de la Junta funcionan a pleno rendimiento. Si esto es así -y todos los indicios apuntan a que es cierto-, José María Barreda y los suyos estarían dando un ejemplo de inmadurez democrática y deslealtad institucional sin parangón.


A propósito de los traspasos de poder, salen ahora a la luz algunas vergüenzas de quienes se van, y que explicarían el deplorable estado financiero de más de una administración. Es especialmente sangrante el tema de los asesores de libre designación; o lo que es lo mismo, enchufismo en estado puro. Sólo dos datos que ilustran acerca de la gravedad de este asunto: en cuatro de las diputaciones andaluzas donde el PP ha obtenido la victoria electoral, se ha encontrado con más de 500 cargos “digitales”. La cifra se eleva a los 1.400 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; algo a todas luces desproporcionado. De ahí el interés de los socialistas a la hora de ocultar una práctica tan execrable como onerosa. Eso explicaría, entre otras cosas, el enorme nivel de gasto de las administraciones españolas. Y cuya racionalización nada tiene que ver con el recorte de derechos, sino con el sentido común.