La ética de los traspasos de poder

No es la primera vez que ocurre, ni será la última: el gobierno saliente de Castilla - La Mancha suspendía las reuniones previstas con el PP para el traspaso de poderes en la comunidad autónoma, ante las acusaciones de éstos de quiebra técnica. Denuncian los populares que se han encontrado una administración con una deuda estratosférica, hasta el punto de que hay aún facturas pendientes de cobro…en pesetas -lo que da idea del índice de morosidad castellano-manchego-. Denuncian igualmente que los socialistas están arramblando con todo aquello que pueda resultarles comprometedor, y que las destructoras de papel de la Junta funcionan a pleno rendimiento. Si esto es así -y todos los indicios apuntan a que es cierto-, José María Barreda y los suyos estarían dando un ejemplo de inmadurez democrática y deslealtad institucional sin parangón.

Todo ello, bien entendido, si las acusaciones se demuestran ciertas. Porque, es preciso dejar claro que la carga de la prueba la lleva el secretario general de los populares manchegos, Vicente Tirado, el cual, antes de aventurarse a lanzar acusaciones tan graves como hablar de un estado de “quiebra” de las cuentas públicas de esta región, debe asegurarse de que cuenta con pruebas fehacientes, porque se le van a exigir. De la misma forma, para denunciar algo tan grave como una supuesta destrucción de documentos oficiales por parte del Ejecutivo en funciones debe aportar pruebas que lo avalen. No bastan indicios, que los hay. La destrucción de documentos oficiales es un delito penado, de modo que si el PP de Castilla la Mancha tiene pruebas de ello, debe presentar la denuncia correspondiente ante un juzgado. De lo contrario, estaría cayendo dentro de un juego sucio que sólo sirve para sembrar inquina y confusión en unos tiempos especialmente delicados.