¿Elecciones anticipadas? Acuerdo presupuestario

Desde hace varias semanas se habla de la posibilidad de que se adelanten las elecciones generales. Hasta ahora eran rumores, pero ayer la prensa se hizo eco de los mismos con ciertos visos de que tras los dimes y diretes hay un sector del PSOE verdaderamente interesado en que las elecciones se celebren en noviembre. Por las declaraciones que ayer hicieron Marcelino Iglesias y José Blanco, se ve que hay otro grupo del partido que está, contrariamente, a favor de agotar la legislatura como dijo Zapatero la noche del 22 de mayo.

Los argumentos que barajan los que quieren dentro del PSOE adelantar las elecciones son muy razonables: las encuestas sobre el mercado laboral que se publiquen después del verano recogerán un descenso del paro porque se espera una campaña turística excepcional, gracias a la incipiente recuperación de la economía de algunos países europeos, muchos de cuyos ciudadanos veranean en España, y gracias a que por la situación de inestabilidad de Oriente próximo y del Norte de África numerosos turistas elegirán España como destino para sus vacaciones.

El resto de datos macroeconómicos no parece que puedan mostrar en noviembre una evolución muy positiva o, por lo menos, suficiente como para trasladar a los ciudadanos un mensaje de que la recuperación está a la vuelta de la esquina. La principal preocupación de los españoles, según las encuestas del CIS, es el paro, y, por lo tanto, cualquier noticia que apunte hacia una posible, aunque sea incierta, salida de la crisis podría provocar que algunos votantes del PSOE, que hoy por hoy tendrían pensado abstenerse o votar a otras opciones, pudieran ser fieles a su partido en las urnas.

Quienes en las tertulias radiofónicas y televisivas y en la prensa escrita hacen estos planteamientos señalan a la vez que ese posible descenso del paro sería circunstancial y que en el último trimestre de este año y en el primero del que viene volverían las cifras negativas o moderadas subidas de las contrataciones. Por esto, según algunos socialistas, habría que aprovechar el espejismo estadístico de noviembre.

A esta argumentación, otros añaden que durante los próximos meses se potenciaría al máximo la buena imagen de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien tendría una presencia constante en las asociaciones del PSOE y en los medios de comunicación. La conferencia política prevista para después del verano –sustituto descafeinado del Congreso extraordinario propuesto por algunos– serviría para lanzar un renovado programa electoral del PSOE, que permitiera a Rubalcaba el difícil equilibrio de tomar a beneficio de inventario la herencia de Zapatero haciendo una criba entre lo rentable y lo ruinoso.

El planteamiento de los que proponen dentro del PSOE, apoyándose en estos razonamientos, un adelanto electoral es exacto y riguroso en términos partidistas. Pero éste es precisamente el problema: se anteponen los intereses de partido a los intereses generales. Además, al enseñar las cartas por adelantado, se pierde buena parte del impulso que se podría conseguir. Asimismo, da la impresión de que se trata al electorado de imbécil al mantenerse en lo peor del zapaterismo: tomar la imagen instantánea como la realidad de las cosas sin preocuparse del fondo de las mismas y sin otear las cuestiones políticas con cierta grandeza de miras.

El PSOE no ha aprendido nada ni de lo que hay de sensata indignación en el movimiento 15-M ni de por qué los electores le dieron la espalda el 22 de mayo. Muchos de sus dirigentes parecen sólo preocupados en cómo salvar sus propios muebles del más que presumible naufragio electoral. De tanto mirar a lo cercano, se olvidan del horizonte: el principal objetivo es una verdadera recuperación de la economía sobre bases sólidas, para lo que es fundamental un presupuesto austero en el gasto, eficiente en la recaudación e incentivador de la economía privada, que es la única que de verdad puede generar el nivel de empleo necesario para corregir la tremenda cifra de paro.

Estos últimos días han vuelvo las dudas de los inversores internacionales sobre la economía española. Esto lleva a que el diferencial que se paga por la deuda española respecto a la alemana se incremente nuevamente y que una vez más surjan rumores sobre si se hará necesaria una intervención de la economía española. Comentan en los mentideros políticos que incluso algunos empresarios y gentes del PP estarían jugando a esto para que así se aprobasen medidas restrictivas, liberalizadoras y privatizadoras como las exigidas a Grecia, Irlanda y Portugal e, igual que a estos países, un contundente ajuste presupuestario. Algunos piensan que de este modo las grandes reformas necesarias se llevarían a cabo de forma más drástica e inmediata y así la responsabilidad recaería sobre los burócratas europeos y sobre un Gobierno que habría llevado a la economía española a la quiebra. Conviene matizar que ni el colapso de la economía española, de producirse, ni la situación actual se deben sólo ni principalmente al Gobierno, aunque éste tenga responsabilidades ineludibles.

La actitud de algunos dirigentes del PP no contribuye nada a propiciar los necesarios consensos, porque dan al Gobierno por amortizado y esperan su caída. Mas convendría frenar cuanto antes estos rumores contra la economía española porque el diferencial en los tipos de interés que se tendría que pagar por el endeudamiento exterior que necesitamos –en un momento en que el Banco Central europeo puede subir nuevamente los tipos– haría que la recuperación fuese aún más lenta y difícil, dado que se restringirían todavía más las posibilidades de que las empresas y familias españolas consiguiesen crédito. Si hay empresarios que están jugando a esto, yerran, porque es tirar piedras contra su propio tejado.

¿Sería utópico pensar que PSOE y PP creasen una comisión para aprobar unos presupuestos generales del Estado para 2012, independientemente de cuándo se celebren las elecciones? Tal comisión sería un claro mensaje a los mercados: se lanzaría la idea de que los dos grandes partidos están por unos presupuestos realistas y dispuestos a aplicarlos cualquiera que fuese el resultado electoral. Pero, claro, para esto hay que tener en mente los intereses generales y no los partidistas.