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Responsabilidades alemanas en la crisis del pepino

José Eugenio Soriano García
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josesorianoelimparciales/11/11/23
miércoles 15 de junio de 2011, 11:26h
“Las autoridades sanitarias alemanas levantaron hoy la alerta contra el consumo de pepinos, lechugas y tomates crudos tras constatar que la infección con una cepa agresiva de la bacteria "E. coli" tiene "con casi absoluta seguridad" su origen en semillas germinadas.
Así lo anunciaron hoy sendos portavoces del Instituto Robert Koch de virología y el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos en una rueda de prensa conjunta en Berlín.”

Y luego, puede leerse también, al parecer sin contradicción, lo siguiente:
“La Comisión Europea ha logrado este martes el apoyo de suficientes Estados miembros, entre ellos Alemania, para sacar adelante su propuesta de limitar a 210 millones de euros las ayudas a los agricultores con las que compensar el 50% de las pérdidas del sector hortofrutícola europeo tras la llamada 'crisis de los pepinos'. España ha votado en contra y reclamará más compensaciones.”

Esto es lo que rezan los periódicos cuando llevamos ya más de un mes largo de pánico alimentario y de pérdidas fortísimas en la horticultura española.

Lo de los alemanes tiene delito. Primero una irresponsable funcionaria de segundo grado de la ciudad de Hamburgo, genera la mayor alarma infundada que se conoce en la historia de la Unión Europea. Y tozudamente, como una mula, encima insistió, con soberbia germana, erre que erre, hasta que la tuvieron que callar los propios laboratorios alemanes por el ridículo que estaba haciendo de la investigación en la propia Alemania. Ridículo sí, pero daño y lesión, también. Y todo ello sin tener claramente dispuesto un sistema de seguimiento de la trazabilidad en la seguridad alimentaria, lo cual, sorprende en un país que va de líder tecnológico.

Luego, abusando de su posición y quizás intentando evitar responsabilidades patrimoniales, Alemania consigue que la UE limite a una cantidad menor las pérdidas del sector hortofrutícola, fundamentalmente español. Apenas 200 millones de euros, cantidad que, con toda probabilidad, es la que semanalmente vienen perdiendo los agricultores españoles.

Y, finalmente, todo apunta a que en una granja alemana es el origen de la infección. Las sospechas se centran en una granja de cultivo biológico en la localidad de Bienenbüttel, en el distrito de Uelzen, en el Estado de Baja – Sajonia.

Con lo cual tenemos ya un mosaico con piezas muy diferentes, a las que hay que añadir que una empresa española, acertadamente, ha demandado ante el Tribunal Administrativo de Hamburgo a las autoridades sanitarias de dicha ciudad – estado. Y lo ha hecho, pidiendo la entrega de las actas en las que se acusaba al pepino español, malagueño concretamente, de ser causante de la cepa de la mortal bacteria.

Esto tiene alguna importancia en Derecho: cuando las Autoridades Sanitarias se niegan a entregar las actas, es sin más y directamente una violación flagrante del principio de transparencia.

Sorprende mucho que en toda la UE, las normas recientes sobre buenas prácticas administrativas y la modificación general sobre la idea de responsabilidad administrativa se hagan sobre la base de incorporar los principios más genuinos del Estado de Derecho, como es el capital principio de transparencia, y luego que los Estados que van de líderes jurídicos no atiendan lo más mínimo a dicho principio ni a los demás principios asociados, tales como la imparcialidad, objetividad, y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Las acciones a adoptar en el Tribunal Administrativo Alemán, parecen, por las noticias de prensa, correctamente enfocadas. Ahí hay que solicitar una reparación suficiente.

Es cierto que en toda la UE, tanto en los países de origen latino, como en los de origen germano, la responsabilidad patrimonial es simplemente reparatoria y de carácter resarcitorio. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde la responsabilidad patrimonial incorpora, también, un carácter sancionador. De esta manera, tras miles de avatares, resulta que lo más que se conseguirá es reparar el mal causado, siendo así que la evolución natural de la teoría de la indemnización debería apuntar ya, también en Europa, a que paguen los platos rotos… quienes los rompieron. Pero en fin, si no se logra cambiar este estado de cosas en la teoría indemnizatoria, al menos debería incorporarse la reparación total, la “restitutio in integrum”. Y eso es algo que tienen que exigir ante los propios Tribunales alemanes, que deberán actuar conforme a Derecho y no con principios meramente nacionalistas e ideológicos.

Habrá que seguir de cerca ese pleito. Será interesante para comprobar si, efectivamente, en Alemania rige ese Estado de Derecho que tanto exhiben.

De momento, en la política, lo han hecho mal, al no reconocer la lesión patrimonial íntegra que los agricultores españoles tienen que lograr. Ciertamente podían haber liderado una regeneración moral en la UE, tan necesaria en una comunidad política altamente cuestionada por su burocracia, y también, por ser un centro de gravedad permanente de la política y no del Derecho.

La Comisión Europea, tendría que tener y que hacer un cálculo justificado que motivara adecuadamente su decisión, de forma que fuera una resolución fundada, justificada y, en definitiva, adecuada a Derecho y no solamente a la política. Y así, corregir de una vez, también, esa perversa deriva de omnipotencia y prepotencia con la que Alemania actúa. Alguna vez el Derecho tiene que triunfar también sobre la Política, incluso en las propias instancias ejecutivas de la UE, sin esperar a una Sentencia de los Tribunales de Luxemburgo. Y decirle así, claramente, a los políticos alemanes que dejen de una vez de ser los herederos de Carl Schmitt y se pasen a Kelsen. Schmitt no fue, lo vemos ahora de nuevo, una casualidad en la doctrina alemana; más bien fue una causalidad. Ojalá cambien de teórico doctrinal en Alemania o, al menos, que les obliguen a cambiar en las instancias comunitarias. Menos decisión y más motivación. Entonces ganará el pepino español… y todas las libertades y derechos comunitarios.

Finalmente, la Comisión ha comenzado a reaccionar. Así su “Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas” puede ser un buen comienzo. Pero nada se logra en el futuro si no se asumen las responsabilidades del pasado. El principio de culpa es clave también para ordenar pro futuro, con buen criterio, cómo actuar. No tiene sentido que simplemente los graves errores políticos, económicos y jurídicos, se consideren como una mera anécdota. Si no se extraen consecuencias claras, cada vez toma más fuerza, frente a la responsabilidad, el antagónico vicio de la impunidad. Y eso es letal, ya que se mejora un poco solamente, pero sin asumir las consecuencias. Y solamente cuando esas resultas despliegan sus efectos, se puede abordar con seguridad y fiabilidad lo que se hará en el futuro. Hay que recuperar la responsabilidad y ello, supone a la postre, recuperar también la culpabilidad. Ésa ha sido la base del pensamiento occidental y la “postmodernidad” de evitar que nadie responda y que “esto es lo que hay”, supone limitar severamente las posibilidades de mejorar en el futuro. Los romanos tenían una buena expresión, “Caveat Consules!”, cuando advertían que había que exigir responsabilidades unidas a las advertencias pro futuro. El Derecho romano es la base del derecho occidental. No lo olvidemos nunca. Así que ahora hay que decir a la Comisión “Caveat Consules ¡” y que desde luego, sigan ese Caveat.

José Eugenio Soriano García

Catedrático de Derecho Administrativo

JOSÉ EUGENIO SORIANO GARCÍA. Catedrático de Derecho Administrativo. Ex Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia. Autor de libros jurídicos.

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