Anuncios de prostitución o más recortes en los medios

La Declaración de Madrid, suscrita por editores de medios y asociaciones de prensa en junio de 2010, establecía que los primeros se comprometían a "promover altos estándares éticos en la autorregulación de la publicidad". Un año después, este documento se ha confirmado inútil si el fin que perseguía esta cláusula era limitar o eliminar los anuncios de prostitución en los periódicos.

El Congreso de los Diputados instó recientemente al Gobierno a acelerar los mecanismos necesarios para hacer efectiva la prohibición. Lo hizo con inusual unanimidad. Bibiana Aído recogió el guante y se reunió este pasado jueves con los portavoces de la Comisión de Igualdad para abordar la cuestión, tres meses después de un informe del Consejo de Estado favorable a suprimir o, al menos, limitar "severamente" estos reclamos en prensa escrita, radio y televisión.

El promotor de esta ofensiva, además de la propia Aído desde su llegada a su extinto Ministerio, es el propio presidente del Gobierno. Sin embargo, dos destacados miembros del Ejecutivo discrepan sobre las formas y tiempos de hacerlo. Ramón Jáuregui es uno de ellos. El ministro anunció dos meses antes del citado documento del Consejo de Estado que no se prohibirían las ofertas de comercio sexual. Otro peso pesado, Alfredo Pérez Rubalcaba, aboga por "pactar con los periódicos la supresión". Son conscientes del impacto negativo –en términos económicos- que supondría la medida, especialmente en estos tiempos de extrema debilidad laboral en la profesión periodística.

La Declaración de Madrid es papel mojado. EL IMPARCIAL se ha puesto en contacto con Nemesio Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE), quien pone en una balanza los pros y contras. Antepone que la autorregulación que establecía este texto ha sido obviada por los responsables de los medios.

Pérdidas millonarias sin los contactos
Rodríguez señala que estos anuncios "atentan contra la dignidad de la mujer y esconden explotación sexual", así como que los soportes que los incluyen "no cumplen con la función educativa de los medios". Argumenta que estas afirmaciones se sostienen en hechos, como el destape de distintas redes que se sirven de contenidos de contactos para explotar a centenares de mujeres y con ello embolsarse cientos de miles de euros mensuales.

El vicepresidente de la FAPE, en clave económica, admite que "es complicado proceder", pero, al mismo tiempo, sostiene, "hay medios que no recurren a esto". Así es. La Razón, Público, 20 Minutos, ADN, La Voz de Asturias, El Diario de Navarra o Avui rechazan la promoción de prostitución en sus páginas.

Uno de los mayores defensores de lo contrario es Pedro J. Ramírez. "Es la poli, no los editores, quien debe averiguarlo", defendió recientemente en Twitter en relación con que haya o no delito detrás de esto. El director de El Mundo sostiene que "no se trata del dinero sino de la libertad". Este diario obtiene alrededor de cinco millones de euros anuales de esta fuente de ingresos, datos similares a los de El País y sólo la mitad de los que gana ABC. La prensa ingresa 40 millones de euros anuales en total, según la comisión parlamentaria de estudio de la prostitución.

Otra piedra en el camino de los defensores de la prohibición es la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE). Alega que no se debe suprimir publicidad de una actividad que no es ilegal y que, como defiende Pedro J. Ramírez, debe ser Interior el que determine si hay delitos de explotación tras estos anuncios y no la prensa. "Si el Gobierno entiende que deben suprimirse, debería adoptar las medidas necesarias para prohibir la prostitución", dicen desde AEDE.

Una de las claves de la aceptación de los discrepantes, con puestos de trabajo de miles de profesionales en sus manos, son contraprestaciones económicas. De hecho, el Gobierno ya ha negociado en alguna ocasión con AEDE ayudas al sector para aliviar la situación, sin éxito todavía.

España es hoy un oasis en Europa para esta publicidad. Francia la prohibió en 2003 con penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta un millón de euros. En países como Alemania o Reino Unido, la prensa considerada de calidad hace caso omiso a estos anunciantes, no así la llamada sensacionalista. En estos países, si la Policía detecta vínculos entre un anuncio y una red de explotación, el medio se hace responsable de una severa condena. Los anunciantes de prostitución conocen lo que se está cocinando en España y han trasladado buena parte de sus recursos a Internet y televisión.

En este frontón de argumentos, hay uno innegable: la caída de ingresos en los medios obligaría a prescindir de plantilla. Es lo que sostienen con fuerza unos y lo que insta a los otros a ejecutar con responsabilidad las decisiones, nunca de una sola vez y facilitando a la prensa una adecuación a la nueva normativa. Todos coinciden en que el presente es el peor momento para dar una mala noticia a las empresas informativas.