Lo que comenzó como un motín carcelario entre líderes de bandas rivales, se convirtió en un violento intercambio de balas entre los reos del penal venezolano El Rodeo I y II, y los funcionarios del Ejército de ese país, que para retomar el control de la situación han recurrido al uso indiscriminado de la fuerza militar, encendiendo la alarma entre las organizaciones humanitarias y los familiares de los presos, ante el temor de que esté ocurriendo a una masacre.
El argumento parece sacado de una famosa serie de culto de la televisión estadounidense. Sin embargo, lo ocurrido este fin de semana en una cárcel a 40 kilómetros de la ciudad Caracas (Venezuela) es una realidad que supera a la ficción. La intervención de 3.500 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 400 paracaidistas para controlar un motín en la cárcel del Rodeo I y II desvela la profunda crisis penitenciaria que sufre este país suramericano, que bate el récord de homicidios carcelarios en América Latina con una tasa de 476 en 2010, superando con creces a las de México y Brasil, que registraron 37 y 36 muertes ese mismo año.
Alrededor de 4.700 reclusos cumplen condena en un penal habilitado para albergar a tan sólo 750 presos. Las mafias internas, la corrupción policial y el tráfico de armas y drogas son el común denominador de las hacinadas cárceles venezolanas en donde la vida tiene un precio a pagar.
Lo que se inició la semana pasada como una pelea entre los capos de las prisiones, conocidos bajo las siglas de “PRAN”,- Preso, Rematado, Asesino Nato-, se ha convertido en un fuerte intercambio de balas, bombas lacrimógenas y granadas fragmentarias entre la Guardia Nacional y los reclusos del Rodeo, que este lunes alcanza su tercer día.
Aún cuando el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció que El Rodeo I está tomado y que se ha ordenado el traslado de 2.500 presos a cuatro cárceles del país, el Rodeo II no da señales de dar su brazo a torcer. Según el Gobierno, 50 reos se resisten al cerco de los militares, controlando a 1.400 presos. Líderes carcelarios no dudan en responder al Ejercito disparando las FAL, Uzis, Glocks y Berettas, que lograron entrar de contrabando en el penal.
El negocio detrás de las rejas Lo ocurrido en el Rodeo I y II pone de manifiesto no sólo los defectos del sistema judicial venezolano, en donde el 80 por ciento de la población reclusa todavía no ha sido procesada ni sentenciada, sino también la corrupción y la violencia que se vive en el interior de las cárceles de ese país, en donde los presos están armados hasta los dientes y la corrupción policial se encuentra a la orden del día.
Para el abogado especialista en Derechos Humanos y coordinador de la ONG, "Una ventana por la libertad", Carlos Nieto, detrás de las rejas se oculta “un gran negocio” que es de larga data.
En una entrevista concedida a la cadena de noticias Globovisión, Nieto señaló que los responsables de introducir las armas y las drogas a la cárcel son los funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia y la GNB, debido a que las penitenciarias son un espacio custodiado por estas instancias. "Ninguna persona llevará a la cárcel un FAL, ametralladora, granada o todas las armas que tienen ellos", apuntó.
Tales argumentos coinciden con las informaciones publicadas este domingo por el diario El Nacional, que se hace eco de las mafias que se cuecen entre los funcionarios de prisiones, guardias nacionales y los "pranes", cuyas ganancias anuales por tráfico de armas, drogas, comida o el impuesto del “terror base”,- cuota que pagan lo reos por el derecho a la vida-, pueden alcanzar los 10.860.000 bolívares al año (1.773.386 euros).
Razón por la cual, los familiares de los reclusos suelen hacer un gran esfuerzo para llevarles una media de 150 euros cada tres semanas para que estos puedan sobrevivir a las duras condiciones de las cárceles venezolanas, en donde el dinero es un aval para conservar el pellejo y gozar de ciertos privilegios.
¿Actuación desproporcionada? La zona de guerra en que se ha convertido El Rodeo y sus áreas colindantes ha abierto el debate sobre la actuación del Gobierno ante una situación como la ocurrida este fin de semana dentro de este centro penitenciario. La misma ha levantado numerosas críticas por parte algunas instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Venezolana de Prisiones o el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que han considerado desproporcionadas las acciones de la Guardia Nacional Bolivariana.
Mientras el Ministerio del Interior y Justicia habla de 22 oficiales heridos y dos muertos a causa de los enfrentamientos, los familiares y cercanos a los reclusos temen lo peor: que haya ocurrido una masacre en el interior de la cárcel a causa de la acción militar. Estos advierten de que los presos se han comunicado con ellos a través de los teléfonos móviles, advirtiendo de que la GNB les estaban disparando desde diversos puntos. Hasta el momento se desconoce el número de víctimas mortales del Rodeo I y II.
Por su parte, Tareck El Aissami, justifica las decisiones adoptadas por su ministerio ya que fueron tomadas para acabar con las mafias dentro del centro carcelario, a medida de que intenta tomar el control de una cárcel que según sus palabras, está bajo la influencia de dos "líderes negativos" que han mostrado "una actitud irracional, violenta, con rasgos sociópatas”. Asimismo indicó que conformará una comisión con diez representantes de los presos para mantener un flujo directo de información de primera mano con los parientes y así evitar, lo que califica la “manipulación” de los medios de comunicación.
Mientras tanto, las familias de los presos en medio de la angustia y la desesperación sólo les queda esperar a que el cruce de balas cese y rezar porque uno de los suyos no se encuentren envuelto en una bolsa de basura en dirección a la morgue.
