El Gobierno fija un tope de gasto para el Estado y las entidades locales

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria y fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y las entidades locales ligado a la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores, el año en curso y las previsiones de evolución para los tres años siguientes.

De esta forma, el Gobierno asume el compromiso europeo de determinar una regla de evolución del gasto público que garantice su vinculación a la propia evolución de la economía.

Además, el Gobierno ha acordado también proponer una iniciativa análoga a las comunidades autónomas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará a finales del mes de julio.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado que la nueva norma afecta al Estado y a las administraciones locales más importantes, entre las que se encuentran un total de 90 ayuntamientos y 38 diputaciones.

En concreto, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento del gasto computable de cada administración no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española.

Esta tasa se define como el crecimiento medio del PIB expresado en términos nominales durante nueve años: los cinco anteriores, el año en curso y la previsión de crecimeinto de los tres años siguientes. A esta tasa se le añade la previsión de inflación (2,75%) y con ello se fija el gasto máximo.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, la tasa de crecimiento del gasto podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando, por el contrario, se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, la tasa de crecimiento del gasto deberá disminuir en la cuantía equivalente.

En caso de incumplimiento, la administración pública responsable deberá adoptar medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto acorde con la regla establecida.

Una norma "bastante sensata"
Según Rubalcaba, se trata de una regla que limita el gasto en función de lo que crezca la economía, por lo que supone un control de la estabilidad con "tiempo". "No se trata de fijarlo año a año", ha señalado el vicepresidente primero, sino de controlar el déficit en el ciclo.

A su parecer, se trata de una norma "bastante sensata" que hará que se gaste lo que se parece que se puede gastar, de forma que si se acaba creciendo más de lo previsto permita cierto ahorro o superávit, mientras que si el resultado es negativo se puede compensar el déficit con lo ahorrado en otros ejercicios.

"Vamos a la austeridad", ha subrayado el 'número dos' del Gobierno, quien ha explicado que el Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un acuerdo por el que insta a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a proponer esta regla de gasto a las comunidades para buscar un acuerdo político en todas las administraciones.

Ayudas a las pymes
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pagará hasta 3.400 millones de euros las pymes que tengan deudas pendientes con los ayuntamientos, a los que se descontarán las facturas que pague el organismo de los ingresos a cuenta que realiza anualmente el Estado a las corporaciones locales.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, adelantó que esta medida, incluida en un amplio decreto ley que recoge las nuevas medidas sobre embargos hipotecarios y la regla de gasto para el Estado y los ayuntamientos, se trata de una idea "sencilla" y no dudó de que va a funcionar de forma satisfactoria.

El mecanismo consiste en que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente pymes de menos de 250 trabajadores, puedan recibir de modo inmediato a través del ICO el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales.

El organismo crediticio destinará recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales, generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado.

Las operaciones tendrán un límite máximo del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, es decir, unos 3.400 millones de euros.

Reforma hipotecaria
Además, el Gobierno elevó este viernes el valor mínimo por el que pueden adjudicarse los inmuebles subastados del 50 al 60 % del precio de tasación, y bajó del 30 al 20 % el depósito previo necesario para participar en una subasta, con el objeto de facilitar el acceso de más potenciales compradores.

"Nadie podrá quedarse con la casa de nadie por menos del 60 % de su valor", explicó, tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Además, se incrementó la cuantía de los ingresos inembargables cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, queda todavía un saldo vivo de deuda.

Ambas medidas se incluyen en un decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros para dar cumplimiento a las resoluciones aprobadas en el debate sobre el estado de la nación, y que incluye otra serie de medidas destinadas a impulsar la actividad económica y controlar el gasto en las comunidades autónomas.

La resolución pactada por PSOE, PP y CiU y apoyada por el resto de los grupos parlamentarios para proteger a los afectados por ejecuciones hipotecarias, establece un techo de sueldo no embargable.

Si hasta ahora la cuantía se limitaba al salario mínimo interprofesional (SMI), más un 10 % en el caso de estos deudores, ahora esa cuantía se elevará hasta el 150 % del SMI, es decir, de poco más de 700 euros hasta 960 euros.

Además, si existen otros familiares (miembros de la familia nuclear) sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30 % adicional por cada uno de esos familiares.

Así, quien tenga a cargo dos miembros de su familia nuclear sin ingresos propios verá elevado el límite de inembargabilidad hasta 1.350 euros.

En segundo lugar, se adoptan dos reformas para garantizar que la subasta del bien hipotecado "no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien".

En primer lugar, se facilita el acceso de más compradores a esa subasta, mediante la disminución de la cuantía del depósito previo; y, en segundo lugar, se eleva el límite mínimo por el que el acreedor puede adjudicarse el bien del 50 % actual al 60 %, y se elimina la posibilidad de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien, incluso por debajo de esos límites.

También con el objetivo de aumentar el número potencial de participantes en las subastas, el texto pide acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de internet.

Según el Gobierno, se trata de medidas que vienen a apoyar a quienes se encuentran en una situación más difícil, "sin cuestionar la solvencia y fiabilidad de nuestro sistema hipotecario" y que, además, "distinguen adecuadamente entre la situación subjetiva de los deudores, aplicándose a quienes se encuentran en posiciones de necesidad".