Austeridad pública

Una de las reivindicaciones del Movimiento 15-M compartida por la mayoría de los ciudadanos, según las encuestas que se han publicado durante estas últimas semanas, es la de que los servicios públicos tienen que ser gestionados con la máxima austeridad. Estoy totalmente de acuerdo y algunos casos aparecidos en la prensa en fechas recientes son realmente escandalosos, y más en estos tiempos en los que la crisis económica golpea a muchas familias. No obstante, conviene no hacer demagogia sobre aspectos importantes de la vida política y, en términos morales, no creo que la mayoría de los políticos sean peores que la mayoría de los ciudadanos. En España, como en otros países, hay mucho especialista “en el vicio al alcance de la mano”, por decirlo con don Antonio Machado, que fue siempre muy austero.

La lucha para que los representantes públicos pudieran tener una retribución que les permitiese dedicarse de lleno a la política fue una de las claves en la democratización de los regímenes liberales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los militantes de los partidos obreros y de aquellos otros que dirigían su mensaje a la naciente clase media difícilmente podían dedicarse a la política si dejaban de ingresar un sueldo y se veían obligados a abandonar su trabajo habitual. Así que para construir una sociedad que de verdad garantizase la igualdad de oportunidades desde el punto de vista de los derechos políticos –especialmente del derecho al sufragio pasivo, es decir, a ser elegido representante de los ciudadanos–, se fueron aprobando en todos los países gratificaciones por el desempeño de cargos públicos.

En España, la autonomía del Gobierno central, de las comunidades autónomas, de las diputaciones provinciales, de los ayuntamientos, de las empresas dependientes de todas estas administraciones a la hora de fijar los salarios de los cargos públicos, asesores y directivos lleva a incongruencias como que un alcalde de pueblo cobre más que el presidente del Gobierno. En estos últimos días, hemos sabido que el nuevo alcalde de Mollet, Josep Monràs, estaba insatisfecho con los 59.000 euros que le correspondían de sueldo, y se lo quería subir. Muchos funcionarios públicos, como médicos y catedráticos universitarios, no ganan tanto al año, pero a mí no me extraña la indignación del alcalde –que creo que estuvo a punto de irse a la Plaza de Cataluña– porque como diputado provincial encargado de deportes de la Diputación de Barcelona se embolsaba antes entre 83.000 y 98.000 euros al año, según la información que publicó hace unos días la agencia EFE.

También nos hemos enterado de que todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid tenían coche y chófer pagados con los impuestos de los madrileños a pesar de que Gallardón no se cansa de promover el transporte público, por lo visto sin mucho éxito entre sus propios compañeros.

Y, ahora, a pesar de que Felipe González recomendó hace meses que no era momento para discusiones internas dentro del PSOE sino para que las filas estuviesen prietas, muchos han empezado a ver las orejas al lobo, y para evitar darle disgustos a Valeriano Gómez incrementando las listas del paro, han pedido a Zapatero que les busque trabajo fuera, eso sí, bien remunerado. Bibiana Aído y Bernardino León, por ejemplo, han encontrado en Moncloa la agencia de colocación que desearían para sí más de cuatro millones de españoles. En todas partes cuecen habas, porque Dolores de Cospedal se aferra al cargo de secretaria general de su partido, que se financia fundamentalmente con dinero público, a pesar de que debe tener un volumen de trabajo inmenso como presidenta de Castilla-La Macha.

Los salarios de los políticos tienen que estar a la altura de la dignidad del puesto que ocupan y también es razonable que haya unos gastos de representación. Mucha gente se alarma al escuchar los sueldos que cobran los políticos, pero no son conscientes de que donde de verdad se va el dinero público es en esos gastos de representación y en las dietas por asistencia a consejos de administración, etc.

Los partidos tendrían que hacer un esfuerzo de transparencia y de austeridad, pues si bien es cierto que las cuentas son públicas y son fiscalizadas, no es fácil para el ciudadano acceder a esa información y, en definitiva, se trata de la gestión de su dinero. Algunas medidas tendrían un efecto ejemplarizante. Por ejemplo: que se llegase al acuerdo de poner límites estrictos a los sueldos y gastos de representación de los alcaldes y concejales en función de la población del municipio, o que se restringiesen los gastos de representación –incluido el uso de coches oficiales– al mínimo necesario, o que se publicase en una web el listado de sueldos públicos y otros gastos de representación y dietas de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Gobierno central, entes públicos y empresas públicas.