Los funcionarios de Justicia rechazan en referéndum la oferta de Bermejo

Los sindicatos convocantes de la huelga, que desde el pasado 4 de febrero mantienen los trabajadores dependientes del Ministerio de Justicia en el ámbito no transferido, ya adelantaron en la mediodía del miércoles, que el 'no' se impondrá en el referéndum que se se ha celebrado para decidir sobre el borrador presentado en la madrugada del lunes por el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo. El rechazo abrumador de la mayoría de los funcionarios confirman todos los presagios. El 88 por ciento de los afectados, trabajadores de las siete comunidades autónomas, le han dicho no a Bermejo y a su oferta.

Los representantes sindicales de CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ convocaron una rueda de prensa para hacer públicos los primeros datos de esta jornada electoral, en la que a las 13:00 horas ya había votado más del 75 por ciento de los 9.500 trabajadores llamados a participar.

Según informaron, en algunas provincias en las que ya ha concluido la votación se ha impuesto "claramente el 'no' a la propuesta de Bermejo y claramento el 'sí' a continuar con la huelga", según anunció la portavoz de UGT, Ana García. Se trata de Burgos, Segovia, Toledo, Cuenca, La Rioja y en la ciudad de Cartagena.

En los órganos centrales de Madrid, como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, están llamado a votar un total de 1.200 funcionarios de los cuales, a las 14:00 ya había votado, un 72 por ciento del censo, informaron las mismas fuentes.

Un documento que buscaba el fin de la huelga
El Ministerio de Justicia y los sindicatos convocantes de la huelga firmaron en la madrugada del martes un documento para buscar una salida al conflicto. Justicia propuso un incremento mensual de 140 euros, que en abril de 2009 se aumentaría hasta los 180 euros.

Los sindicatos han calificado la oferta de "insuficiente", aunque han admitido que mejora las anteriores. Por ello, han decidido someterla a un referéndum cuyo resultado será vinculante.

Los paros han supuesto la suspensión de miles de actos judiciales y la práctica paralización de órganos como la Audiencia Nacional.