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Por supuestos nexos con las FARC

Colombia mantiene la sanción contra la ex senadora Piedad Córdoba

martes 12 de julio de 2011, 09:28h
El Consejo de Estado de Colombia mantiene la sanción impuesta contra la ex senadora, Piedad Córdoba por tener supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC. Córdoba esperaba que dicho órgano anulara la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien la inhabilitó políticamente por 18 años.
El Consejo de Estado de Colombia ha rechazado suspender temporalmente la aplicación de la sanción impuesta a la ex senadora Piedad Córdoba, destituida e inhabilitada para los próximos 18 años, por sus presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los magistrados pertenecientes a este órgano han decidido mantener la sanción contra la ex legisladora hasta que se pronuncien definitivamente sobre la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien dictó la medida punitiva.

Córdoba no solo pretendía que el Consejo de Estado suspendiera la decisión de Ordóñez, sino que además había exigido que se le pagara el dinero equivalente a los sueldos que dejó de percibir al comenzar a aplicarse la sanción.

Por su parte, en una entrevista en Caracol Radio, Ordóñez ha reiterado que su decisión está suficientemente fundamentada, ya que cuenta con pruebas de que la ex senadora orquestó la defensa judicial de los guerrilleros conocidos como 'Simón Trinidad' y 'Sonia'.

Además, habría recomendado a las FARC que no liberaran a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien finalmente fue rescatada por el Ejército en la 'Operación Jaque', y que no entregaran vídeos como pruebas de vida de los secuestrados, solamente audios y fotografías.

También habría solicitado información a la guerrilla sobre el estado de varios de sus rehenes que posteriormente habría entregado al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para que la utilizara como arma electoral.

El pasado mes de octubre, Ordóñez ordenó la destitución e inhabilitación de la entonces senadora por su supuesta relación con las FARC, basándose en los documentos encontrados en los ordenadores decomisados en el campamento donde murió el 'ex número dos' de esa guerrilla 'Raúl Reyes' en marzo de 2008.

Hasta el momento, Córdoba ha servido de mediadora de las FARC para la liberación de 19 políticos y uniformados --policías y militares-- que han sido puestos en libertad en diferentes operativos humanitarios realizados desde 2008, algunos de ellos con el apoyo de Chávez.

¿La guerrilla al servicio de las "bacrim"?

Entre tanto, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) podrían haber pactado una alianza con las bandas criminales --conocidas como bacrim-- en el departamento de Antioquia (norte), de acuerdo con conversaciones decodificadas y otras pruebas que tienen en su poder organismos de Inteligencia.

Las bacrim son consideradas como la nueva amenaza a la seguridad de Colombia. Algunas versiones apuntan que son las sucesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo del que se desmovilizaron unos 32.000 paramilitares de extrema derecha en el marco de un proceso de paz que tuvo lugar entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Las fuerzas de seguridad atribuyen a las bacrim catorce de las veinte masacres que se registraron en Colombia durante 2010. Según datos oficiales, estas organizaciones criminales mantienen una fuerte actividad en más de 152 municipios, aunque no se descarta que se hayan podido infiltrar en muchas más ciudades.

Fuentes de inteligencia de la Policía indicaron que tanto la banda Los Urabeños como Los Rastrojos "tienen alianzas con el ELN y su estructura conocida como el área de guerra Darío de Jesús Ramírez Castro, con el Frente 4 y la Unidad Centro de las FARC", ya que "están económicamente muy fortalecidos".

Las investigaciones apuntan a que tanto "guerrilla como bandas criminales convergen en sus regiones y en sus actividades ilícitas". En algunos casos, cobran extorsiones para no atacar máquinas industriales de entre "tres a cinco millones de pesos (entre 1.211 y 2.020 euros)", monto que se paga "al grupo que esté en la zona", aunque a veces el propietario debe responder a ambas organizaciones.

Según fuentes de Inteligencia militar, tanto las bacrim como las guerrillas tienen alianzas relacionadas con el narcotráfico "sobre todo para la compra de la base de cocaína". La guerrilla "compra a los campesinos la coca a un precio, aparte les cobran impuestos por dejarlos trabajar, y ellos le venden a la bacrim a otro precio".

El coronel José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía de Antioquia, señaló que las bandas criminales se ubican en áreas que pueden aprovechar económicamente. "Son zonas estratégicas geográficamente, con relación a la minería, además tienen vías de acceso para el tráfico de estupefacientes y de insumos", explicó.